El juez Juan Carlos Peinado es, por la autoridad que le confiere su cargo, de los que pueden hacer y hacen. El martes pasado, en la recta final de la campaña de las elecciones europeas, citó a declarar a Begoña Gómez para el 5 de julio próximo dentro del caso de supuesta corrupción privada y tráfico de influencias que investiga a partir de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Pudo esperar perfectamente hasta después del 9J para dictar el auto y evitar cualquier interferencia indeseada en los comicios, pero, por lo visto, tenía tanta prisa por airear su decisión que ni siquiera esperó a escuchar a los testigos, algo que hasta ese momento él mismo consideraba imprescindible “para evitar una estigmatización infundada” de la acusada, tal como cuenta Ignacio Escolar en este análisis sobre las singularidades de la investigación judicial.
Pero hay algo más: salvo que exista un juez homónimo trabajando en un juzgado 41 bis de la Plaza de Castilla de Madrid, estamos hablando del mismo juez Peinado que hace cuatro años rechazó citar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un caso de presunta prevaricación por el cierre de los parques durante la pandemia, argumentando, entre otras cosas, que en ocasiones los denunciantes tienen como propósito prioritario que los medios publiquen imágenes del acusado en sede judicial, lo que castiga a este con una “estigmatización adicional”.
El caso de Almeida, que hoy publica oportunamente este diario, es distinto al de la esposa del presidente del Gobierno, pero la principal diferencia no estriba tanto en el contenido de las respectivas denuncias como en la actitud del juez ante las mismas. Al alcalde madrileño no lo citó a declarar pese a considerar su defensa como “una exposición que parece obtenida de cualquier manual de Derecho Penal básico, dirigido a estudiantes de los primeros cursos de derecho”. ¿Qué lo llevó a librar a Almeida de la citación? Lo explicó en su auto: la estigmatización que puede sufrir un personaje público ante una acusación débilmente fundada cuyo objetivo tiene visos de ser el sometimiento del acusado a una humillante peregrinación por los juzgados. Más allá de que se comparta o no ese criterio, lo llamativo es que no lo ha aplicado en el caso de Begoña Gómez. Por más que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado días atrás –con límites– la continuación de la investigación, es incuestionable que la mujer del presidente fue citada a partir de una acusación inicial endeble basada en recortes de prensa y bulos, en contra del criterio del fiscal y pese a que la Unidad Central Operativa no ha detectado indicios delictivos, sin que en esta ocasión parezcan preocuparle al juez ni el propósito del denunciante ni la estigmatización de la acusada. La cosa no para ahí: según publica El Confidencial, el juez Peinado ha abierto una segunda línea de investigación para indagar si existen indicios de irregularidades en varios contratos públicos atribuidos a Juan Carlos Barrabés, empresario tecnológico a cuya UTE apoyó Begoña Gómez con una carta de recomendación similar a las que mandaron una treintena de entidades públicas y privadas en una licitación del Ministerio de Economía. Entre ellas figuraba una de la responsable de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, según reveló en su momento El Plural. Dichas cartas tenían un peso mínimo en la puntuación de las ofertas. Esta nueva vía de investigación tiene todas las trazas de ser prospectiva (en términos coloquiales: tirar el anzuelo a ver qué sale), como la que abrió en su momento el juez García Castellón contra Podemos y que le valió una dura reprimenda de la Sala Segunda Penal de la Audiencia y la orden de archivar la causa.
Como era de esperar, la decisión del juez Peinado ha agitado el ambiente político a cinco días de las elecciones europeas. Son las últimas elecciones previstas en el horizonte de los próximos dos años en España y el PP con su artillería mediática se está empleando a fondo para convertirlas en un plebiscito contra el Gobierno. Hace más de una década, la jueza Mercedes Alaya citó a declarar al entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de IU, por el caso Mercasevilla a solo dos días de las elecciones municipales. Es probable que aquella citación contribuyera en alguna medida a que el PP ganase por primera vez la alcaldía de la capital andaluza. Qué más da que Torrijos fuera exonerado años después de todas las acusaciones tras un calvario judicial. Ahora no está en juego la Moncloa, pero Feijóo cree que sí. Que estas son unas elecciones generales. A fin de cuentas, Europa queda demasiado lejos para los políticos frívolos e ignorantes de la historia de un continente que se juega su alma el próximo domingo. Feijóo ya ha pedido, cómo no, la dimisión de Sánchez tras la citación judicial a su mujer. Hace diez años decía otra cosa cuando defendía a capa y espada a una dirigente del PP gallego imputada por supuesto amañamiento de un contrato público: “Ni un sumario es una sentencia, ni una imputación es una condena”. Al igual que el juez Peinado, Feijóo tiene una reacción para cada caso. Y a diferencia del juez, la motivación del líder del PP no admite especulaciones: el temor a un futuro incierto y tal vez sombrío si el PSOE resultara el partido más votado el 9J.