Los locutores de RTVE sonríen cuando cuentan que no se sabe si Arias Cañete será cesado en este Consejo de ministros o si la decisión se postergará una semana más. Las demás cadenas también se toman a broma el asunto, si es que se acuerdan del mismo. El atentado contra las normas democráticas que supone el hecho de que un candidato electoral siga siendo ministro ha sido ya aceptado como la cosa más natural de este mundo. Lo mismo que el linchamiento mediático del juez Elpidio Silvia. O que María Dolores de Cospedal se haya cargado el Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha en vísperas de una campaña electoral. O cincuenta cosas más, que confirman que si gravísima es la erosión sistemática de la democracia que está llevando a cabo este Gobierno, tal vez lo sea aún más la falta absoluta de reacción ante ese proceso por parte de las instituciones que deberían velar por la misma, empezando por la prensa.
La mayor parte de los hechos que jalonan la crónica política española hieren cualquier sensibilidad democrática. Asistimos, sin que lo denuncie ninguno de los muchos organismos, públicos y privados que podrían hacerlo, a una larga campaña publicitaria del Gobierno sobre la recuperación económica que está únicamente montada sobre la base de unos pronósticos que ese mismo Gobierno, o sus adláteres, elaboran y que unos meses más tarde quedan desmentidos por los datos fehacientes: como ha ocurrido con los del PIB del cuarto trimestre de 2013 y como seguramente ocurrirá con los del primero de este año, que ahora dicen que crecerá un 0,5%. Al tiempo, crecen la sospechas de que algunas estadísticas fundamentales están siendo manipuladas. Pero de ello se habla casi clandestinamente.
Rajoy y los suyos se siguen llenando la boca asegurando que quieren negociar con la Generalitat, pero un día tras otro confirman que no están dispuestos a ceder un ápice en sus posiciones, al tiempo que sus corifeos mediáticos pintan a Artur Mas como un fanático descerebrado que está jugando a aprendiz del diablo. Pero son muy pocos, y casi no se les oye, los que advierten de los peligros esa actitud. Porque no sólo es un engaño flagrante a la opinión o porque puede llevar a una enfrentamiento de consecuencias imprevisibles –y la primera tarea de un Gobierno de España sería evitarlas–, sino porque un día ese mismo procedimiento se podría aplicar en cualquier otro contexto. Sobre todo si hoy se aplica en medio de la pasividad general.
El Ministerio de Hacienda acaba de hacer una interpretación torticera de sus propias normas que, autorizando el aval del Estado sus créditos fiscales, permitirá a los bancos ahorrarse cerca de 41.000 millones de euros de capital, un regalo aún más sustancioso que el del rescate bancario que figura en el debe del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Y cuando hasta hace poco los bancos eran la institución más denostada por la amplia mayoría de la opinión pública, ahora la noticia ha pasado prácticamente desapercibida. Y ninguna voz se ha alzado en el Congreso, al menos hasta ahora, contra ese desaguisado.
El Gobierno del PP no sólo goza de las ventajas que le confiere la mayoría absoluta –y que utiliza de la manera más burda posible, despreciando sin sonrojo la voluntad y los intereses de los millones de ciudadanos que votaron a los partidos de la oposición–, sino también de las que se derivan del silencio cómplice de quienes tendrían que denunciar el deterioro cotidiano de la democracia que suponen la mentira sistemática o el abuso de poder. Uno y otro envueltos en la retórica aparentemente aséptica del leguaje funcionarial, administrativo, que tan bien aprendió la derecha española durante los 40 años de franquismo.
El director general de la Policía acaba de destituir al jefe madrileño de los antidisturbios por los errores que los suyos cometieron al final de la manifestación del 22-M, viniendo a reconocer que el desaguisado que entonces se produjo fue culpa de la ineptitud policial, pero sin rectificar una sola palabra de las barbaridades que el propio Cosidó dijo en aquella ocasión sobre los manifestantes. Porque es así como actúan los regímenes autoritarios: si alguno de los míos me falla, lo castigaré yo solo, sin que nadie de fuera me diga lo que tengo que hacer. Y encima mi prensa me aplaudirá por justo y magnánimo. Y si alguien me dice algo sobre la barbarie de la playa de Ceuta, le contestaré que eso es cosa de la Guardia Civil.
Ruiz Gallardón mintió cuando dijo que su Gobierno no había indultado a ningún corrupto, cuando en dos años lo había hecho con siete de ellos. Y ahora está por ver que no lo haga también con Jaume Matas. A la espera de ello, 30 jueces catalanes favorables a la consulta han denunciado que la policía los ha investigado. El Consejo General del Poder Judicial se ha limitado a tomar nota. Pero el ministro de Justicia no ha dicho una palabra al respecto. Ni tampoco sobre que María Tardón, exmiembro de la Asamblea de Cajamadrid, en representación del Ayuntamiento de Madrid, y exconcejala del PP, sea uno de los magistrados que está juzgando a Elpidio Silva. Quien, por muchas irregularidades que cometiera en su instrucción contra el presidente de Cajamadrid, ya es una nueva víctima de un sistema judicial incompatible con la democracia, cuando menos a los ojos de cualquier ciudadano digno de tal nombre.
Y Miguel Blesa, gran vencedor de esta batalla, como los implicados en Gürtel lo fueron en la que se libró contra Baltasar Garzón, está ahora bastante más cerca de salir de rositas. Como algunos malpensados sospechaban desde un primer momento que terminaría por ocurrir. Y encima hay que aguantar que digan que ellos son los responsables de que se cumpla la Constitución democrática. Pero lo malo es que puede perfectamente ocurrir que dentro de un par de años lo que ahora relatamos sea una broma comparada con lo que vaya a venir.