Cunde en los círculos políticos de Madrid, especialmente en los de la derecha, la convicción de que el descubrimiento de que Jordi Pujol evadió dinero a paraísos fiscales y defraudó a Hacienda durante más de 30 años y las informaciones sobre el enriquecimiento de sus hijos van a dinamitar el proceso soberanista. Lo sostienen hasta el punto de afirmar que la no celebración de la consulta que la Generalitat tiene intención de convocar para el 9 de noviembre no causará grave quebranto emocional ni social. Como si el conocimiento de que el expresident no era tan honorable como decía su título oficial tuviera un poder taumatúrgico, como si la conmoción ciudadana que ha provocado la confesión de Pujol y la cascada posterior de noticias fueran a arramblar con otras emociones y otras convicciones.
Es cierto que la sociedad catalana ha quedado en estado de shock, que Convergència Democràtica de Catalunya –el partido que fundó Pujol y al que pertenece Artur Mas– está más que tocado, que su socio Unió marca distancias sin complejos... Pero aún parece prematuro vincular el escándalo de los Pujol con el desguace de un proceso que ya hace tiempo se escapó de las riendas de Mas y de CiU para situarse más cerca de ERC y de la Asamblea Nacional Catalana.
Claro que la irritación de los ciudadanos por la corrupción y la caída de un mito político -amortizado hace ya algún lustro para buena parte de quienes claman por la secesión- sumado a la inminencia del explosivo calendario catalán está forzando que algunas piezas políticas se recoloquen. Desde luego las de Unió, cuyo líder Josep Antoni Duran llevaba meses explicando en privado e insinuando en público que no secundaría a Convergència en la ruptura con España. Pero también las del propio Mas, que insiste en que la única alternativa es votar el 9 de noviembre en una consulta legal, cuando sabe que el Gobierno de Mariano Rajoy no solo no la autorizará sino que tiene intención de recurrir la ley que va a aprobar para tal fin el Parlament de Catalunya con el objetivo de que el Tribunal Constitucional la paralice y la Generalitat no tenga ni siquiera la posibilidad de convocar a las urnas.
Es difícil prever qué ocurrirá entonces. Ni siquiera de aquí a esas fechas, con la manifestación de la Diada del Tricentenario de por medio y las comparecencias de algunos Pujol ante los jueces. Hasta hace unas semanas había quien perfilaba escenarios estremecedores, ahora muchos creen que todo está arreglado. Lo más probable, no obstante, es que ese 80% de catalanes partidarios del referéndum y el no se sabe cuánto por cien de catalanes que quieren un estado propio no cambien de apetencias porque se descubra que Pujol les engañó. Aunque llegados a este punto, en el que faltan veintiocho días para el 11 de septiembre y ochenta y siete para el 9 de noviembre –la Diada y la consulta– sería bueno que, más que regocijarse con la caída de Pujol, se empezaran a avanzar soluciones para esas cuestiones pendientes –finanzas, lengua, singularidad– que hacen que tantos catalanes se sientan incómodos con el estado actual de las cosas.