En las últimas semanas he leído con consternación diversas noticias sobre el aumento de vertidos ilegales de fibrocemento en solares abandonados y descampados de diferentes poblaciones del sur de Madrid. Algo muy preocupante debido al grave riesgo que supone para la salud la manipulación y el vertido incontrolado de este peligroso material y de lo que venimos alertando desde hace años en elDiario.es.
El fibrocemento es un material de construcción elaborado a partir del amianto o asbesto que fue muy utilizado en España a partir de los años 60 en todo tipo de edificios. Debido a su bajo coste, sus altas propiedades y la facilidad de su instalación las planchas de este material, conocidas con el nombre de uno de los fabricantes, Uralita, permitían levantar en un plis plas cobertizos, granjas, almacenes o naves industriales. Y también se usó para fabricar bajantes, depósitos o jardineras: era el gran comodín del sector.
Sin embargo, a partir de los años 80 empezaron a aparecer estudios epidemiológicos que confirmaban el riesgo para la salud de la inhalación de las fibras de amianto. Algunos de aquellos estudios, basados en pruebas clínicas, lo relacionaban de manera directa con el aumento de enfermedades muy graves, como el mesotelioma o cáncer de pleura.
Ante tales evidencias, el uso del amianto o asbesto y sus diferentes aplicaciones empezó a ser restringido en todo el mundo. En España, desde 2002 está prohibido producir, comercializar o instalar cualquier tipo de producto que lo contenga, incluidas por supuesto las famosas planchas de fibrocemento. Pero el amianto instalado no se retiró. De hecho, sigue ahí y está por todas partes.
Algunos cálculos estiman que, hasta su prohibición, se consumían más de dos millones y medio de toneladas anuales de amianto para sus diferentes usos. Los informes epidemiológicos determinan que por cada 130 toneladas de amianto en circulación aparece un mesotelioma, al que sólo un 2% de los diagnosticados sobrevive. Si tenemos en cuenta que España es uno de los países donde más se popularizó el uso de este material, queda claro que estamos ante un grave problema no solo medioambiental sino de salud pública.
Según las previsiones de los científicos que asesoran a las organizaciones de afectados la contaminación provocada por la exposición al amianto provocará la muerte de 30.000 ciudadanos españoles antes del 2030. Unos resultados que coinciden con los elaborados por la OMS, quien lleva muchos años reclamando medidas de prevención a España, donde según sus cálculos cada año mueren alrededor de mil personas por la exposición al amianto, cuyos efectos sobre la salud pueden manifestarse incluso 40 años después de haber estado expuestos al material de forma directa o indirecta.
Siempre que hablo de este grave problema cito el testimonio al que asistí hace años en un programa de televisión en el que colaboraba con una pequeña sección de medio ambiente. Aquel día invitamos a una espectadora que quería denunciar una injusticia sanitaria y medioambiental. Padecía una enfermedad muy grave como consecuencia de haber estado expuesta a la contaminación por amianto de manera indirecta: su marido trabajaba en la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallés y ella le lavaba el mono de trabajo cada noche cuando el pobre hombre llegaba a casa enharinado de polvo de amianto.
Su marido había muerto de cáncer de pleura años atrás y los médicos que lo trataban quisieron hacerle las pruebas a ella también. Su diagnóstico fue fatal: al inhalar las microfibras de amianto que había en la prenda de trabajo de su marido había contraído su misma enfermedad.
Enferma y cansada, aquella desamparada mujer vino al programa para exigir una mejor asistencia sanitaria a los afectados y alertar del grave riesgo ambiental de vivir rodeados de viejas estructuras de fibrocemento que contaminan el aire con las letales microfibras de amianto. Pidió que se habilitara un protocolo de prevención de riesgos más ambicioso, protocolo que jamás llegó a conocer pues falleció a los pocos meses, tras agravarse su dolencia.
El fibrocemento estable, es decir el que forma parte de una construcción, es un problema latente pues su degradación en el ambiente libera las partículas de amianto. Pero lo verdaderamente peligroso es su manipulación. Por ello está rigurosamente prohibido proceder a título individual a la manipulación o desinstalación de techos, fachadas, cubiertas, depósitos o cualquier tipo de construcción que contenga asbesto.
Desde 2006 existe una normativa que reserva dicha labor a las empresas especializadas que hayan sido debidamente homologadas para ello, obligándolas a seguir un estricto protocolo de seguridad para prevenir los riesgos a la población. Actualmente existen numerosas empresas de desamiantaje. Sus servicios no son baratos, es cierto, pero si lo hacemos a nivel particular o lo lleva a cabo una empresa sin autorización nos puede caer una sanción de hasta 600.000 euros.
Pero más allá de la sanción, hay que ser un desalmado, un verdadero canalla para, conociendo la peligrosidad del material no ya para el medio ambiente sino para la salud de las personas, ser capaz de salir de hurtadillas y tirar en cualquier parte unas planchas, una bajante o un depósito de fibrocemento.
Acciones de este tipo demuestran hasta qué punto siguen primando para muchos la irresponsabilidad y el egoísmo sobre la prevención de riesgos, y lo poco que estamos aprendiendo de todo lo que nos está pasando.