Catalunya: un pacto fiscal es posible

Parece que ERC ha optado porque sea la financiación el epicentro de las contrapartidas que exige para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

Se trata de una buena noticia para todos los que anhelamos un amplio gobierno progresista que permita abordar los problemas sociales que sufren amplios sectores de la ciudadanía. 

Siempre es mejor elegir objetivos que, aún siendo difíciles, sean viables. Lo contrario, que es lo que se ha hecho durante la última década, produce frustración e impotencia.

Un pacto fiscal no es nada fácil, porque los republicanos deberán desandar, sin destrozar emocionalmente a su gente, el camino que va de la DUI a un acuerdo autonómico, con las metas volantes del indulto y la amnistía. 

Además, deberán hacerlo con el hostigamiento de Junts que cuenta a su favor, y lo sabe, con la omnipresente sombra que reflejan sobre ERC y el incomprensible e injustificado complejo de inferioridad que los republicanos sienten respecto a los neo convergentes. Este puede ser un factor decisivo.

Tampoco lo tendrán cómodo los socialistas. En tiempos en los que el agravio comparativo se ha apoderado de la sociedad, con alumnos aventajados como García Page, no resulta nada fácil explicar que diversidad no es desigualdad. Y que, en España, como en otros países, la principal brecha social es de clase y no entre CCAA.  

 Los obstáculos para un acuerdo no son económicos y los políticos pueden salvarse. Aunque no va a ser fácil hacer compatible singularidad e igualdad. 

El Partido Popular volverá -nunca lo ha dejado- a las andanadas del “España se rompe”, a pesar de que a las CCAA que gobiernan les puede acabar beneficiando el pacto que se alcance. 

Las dificultades serían menores si ERC en vez de poner enfasis en el fuero -singularidad y bilateralidad- centrara su atención y esfuerzos en el huevo -mejora de la financiación y más autogobierno. Y si las fuerzas progresistas que sustentan al gobierno del estado no caen en la trampa de querer competir con el PP en el terreno del agravio comparativo, donde tienen todas las de perder. 

Para hacer pedagogía política lo primero es desactivar el tramposo debate sobre la denostada bilateralidad. Seamos claros, todos los acuerdos de financiación autonómica alcanzados hasta ahora han combinado espacios multilaterales -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- con espacios de negociación bilaterales. Y no solo Catalunya, que, desde el primer acuerdo, siempre ha encabezado negociaciones y pactos que luego han comportado más recursos y soberanía financiera para todas las CCAA. 

La bilateralidad la practicó ya Felipe González en el acuerdo con Pujol de 1993, cuando cedió, a cambio de la “gobernabilidad” española, el 15% del IRPF y provocó el primer “España se rompe” del PP. Luego fue Aznar el que, en 1996, negociando en la intimidad del Majestic con Pujol, amplió la cesión al 30% del IRPF para Catalunya y en consecuencia a todas las CCAA. También para garantizarse la mayoría en el Congreso. Como ven, nada nuevo bajo el sol.

Desde entonces todos los acuerdos de financiación han tenido espacios de negociación bilateral. También el último del 2009, cuya vigencia acabó el 2014 y lleva 10 años sin ser renovado. 

En aquel acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se incluyeron tres fondos -suficiencia, competitividad y cooperación- que previamente se habían negociado bilateralmente con las CCAA. Tenían como objetivo que ninguna Comunidad saliera perdiendo con el cambio de modelo. Otra cosa es que al final los efectos no deseados de este traje a la medida hayan sido perversos y han provocado desequilibrios entre CCAA, pero no entre ricas y pobres. 

Spoiler, una de las cosas que puede contribuir al pacto fiscal de Catalunya y mejorar el sistema de financiación es la desaparición de estos tres fondos que no han hecho más que distorsionar el efecto redistributivo positivo del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF). 

Lo mismo sucedió con los criterios de cálculo de la población ajustada de cada CCAA para determinar las transferencias per cápita. Cada Comunidad pleiteó para que se incorporaran alguna de las siete variables – las que a cada una de ellas le beneficiaba- con las que se calcula este parámetro (superficie, dispersión geográfica, estructura de edad, entre otras) 

Lo siento por García Page y su penosa imitación del comisario Renault en el “Rick´s Café” de Casablanca: “qué escándalo, he descubierto que en España se negocia bilateralmente”. Aunque pretenda disimularlo con cinismo y una sobreactuada superioridad ética sobre el resto del mundo, incluidos sus compañeros, él sabe que el sistema de financiación autonómica se ha pactado siempre en dos plazas, la multilateral y la bilateral. 

¿Por donde podría circular un acuerdo de financiación que ofreciera un trato singular a Catalunya sin romper con el objetivo de igualdad de trato de la ciudadanía de toda España?

Los railes del concierto fiscal propuesto por Aragonés no son transitables. Una cosa es tener un sistema diferenciado para dos CCAA que juntas significan el 7,6% del PIB (5,9% Euskadi y 1,69% Navarra) Y otra muy distinta incorporar a este sistema a Catalunya que representa el 19,01% de la renta nacional total. 

