Imaginen un triángulo. La calidad de su jubilación o la de su atención hospitalaria están dentro, puesto que vamos a situar en su interior al Estado de Bienestar. Como en todo triángulo, tanto la forma como la estabilidad son brindadas por sus tres vértices. El primero es el de los derechos, fijados en la Constitución y el código legislativo. El segundo vértice correspondería al sistema impositivo, encargado de aportar los recursos económicos necesarios. Por último, el vértice restante recaería sobre el Aparato del Estado, una gran estructura conformada por personas, reglas, instalaciones y herramientas que serían las encargadas de ejecutar esos derechos. Como es de esperar, la forma de este triángulo imaginario no es estática puesto que la salud o situación concreta de cada uno de sus vértices influye y modifica la composición de su forma final. El Estado de Bienestar ideal sólo funciona cuando el triángulo es equilátero, es decir, cuando sus tres vértices están equilibrados y se da la armonía entre ellos ¿Cómo imagina usted el triángulo actual de nuestro Estado de Bienestar? Desde luego, no sería una figura equidistante. Y me temo que conforme pasa el tiempo nuestro triángulo va siendo cada vez más y más desigual.
Con la llegada de la democracia a España, la Constitución del 78 amplió de manera expansiva los derechos de toda la ciudadanía. Con una clara influencia europea, el Título I de Derechos y Deberes es aun, por su ambición, motivo de sorpresa para muchos primeros lectores: el Estado debe garantizar el acceso a la educación y a la salud, pero también a la vivienda o al trabajo, entre otros. El vértice superior de nuestro triángulo es también el más estable por el complejo mecanismo de reforma constitucional, pero, la pregunta importante aquí es: ¿estos derechos se están asegurando hoy? ¿Está el Estado cumpliendo con lo que está garantizado por ley? La respuesta es no.
Sin embargo, el motivo del “no” se encuentra en los dos vértices restantes del triángulo. En primer lugar, el sistema impositivo, encargado de nutrir de recursos económicos al Estado de Bienestar, está inmerso en una crisis existencial. Durante todo el siglo XX la mayor parte de la economía se desarrollaba de manera analógica. Una fábrica de bebidas gaseosas producía y embotellaba sus productos en Valencia, botellas que eran distribuidas por una tercera empresa y vendidas por los bares y restaurantes de Albacete. Toda la cadena de valor tenía una sucesión lógica, territorial, lineal y fácilmente controlable en base a inversión y capital.
Hoy en día y con la consolidación de la economía de los intangibles, ésta dinámica se ha triturado dando paso a la siguiente paradoja: el capitalismo actual funciona hoy sin capital alguno -Uber no posee ni un solo coche, o AirbandB ni una sola propiedad-; un formato en el que doscientas personas en una oficina desde Singapur pueden facturar 1.000 veces más en España que la tradicional fábrica de bebidas valenciana y, además, sus activos valer millones de veces más, a pesar de que estos no se pueden ver, ni tocar, puesto que no son fábricas, ni camiones, sino data y algoritmos -capital intangible-. El valor de la economía es hoy gaseoso y escapa entre las piezas de un sistema impositivo que fue diseñado para lo fungible, lo físico, lo sólido. Está por ver el resultado final del acuerdo en la OCDE para establecer un tipo mínimo global del 15% para las multinacionales, pero en cualquier caso es necesaria una gran reforma impositiva que redefina el concepto mismo de valor que se anota en la base grabable a las empresas. Sencillamente, no es de recibo que una corporación como Apple, que tiene una valoración bursátil similar al PIB de Bélgica y un volumen de negocio en España de unos 400 millones de euros, deje en impuesto de sociedades algo más de un millón de euros -2019- y que lo haga, por supuesto, conforme a la ley.
Finalmente, el Aparato del Estado. Durante el siglo XX, el modo de expandir la figura y protección del Estado a la totalidad de la población se basó en la estandarización de las interacciones con el ciudadano, con el fin de hacerlas escalables. El mejor ejemplo que visualiza este punto es el de la escuela pública moderna, un sistema capaz de interaccionar con millones de niños y niñas en simultáneo mediante temarios, ejercicios y exámenes idénticos en cualquier confín del territorio. El Estado encontró en el sistema fordiano su mecanismo de expansión eficaz y replicó este modelo en prácticamente todas las interacciones que tenía con el ciudadano a lo largo de su vida.
