La marea disuasoria ya ha llegado. Francisco Mahuenda, director del diario La Razón, vuelve a sentarse en las tertulias, como si una imputación judicial en un grave caso de corrupción fuera una gresca más de la sociedad del espectáculo. Marhuenda y Mauricio Casals, presidente de esta publicación, han declarado ante el juez por un delito de coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo.
Existen conversaciones grabadas por orden judicial que ambos reconocen como reales. En ellas hablan con Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal en Latinoamérica y consejero de la empresa editora de La Razón. Pero Marhuenda le quita importancia porque considera que estaban ayudando a un amigo, es una forma de hablar, y con pedir disculpas por llamar “zorra” a Marisa González, la jefa de gabinete de Cifuentes, es bastante. Turno para otro, pasemos a otra cosa.
En su ayuda ha acudido la propia Cristina Cifuentes, que insiste en hacerse “la rubia” y se muestra ante el juez más comprensiva con las presiones mal llamadas periodísticas.
Lo que asusta es esa concepción del periodismo. No se trata siquiera de si “nunca, nunca, nunca” Marhuenda coaccionó, sino de a qué se dedica. El trabajo es informar de asuntos que afectan esencialmente a los ciudadanos no ver cómo libra a un amigo, sobre el que pesan graves imputaciones, de responsabilidades judiciales. Para Edmundo Rodríguez Sobrino la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional. Marhuenda es, como Casals, un alto cargo de un periódico y el juez Velasco habrá sopesado las pruebas. No son titiriteros o un rapero al que le pierden las palabras por la Ley Mordaza.
La hemeroteca, que invoca Marhuenda, está llena de portadas, editoriales y artículos insidiosos contra rivales del PP. El editorial del 19, el mismo día que se conocería su imputación, lo titulaba: “No es justicia, es política”. Y estaba plagado de las “verdades” de Marhuenda. Entre otras, que “Rajoy testificará, aunque no debería hacerlo”, “lo hará por una deriva política ajena a que la verdad sobre Gürtel se conozca”. O “mal que les pese a los inquisidores”, en referencia a los jueces que convocan a Rajoy como testigo y a la oposición política. Al periodismo, Marhuenda no se dedica.
Puede que el director de La Razón no sepa ya qué es periodismo, si alguna vez lo supo. Lo temible es que no lo sepan o no lo quieran saber quienes le convocan a las incontables tertulias en las que participa. A él y a los que comparten su peculiar sucedáneo del periodismo. Aquí reside el auténtico problema. El que puede confundir a los ciudadanos y afectar su derecho a la información. Estas actuaciones de parte terminan por convertir los delitos, la corrupción política, también en discusión de tertulia.
La pregunta insistente estos días es ¿cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo puede llegar un país a estos niveles de inmundicia? A añadir tramas sin fin al pozo de la escandalosa corrupción española. A ver cada poco a un político más, acusado de dirigir una red criminal para enriquecerse y vivir como un Marajá. A un Fiscal Jefe Anticorrupción que provoca un motín de los fiscales bajo el amparo de un artículo pensado para circunstancias extremas. Moix prohibió, por escrito, un registro de la operación y los fiscales no acataron la orden. Obligados a negociar con su jefe, aceptaron que los detenidos no lo fueran por “pertenencia a organización criminal”, aunque sí figura en el sumario. A un ministro de Justicia como Catalá. A magistradas “de la casa” que avisan a los investigados. A alguien del Gobierno como se ha sugerido que también alertó a Ignacio González.
La justicia independiente es piedra angular de un Estado de Derecho. Y está demostrando que en gran parte funciona aunque no sin esfuerzo. A pesar de las interferencias. Pero hablamos de un país en el que ya cuesta discernir quién está limpio en las alturas. La detención de Javier López Madrid, yerno del empresario clave Villar Mir, amigo de los reyes a niveles de sonrojantes mensajes, relacionado con la trama Púnica también, nos habla de unas élites impropias.
Son cuestiones esenciales, a las que muchos ciudadanos empiezan a añadir con preocupación la responsabilidad de los medios. La información veraz es tan imprescindible como la justicia.
No se puede saldar la imputación de Francisco Marhuenda en una tertulia. En una, tras otra. Lo hará el juez. Pero periodísticamente no es sostenible. Los grupos de comunicación deberían ser exquisitos con esto. Y los ciudadanos también. No vale todo para distraerse, ni hacerse el distraído.
Tampoco es admisible el estado en el que se encuentra RTVE. De hecho, ha arreciado en sus prácticas manipuladoras desde que se llegó al acuerdo de que, algún día, se volverá a elegir a sus dirigentes por méritos profesionales y no por su servicio al PP.
En todos los casos, los ciudadanos están obligados a discernir cuándo les ocultan informaciones y cuándo les dan Venezuela por liebre o intereses empresariales por columnas de opinión. Ser responsables por el bien común.
Las andanzas de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, han sido publicadas desde hace una década. Con su férrea resistencia, dado que le sobraba dinero para denunciar y pleitear contra periodistas. Espléndida la columna de Manuel Rico en Infolibre hablando, por cierto, de cuántos han salido a la palestra por “detener” a Ignacio González. Marca España.
Cada vez cuesta más tragar los apoyos del Gobierno a un PP en esta tesitura. Y creer que personas decentes duden de si la corrupción es cierta, a pesar de las abrumadoras evidencias y de los intentos por confundirles. Y sigue siendo irrenunciable que el periodismo informe de la verdad honestamente. Igual así, la corrupción pasa la factura que requiere y deja de ser la crónica de un olvido anunciado. A todos sus proveedores. La gente está que trina.