Lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le proporciona hacerlas
Algunas cosas hay que contarlas porque plasman un daguerrotipo, ora dramático ora ridículo. A cada cual, elegir. Son síntoma y señal; plasmación del choque violento entre los que están dentro y los que la política democrática trae desde fuera.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha impedido que el secretario de Estado de Justicia celebre un acto en el hall del edificio, propiedad por otra parte del Ministerio. Impedido, ellos lo dicen. Ahí es nada. Inédito por nunca visto. La hermosa berrea del ciervo astado se desarrolla en otoño, pero nunca es tarde para verla en todo su esplendor en plena primavera. Los jueces marcando el territorio ¿al Gobierno socialista?, ¿a una torpeza protocolaria?, ¿por incompatibilidad de caracteres? Suenan las astas, no lo duden.
Iba el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, a viajar el martes a Murcia –comunidad que no tiene competencias en Justicia y es ‘territorio ministerio’– a realizar diversos actos entre los que se contaba presentar la inversión de 27 millones de euros para la rehabilitación del edificio en el que tienen sede tanto el TSJM como la Audiencia. Así que desde Protocolo de Justicia se remitió un desafortunado correo electrónico en el que se invitaba al acto al presidente del TSJM y a otros magistrados de una forma digamos desangelada y no del todo adecuada, sin que mediara, según dicen, conversación previa con el secretario de Estado para pactar calendario. Parece ser que llamó alguien, tipo directora general. Anatema. Presidencial indignación. A Miguel Alfonso Pasqual de Riquelme le hierve la sangre. ¡Cómo que el tal secretario de Estado no le comunica en persona lo que tiene pensado y lo pacta antes con él! ¡Cómo que le cita en el hall de su propio edificio mediante un mail!
Allá que se remanga la toga el presidente Riquelme –por abreviar tan prolijo apellido– y convoca ni más ni menos que una reunión extraordinaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para “darle conocimiento”, de la invitación, y del cabreo, se supone. Y es en esa reunión en la que por unanimidad deciden los jueces integrantes impedirle al secretario de Estado –una suerte de viceministro en realidad– que lleve a cabo su osadía en el edificio judicial. En dos prolijos folios de acuerdo despliegan los magistrados una variada suerte de despropósitos que no entienden muchos de sus colegas si no es justificándolos por el orgullo judicial herido. Dicen que no le van a permitir entrar velando por la “preservación de la neutralidad de las sedes judiciales”. Un concepto indeterminado que se sacan de la manga. Créanme que en las comunidades autónomas transferidas, día sí y día también, consejeros de Justicia y presidentes inauguran y presentan con toda normalidad sin que la citada “neutralidad” parezca verse afectada. “Son cosas que se manejan con consenso y naturalidad, con buenas relaciones”, me cuentan de otras presidencias y yo misma sé, puesto que he trabajado codo con codo con un presidente de TSJ en estas lides protocolarias.
Parece deducirse del texto acordado, o esa es la excusa, que lo que indigna a los jueces murcianos y a su presidente es que la presentación vaya a realizarse muy cerca de unas elecciones locales. Tranquilos, el consejero madrileño va a presentar la nueva sede de Valdemoro a un día de la convocatoria oficial y la propia Ayuso inauguró las obras de ese edificio tres meses antes de las elecciones de 2021. Y así por todas partes. No hagan drama, que a fin de cuentas la Justicia nunca ha dado ni un voto, por eso precisamente la ningunean todos los partidos y vive en la famélica desidia que todos conocemos.
En medio del ataque de cuernos de estos jueces murcianos, sucede que intentan armar de contenido jurídico su cabreo. Así que se remiten al artículo 4, letra ñ, del Reglamento de 2020 de Órganos de Gobierno de los Tribunales para determinar que sólo una autorización de la Sala de Gobierno permite utilizar un edificio judicial para otros menesteres. Lástima que sea consenso entre los expertos que ese artículo está previsto para peticiones externas como grabación de películas en sede judicial, cesión de salones o dependencias para actos académicos o jurídicos, etc. No hay un solo antecedente en el que se haya usado tal artículo para prohibir a un consejero autonómico o a un alto cargo de Justicia entrar en un edificio a efectuar un acto. Es más, otros presidentes de TSJ consideran que tal cosa ni siquiera es competencia de una Sala de Gobierno.
¿Por qué lo hacen? En el mundo judicial unos creen que por la refriega de orgullos y otros que porque en una comunidad de raigambre conservadora, no quieren darle ni agua a un ministerio socialista, representado por un tipo que además no les hace mucho el rendibú. Nunca en la historia se lo han hecho a un cargo del PP, así que no podemos afirmar si estamos ante el Partido Judicial cabalgando de nuevo o simplemente ante la soberbia de las togas. Algo nos despejará si, como se rumorea, algún otro TSJ sale con el mismo artículo referido al mismo secretario de Estado que, dicho sea de paso, puede que esté llevando demasiado lejos lo de darles del frasco carrasco.
Más enloquecida aún es la parte del acuerdo que “pide amparo” al CGPJ. Ahí sí que derrapan y se pasan de frenada, porque ellos deben saber como yo que el amparo sólo lo puede pedir un juez cuando vea perturbada su independencia, en ejercicio de la jurisdicción, por acciones externas. Resulta muy extraño que el presidente Riquelme caiga en estas cosas, dado que el propio Tribunal Constitucional dijo de él: “permite atribuir al Sr. Pasqual de Riquelme un conocimiento intenso del Derecho Orgánico Judicial y su aplicación práctica”. No lo ha demostrado mucho. Y es que la designación de Riquelme por los vocales conservadores del CGPJ tuvo mucha miga y hasta votos particulares, porque se pretirió a una mujer, la magistrada Pilar Alonso, con más de mil puestos por encima en el escalafón y una trayectoria en órganos colegiados que él no tenía. Tal vez, les digo, si ésta hubiera ganado la batalla judicial que emprendió por la injusticia del movimiento hoy no habría berrea en Murcia. A saber.
Pongan cuidado. Unos con el protocolo –que tratar a jueces es terreno de lesa pompa y circunstancia– y otros con la utilización espuria de los artículos, los reglamentos y las instituciones para ponerle las peras al cuarto al gobierno.
La berrea yo prefiero observarla en El Pardo. Una belleza.