Que, presuntamente, muera María Gómez Valbuena, alias sor María, y cunda la duda sobre la veracidad de la noticia da una idea del grado de descreimiento al que nos han llevado en este país. Sor María, principal imputada en la causa de los bebés robados, no fue a declarar el pasado 18 de enero por problemas de salud, según su abogado, y eso fue lo último que supimos de ella. Unos días más tarde, las monjitas de la Caridad anunciaron que estaba muerta y enterrada, y, entre sobres con la paga B, duques empalmados, fotos falsas en primera plana y columnistas de palo, lo primero que surgió fue la sospecha: qué casualidad que haya ido a morir justo ahora.
Así que comprobamos que somos un país en el que a pocos les extrañaría que María Gómez Valbuena (sor María, la caritativa que, presuntamente, robaba sus hijos a las solteras y a las adúlteras, la caritativa que, presuntamente, mentía a las madres diciéndoles que habían muerto sus bebés recién nacidos) no hubiera ido al infierno sino que hubiera sido trasladada a otro convento, a una clase de celda que no es la que merece quien, presuntamente, hace algo así; a una clase de clausura que no es, precisamente, voluntaria. Cómo nos va a extrañar, acostumbrados como estamos a los más oscuros sótanos del Vaticano; a esta corte borgiana (de Borgia, no de Borges) donde caben toda clase de crímenes; a este mundo al revés al que el poeta José Agustín Goytisolo puso un espejo casi naif: “Érase una vez / un lobito bueno / al que maltrataban / todos los corderos. / Y había también / un príncipe malo, / una bruja hermosa / y un pirata honrado. / Todas esas cosas / había una vez / cuando yo soñaba / un mundo al revés”.
Que haya muerto María Gómez Valbuena, alias sor María, es un jarro de agua fría sobre las esperanzas de las familias afectadas por sus delitos, aunque SOS Bebés Robados ya ha anunciado que seguirá adelante para desmontar el entramado que, están seguros, había detrás de la caritativa, y sobre el que se habrían sostenido sus robos; un entramado que sería un cruel negocio (los padres adoptivos pagaban por recibir niños) basado en el dolor ajeno. Habría ambición económica, pero no solo: también un modelo moral que despreciaba al máximo (hasta robar a sus bebés) a las mujeres que tenían hijos solas, solteras o fuera del matrimonio. Y ese modelo es el que sigue defendiendo la Conferencia Episcopal, el que sigue defendiendo un Rouco Varela que alerta contra la destrucción de la familia y, en el colmo del intervencionismo más oscurantista y retrógrado, veta a los ponentes de las jornadas de Escuelas Católicas, es decir, a la la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA). El modelo que sigue defendiendo la caverna conservadora y católica que llevó al Tribunal Constitucional la reforma de la ley del matrimonio, que permite en nuestro país que se casen personas del mismo sexo y puedan formar una familia. El modelo que defiende también el Papa de Roma, como demostró en su discurso navideño a los cardenales, en el que calificó estos matrimonios como un atentado a la familia.
La diferencia entre nuestro Estado aconfesional y otros Estados es que en Holanda, por ejemplo, ese discurso homófobo ha provocado que miles de católicos se hayan desvinculado de la iglesia. Se desvinculan de verdad, no de boquilla, quizá porque su conciencia ciudadana está más desarrollada que la nuestra, y lo hacen a través de una página (www.ontdopen.nl) que gestiona las apostasías. No son los únicos que han reaccionado ante escándalos de esta institución tan familiar, escándalos que incluyen el encubrimiento de sus abusos sexuales, sufridos por miles de niños, y la discriminación sistemática de mujeres y homosexuales: miles de católicos y no católicos de otros países han secundado la propuesta holandesa (según se cuenta en www.dosmanzanas.com, en Argentina el lema es: “Respeto tus creencias, pero pagátelas vos”). Desvincularse, es decir, apostatar, significa que dejas de formar parte de sus estadísticas, que ya no puedan contarte como uno de ellos para hacer presión política a los gobiernos de los que viven en los Estados a los que secularmente roban.
Roban, sí. Bebes, presuntamente. Vidas. Libertad. Amor diverso. Pero también dinero. Ante todo, dinero. En España sus privilegios son los de una empresa que no tiene la obligación de pagar impuestos. El Gobierno decidió que la Iglesia no pagara el IBI por sus propiedades inmobiliarias, lo que podría suponer unos ingresos de 2.500 millones de euros. Casi nada. Ni siquiera hay aún un censo de tales propiedades. Tanto el PSOE como el PP han ido permitiendo estos privilegios, refrendados por la Ley de Mecenazgo y por las exenciones fiscales a entidades sin fines lucrativos, es decir las ONG, entre las que se (auto)inscribe la Iglesia. Una ONG como las del duque. Por suerte, parece que va triunfando la razón y esta semana la buena noticia de nuestra hoja parroquial es que un alcalde ha logrado que la justicia obligue a la Iglesia a pagar el IBI en Allariz, Ourense, pues no ha podido probar que sea una entidad sin ánimo de lucro, como pretendía el obispado. Teniendo en cuenta que la Iglesia es la mayor propietaria de bienes inmuebles del Estado español, desfachatez no falta a los obispos.
El alcalde de Allariz, Francisco García, del BNG, considera que la medida crea un precedente. Ojalá se sumen muchos otros ayuntamientos. Hasta en Italia se ha exigido a la Iglesia el pago de impuestos. Aquí, sin embargo, los servicios públicos, recortados; las familias (las suyas y las de los demás), asfixiadas; los pequeños y medianos empresarios, ahogados. Pero la Iglesia católica, homófoba y misógina, subvencionada. ¿Qué clase de justicia es esa? Será la divina porque la humana, desde luego, no. Y los políticos, untados. Y los duques, empalmados. Y las fotos, falsas. Y las firmas, también. Así no hay quien se crea nada. Ni siquiera que haya muerto María Gómez Valbuena, alias sor María.