Para que fuera viable económicamente y aceptable socialmente esta propuesta de concierto debería incorporar flujos de solidaridad en los que también participaran Euskadi y Navarra. Y esta deseable propuesta está, de momento, fuera de la realidad de lo posible políticamente. 

Por eso no queda otra que agudizar el ingenio para identificar que márgenes hay para la singularidad y mejora del autogobierno fiscal en el marco del sistema de régimen común. 

Se podría comenzar por la condonación del FLA que interesa a Catalunya, pero beneficia a todas las CCAA endeudadas. Mucho mas en el contexto que se avecina de mayor rigor fiscal de la UE. Esta medida podría actuar como lubrificante de las negociaciones.  

El pacto fiscal podría contener también otras medidas que interesan y mucho a Catalunya y que luego incorporadas a la reforma del modelo de financiación autonómica acaben beneficiando a todas las CCAA. 

Veamos algunas. Es posible aumentar la equidad vertical entre la administración central y las CCAA, con una mayor aportación de recursos fiscales del estado a las CCAA. En las últimas décadas los recursos de la administración central han crecido mucho más que los de las CCAA, a pesar de que son estas las que soportan el peso del gasto social y las tensiones que conlleva su infrafinanciación. 

Otra posibilidad pasa por abordar el porcentaje de los recursos propios que cada CCAA deriva al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales como ejercicio de solidaridad con el que se reequilibran los recursos per cápita disponibles por cada comunidad.

En el pacto alcanzado el 2009 las CCAA se quedan con el 25% de su capacidad tributaria teórica y aportan el 75% restante al Fondo de Garantía con lo que se produce una nivelación entre CCAA y se reduce de manera significativa la desigualdad en la financiación per cápita de los servicios públicos esenciales. 

El resultado definitivo después de aplicar todos los fondos es manifiestamente mejorable. Con los datos de la última liquidación disponible (2021) Madrid entra en el sistema con un esfuerzo tributario bruto que es del 141% sobre la media y sale con recursos disponibles del 101%. Mientras Extremadura entra con el 69% y sale con el 112%. 

Si tienen curiosidad, Castilla la Mancha entra al sistema con un esfuerzo tributario del 80% de la media y sale con recursos disponibles del 98%. Mientras Catalunya entra con un esfuerzo del 121% y sale con el 100% (justo la media de todas las CCAA). 

Este porcentaje del 75/25 no está escrito en las tablas de la Ley de Moisés y tiene margen de negociación. Es posible modificarlo y hacerlo ayudaría a cumplir con el principio de ordinalidad. Una palabreja que se inventaron y aplican los alemanes. Significa que las CCAA -en su caso los landers- no pierden posiciones comparativas respecto al resto, después de haber transferido fondos propios para la solidaridad entre comunidades. 

Debería permitir, por ejemplo, que no suceda lo que le pasa al País Valencià que entra con un esfuerzo tributario del 98% y acaba en el 95% de la media. Mientras Cantabria, que no es especialmente pobre, entra con el 105% de la media y acaba recibiendo recursos del 123%. Como ven un nuevo pacto fiscal no interesa solo a Catalunya. 

Estos aspectos podrían mejorar la financiación de Catalunya sin que nadie saliera perjudicado. Podríamos decir que es un “win-win” y eso debería ayudar si solo se discutiera del huevo y no del fuero.

Hay otros ámbitos que se prestan perfectamente a abordar la singularidad de Catalunya, que ostenta competencias de las que no disponen -por voluntad propia- otras CCAA. En materia de seguridad (mossos de esquadra) o de prisiones. 

Otro terreno en el que es posible avanzar en la singularidad es el que hace referencia a la existencia de una lengua propia que comporta obligaciones constitucionales no siempre reconocidas ni legal ni presupuestariamente. 

Por último, hay también un largo recorrido en la mejora de la capacidad de gestión tributaria. Eso que los portavoces de ERC llaman “tener la llave de la caja”, imagen, por cierto, que no ayuda nada a ser comprendidos en España, aunque genere satisfacción emocional en los seguidores propios. 

En este ámbito se trata de aplicar lo previsto en el Estatuto de Autonomía con la creación del Consorcio Tributario, en el que participen la Agencia estatal y la de Catalunya. Una administración tributaria única y consorciada ubicada en Catalunya que podría recibir competencias delegadas del Estado para gestionar íntegramente la recaudación tributaria. Lo que aportaría una mejora de la liquidez y reduciría las tensiones de tesorería que afecta negativamente a los servicios públicos.

Como pueden comprobar mi optimismo, por obligación ética que decía Aranguren, raya lo patológico. El acuerdo de investidura es posible sobre el eje del pacto fiscal. Aunque para que sea realidad deberíamos entre todos mejorar la conversación pública, fijar la mirada en el huevo y no el fuero. Y, lo más difícil, evitar que el agravio comparativo marque la agenda. Eso es especialmente exigible a quienes en las izquierdas les prestan más atención a los agravios comparativos territoriales que a las desigualdades de clase.