Pero hoy en día este sistema es percibido como un modelo de bajo valor añadido por parte de la ciudadanía. Las sociedades son hoy mucho más complejas que hace un siglo, las personas han sofisticado su identidad, sus expectativas y sus exigencias, que suelen pasar por la capacidad de personalización de los servicios y atenciones que reciben. Fulanito necesita hoy -mejor dicho, ahora- una solución ajustada a él mismo, con su peculiar manera de vivir la vida, de consumir y de entender el mundo. La pregunta aquí es, ¿está el Estado actualmente preparado para satisfacer a Fulanito? “De baja calidad” es ya la primera percepción por una gran parte de la sociedad española cuando es preguntada sobre la educación pública, y esta respuesta aumenta cada año desde 2010. En materia sanitaria, 1 de cada 4 personas en España complementan la sanidad pública con un seguro privado de pago mensual, como si la pública no supusiera ya un pago en sí dentro de nuestras nóminas.
Pese a la calidad de profesionales que tenemos -y el mejor ejemplo estos días es el sanitario- el Estado se encuentra en una gran crisis de servicio y de medios que precisa resolver de manera decidida. Y necesita hacerlo rápido, ya que la solución que proponen algunos partidos con posibilidad de gobierno es la venta de la gestión del Estado de Bienestar al sector privado, una estrategia que, como se ha demostrado en infinitas ocasiones, genera un deterioro en la atención y la calidad de los servicios. Es normal. La razón de constituir una S.L es la de ganar dinero, no es la de expandir derechos. Para las empresas, no existen beneficiarios, sino clientes. Y su cliente no sería la ciudadanía, sino la Administración. Si además metemos en la ecuación las variables de las puertas giratorias, un juego político en el que las responsabilidades directas se diluyen y, sobre todo, que la pérdida de calidad del servicio público que estas empresas operan está directamente relacionada con el aumento de su propia cuota de mercado futura en esas mismas soluciones brindadas desde su parte privada, obtenemos una trampa perfecta que en realidad tiene sencilla solución: apartar definitivamente la gestión privada de los servicios públicos.
Pero esto no quiere decir que toda influencia desde lo privado sea negativa. El sector público debe copiar sin complejo alguno todo aquello que pudiera aportar en su misión de brindar el mejor Estado de Bienestar posible. Un futuro en el que Fulanito valore con un 10 la atención recibida y pase de criticar a defender los servicios públicos, necesariamente implica un cambio de perspectiva: pasar de la “atención al público” a un “enfoque usuario”, poner al individuo en el centro y redefinir su experiencia por completo mediante un alto nivel de personalización en su atención, una visión centrada en el bienestar interior y a la vida en comunidad. Hace 30 años esto habría sido imposible por la ingente cantidad de recursos que hubiera implicado en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc., pero hoy día y gracias a la tecnología esta perspectiva bien podría comenzar a ser una realidad. La automatización de procesos complejos que hoy son casi manuales, reduciendo tiempos y esperas, así como la acumulación y uso posterior de todos esos datos automatizados, a partir de capas de inteligencia artificial que permitan segmentar, prever, planificar anticipadamente y, finalmente, personalizar, es sólo una de las muchas mejoras tecnológicas al alcance.
Los Fondos de Recuperación asignan 4.239 millones de euros para la modernización de las administraciones públicas, unos fondos que deben pasar por transferir a gran escala innovación y digitalización a los servicios públicos. En este sentido, la mejor manera de defender un Estado de Bienestar de gestión íntegramente pública pasa por aprovechar herramientas tecnológicas ya validadas en el sector privado e incorporar culturalmente lo que éste mejor sabe hacer: innovar constantemente para alcanzar el bienestar de un individuo que se encuentra hoy en permanente cambio; no sólo con el fin de potenciar el Estado de Bienestar, sino para competir y ganar en servicio y calidad a la oferta privada. No hay mejor vía de alcanzar una sociedad igualitaria y meritocrática.
Imaginen un triángulo. Sus vértices están equilibrados conformando un triángulo equilátero que en el centro ya no tiene el Estado de Bienestar ideal, sino el bienestar mismo del ciudadano/a.