Gracias al trabajo invisible y en condiciones precarias que realizan alrededor de un millón de mujeres en España, muchas otras mujeres y sus familias pueden/podemos afrontar el día a día con una calidad de vida muy distinta a la que tendrían/tendríamos sin el trabajo doméstico y de cuidados que realizan “las empleadas del hogar”.
En España, son las únicas trabajadoras (pues son en su mayoría son mujeres) cuyo contrato de trabajo no cotiza por desempleo y, por lo tanto, no tienen derecho a paro. Esto se agrava por el hecho de que pueden ser despedidas libremente sin que se exija alegar causa objetiva ninguna. Cuando su trabajo deja de convenir a la persona para la que limpian, cuidan o mantienen, se prescinde de ellas, y punto. Da igual que coticen a la Seguridad Social, sus derechos económicos no existen a ojos del Estado español. Entre otras cosas porque, a pesar de haberlo prometido reiteradas veces, España todavía no ha ratificado -nueve años después- el Convenio 189 de la OIT ni tampoco la Recomendación 201.
Mientras Naciones Unidas recomienda a todos los Estados que adopten nuevas medidas que protejan a las empleadas del hogar y los cuidados, en nuestro país parece que nos damos por satisfechos con que se haya aprobado in extremis un subsidio extraordinario ante la crisis de la COVID-19. Una ayuda económica del 70% de la base reguladora de su contrato que, supuestamente, alcanzaría a algo más de la mitad de las 600.000 mujeres que calcula la Encuesta de Población Activa que realizan trabajos del hogar y de cuidados en España. Solo aquellas que tuvieran un contrato (son 374.675 las afiliadas al sistema especial de empleadas del hogar) y que hubieran perdido su empleo o visto reducido su trabajo por la crisis de la COVID-19.
El resto son mujeres trabajadoras en una economía sumergida a la que contribuyen decenas de miles de hogares donde, en su mayoría, cuesta entender que quienes acuden a sus hogares están realizando un trabajo como el de cualquier otro ciudadano. Por otra parte, esta economía sumergida se convierte en una de las pocas alternativas para muchas mujeres que, sin permiso de residencia y/o trabajo, son expulsadas y excluidas de otros trabajos al estar en vigor una ley de extranjería que condena a la explotación, marginación e invisibilización a gran parte de la población migrante. Una ley, desde la lógica de derechos humanos, racista porque borra los derechos de las personas por el solo hecho de no ser españoles.
Ahora, a mes de junio, sabemos que de esas casi 400.000 potenciales beneficiarias solo se han recibido 27.815 solicitudes para este subsidio, según ha informado el Servicio Público de Empleo (SEPE). Y lo que es más inquietante, la práctica totalidad de estas ayudas no se han empezado a cobrar todavía por parte de las mujeres que las han solicitado. Cien días después de decretarse el estado de alarma, estas solicitudes de subsidio extraordinario siguen sin llegar a las pocas mujeres que la han solicitado. Del resto no sabemos nada, como si no existieran.
Tras este primer y tibio acercamiento de un gobierno de izquierdas a un condicionado reconocimiento de derechos a las empleadas del hogar y los cuidados, podemos decir que –a efectos prácticos– el resultado es bastante decepcionante. El Estado español sigue borrando de sus prioridades uno de los trabajos más esenciales al no reconocer a las personas que los realizan como sujetos de derechos. No solo ha ignorado a los miles de mujeres que, trabajando de forma efectiva, no tenían contrato desaprovechando la oportunidad de regularizar su situación. Sino que, para las que sí lo tenían, el subsidio es claramente insuficiente en fondo, forma y tiempo. Además, este debía haberse acompañado de medidas de apoyo a los empleadores que garantizasen el pago de las cuotas a la Seguridad Social para dar continuidad a muchos contratos, y al tiempo dignificar y revalorizar estos trabajos.
En estas circunstancias, a las mujeres que hacen trabajos esenciales para la comunidad, la sociedad, la economía y el país se las ha dejado a la deriva. Principalmente por ser mujeres, por ser migrantes, por ser racializadas, por ser pobres. Por serlo todo o por serlo en parte. Sus vidas y sus cuerpos vuelven a quedar expuestos a situaciones de máxima vulnerabilidad social, al margen de las políticas públicas. Y, por supuesto, sobreexpuestas (otra vez) a los abusos y violencias clasistas, machistas, racistas y aporófobas (sutiles o directas) de quienes tienen en sus manos las condiciones de los trabajos que realizan. Trabajos esenciales sin los cuales gran parte de las vidas, las economías, las familias y los trabajos de sus empleadores se desmoronarían.
A pesar de que las trabajadoras del hogar y los cuidados han ocupado, ocupan y ocuparán un lugar crucial dentro de la respuesta a la crisis social y económica que se ha dado con la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia, siguen invisibles e ignorados.
Se corre el riesgo de que alguien tenga la tentación de darse por satisfecho con la aprobación del subsidio que ni llega ni alcanza. El riesgo de que le dé a la tecla de borrar la tarea pendiente de reconocer, al margen de la crisis sanitaria, los derechos en dignidad que corresponden a las trabajadoras del hogar y de los cuidados en España. El riesgo de borrar el compromiso de ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201, algo que la agenda de políticas feministas que dicen defender desde el PSOE ha hecho sistemáticamente olvidándose de esas mujeres que también sostienen sus vidas, sus casas y sus familias. Trabajadoras del hogar y los cuidados a las que posiblemente muchas mujeres les deban buena parte de su propia carrera política.