Desde hace más de 40 años, sociólogos, matemáticos y psicólogos intentan probar la certeza de la teoría de los seis grados de separación. Existe la convicción de parte de la comunidad científica que dos extraños en los puntos más distantes del planeta pueden entrar en contacto a través de sus distintas redes de conocidos en sólo seis pasos, pero nadie ha conseguido probarlo.
En Cataluña, sin embargo, tanto los casos de corrupción como algunos de los escándalos económicos que han conmocionado a la sociedad parecen probar que el mundo de la política y el empresarial están conectados por mucho menos que los seis pasos de la teoría. Existen numerosos nexos entre los implicados en tramas de corrupción como los casos Millet y Pretoria, en investigaciones judiciales de crisis financieras y económicas como la de Eurobank, y con procesos traumáticos en el mundo empresarial como la intervención de la Agrupació Mutua. Y todos ellos apuntan a Convergència Democràtica de Catalunya, el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y socio mayoritario de la federación nacionalista Convergència i Unió (CiU). Como en Cataluña, la corrupción es un asunto transversal, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) no se libra de su presencia en algunos escándalos, pero no está en todos como CiU.
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Los principales imputados en dos grandes escándalos catalanes, el expolio del Palau de la Música Catalana a manos del ex presidente de la entidad, Félix Millet, y su mano derecha, el ex director general, y el caso Pretoria de corrupción urbanística, por el que pasaron por la cárcel los antiguos hombres fuertes de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, así como el intermediario socialista Luis García Sáez, Luigi, y el ex alcalde del PSC de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, tienen estrechos vínculos entre sí. Todos ellos fueron encarcelados por el primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, titular por entonces del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque posteriormente los dejó en libertad bajo fianza. Las cantidades de la fianza fueron rebajadas posteriormente por la sala de la Audiencia Nacional, pero siguen en libertad condicional. El nuevo instructor de la causa, es el sustituto de Garzón en el Juzgado Central de instrucción número 5, Pablo Ruz.
En el denominado caso Millet, a raíz de la reactivación de la investigación sobre los vínculos del expolio del Palau y Convegència impulsada por el nuevo juez del caso, Josep Maria Pijoan, la Brigada de Blanqueo de la Unidad Central de Delitos Económicos de la policía entregó recientemente un informe al juzgado en el que confirmaba la relación entre la desaparición de 12 millones de euros de la tesorería del Palau y CDC. Buena parte de ese dinero correspondería, según los responsables de la investigación, a una comisión a cambio de la concesión de una obra pública abonada por la constructora Ferrovial a CDC durante el último Gobierno autonómico de Jordi Pujol, cuando el consejero del ramo era el entonces secretario de organización del partido y hoy diputado autonómico de CiU, Felip Puig.
El tesorero del partido era entonces el ex dirigente de CDC Daniel Osàcar, pero el verdadero responsable de la financiación del partido era en realidad Germà Gordó. Este último es un hombre de Lluís Prenafeta, según acreditan las grabaciones de las escuchas telefónicas del caso Pretoria. En la transcripción de una conversación telefónica intervenida entre Lluís Prenafeta y el hoy president Artur Mas, el primero le pide al segundo, ante la inminente victoria electoral de CiU en las autonómicas catalanas, que promocione a Gordó. Fuera o no por el consejo de Prenafeta, Mas nombró a Gordó secretario general del Govern cuando se convirtió en presidente de la Generalitat.
Pero hay más. Los principales imputados en los casos Millet y Pretoria, aparecen implicados en otros sumarios judiciales de menor impacto social pero de proporciones similares, como la descapitalización de Eurobank, cuya investigación, para colmo de cúmulo de conexiones, corresponde al juez Ruz, que ha decidido darle también un nuevo impulso. Es el caso tanto de Alavedra como de Millet. El ex consejero de Economía de Pujol y el ex presidente del Palau de la Música comparten la condición de accionistas y administradores de la sociedad Line Invest XXI, participada por el principal imputado del caso Eurobank, el que fuera presidente de la entidad, antes de la intervención por el Banco de España, Eduardo Pascual.
La acusación particular en el caso Eurobank asegura que Pascual desvió activos del banco a Line Invest. Una práctica de la que se habrían beneficiado Alavedra y Millet. A cambio, siempre según la misma versión, Alavedra habría presionado al Banco de España, cuando CiU aún gobernaba en Cataluña, para evitar la intervención de Eurobank. No es la única sociedad del entramado de Pascual que figura en la lista de empresas que en su día pidió la acusación que fueran investigadas y que hace un mes Ruz accedió a examinar. Entre ellas figuran las aseguradoras Prevenrisk y Vitalia, y la inmobiliaria Real State Acquisitions in Spain, en cuyos consejos figuran más personas con vínculos con el poder. Más conexiones: el presidente de Line Invest es Rafael Español, hasta el pasado mes de julio presidente de La Seda de Barcelona. Line Invest tiene la misma estructura societaria y administrativa que Promo Group Deu, una de las empresas que Garzón ha señalado como instrumento de Alavedra para cobrar comisiones en las operaciones de corrupción en las que participaba supuestamente con Prenafeta y con Luigi.
En Pretoria, Alavedra no sólo está acusado de tráfico de influencias y corrupción urbanística, sino de blanqueo de capitales. Garzón imputó en la causa a la esposa pintora del ex consejero, Doris Malfeito, porque aparece como cotitular de varias cuentas del matrimonio en Andorra, y a Philip McMahan Bolich, un ciudadano estadounidense que durante años se encargó supuestamente de llevar los maletines con el dinero que conseguía Alavedra incluso cuando formaba parte del Gobierno de la Generalitat. Bolich gestionó para Alavedra, al menos 3,5 millones de euros. También imputó a la que parecía ser la amante de Alavedra, Gloria Torres, que posee una cuenta en Andorra con más de un millón de euros que le habría ingresado directamente el ex consejero desde sus depósitos en el principado.
La investigación de la red exterior de cuentas de Alavedra podría establecer una nueva conexión, en esta ocasión con un viejo escándalo: las relaciones del político nacionalista con el empresario John Rosillo, fallecido en Panamá en 2007 cuando huía de la Justicia española, que le había condenado por delito fiscal y por homicidio imprudente.
Pero el de Alavedra no es el único nombre que aparece relacionado con polémicas. El caso de Millet es similar. Además de su propio escándalo en el Palau y de su relación con Eurobank, Millet no es ajeno a la intervención de la Agrupació Mutua por la dirección general de Seguros a primeros de diciembre. Millet fue presidente de la Agrupació Mutua y de su principal filial Amci Hábitat. En realidad, el impacto negativo de las inversiones de Amci sobre las cuentas de la mutua fue lo que provocó la intervención.
En Barcelona, la Fiscalía también presentó una querella contra Pascual y sus socios por la estafa, apropiación indebida y delito societario en la quiebra punible de diversas mutuas como Fortia Vida, Norton Life y Personal Life, que fueron intervenidas por la Generalitat tras arruinarse. En este caso, Pascual también nombró a personas con vinculaciones destacables con el poder para intentar frenar la acción de la Justicia.