Ni tan mal. No es una derogación total, ni recupera las indemnizaciones por despido, ni acaba con la potestad de los empresarios para modificar sustancialmente las condiciones laborales del trabajador, ni aborda la primacía del convenio autonómico sobre el estatal… Pero limita, sí, la temporalidad en el empleo e incluye sanciones para los incumplidores, además de suprimir el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos.
Hay acuerdo sobre la reforma laboral y en estos tiempos de bronca, disenso y polarización ya es motivo de celebración. No lo festejarán, claro, los enemigos del pacto, los folloneros de la política, los agoreros o los nostálgicos del Apocalipsis. Pero siempre es mejor un acuerdo que recupere derechos para los trabajadores que un marco laboral que los suprima y sea impuesto de forma unilateral, como hizo la derecha hace diez años. Si la entente es a tres bandas, como pedía Bruselas, mucho mejor.
Un alineamiento, aunque sea de mínimos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, no es baladí con los tiempos que corren y la presión que la derecha política y mediática ha ejercido sobre el líder de los empresarios para que no diera oxígeno a Pedro Sánchez. O a Yolanda Díaz. En esto de la reforma laboral, da igual uno que otro porque ambos forman parte del mismo gobierno y los éxitos, igual que los fracasos, son compartidos. O debieran serlo, aunque ya esté abierta entre los socios la batalla por el relato y la paternidad del triunfo.
“La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado un nuevo e importante acuerdo entre patronal y sindicatos para una reforma laboral que mejorará las condiciones de la clase trabajadora y será un estímulo para la economía. ¡Enhorabuena!”, escribía en su cuenta de twitter el titular de Consumo, Alberto Garzón, mientras desde la parte socialista del gobierno se hablaba entre bambalinas de una “reforma descafeinada” o de “alcance limitado” como la que siempre defendió Economía.
Decíamos en todo caso que esta Nochebuena, además de hablar del exponencial aumento de los contagios por el Covid-19, de los antígenos gratis que no llegaron a todos los madrileños tal y como prometió la dama del populismo español, del supuesto boicot de los médicos a Ayuso para colapsar la atención primaria y de los insultos que la derecha regala cada semana en el Parlamento a todos los ministros, ya tenemos otro tema de conversación: el de una “ministra comunista” que arranca un mínimo común a empresarios y sindicatos en materia laboral por primera vez en 30 años. ¡Lo nunca visto!
Ya puede esconderse Garamendi en el último rincón de su Getxo natal para que no le encuentre Casado, le acuse de traidor a la patria y le incluya para siempre en la lista de amigos de los bolivarianos. De Abascal, no hablamos, porque quizá propone que el próximo pleno del Congreso le declare persona non grata.
El triunfo del acuerdo con los agentes sociales da oxígeno a Pedro Sánchez, tras las críticas unánimes a su inacción ante la imparable sexta ola de la pandemia, aumenta el malestar de la derecha con el presidente de la patronal y permite, sobre todo, a Yolanda Díaz sumar un nuevo éxito con el que inaugurar su plataforma electoral. Y esto a pesar de que la reforma no supone ni de lejos una derogación global del modelo aprobado por el PP, como defendió con uñas y dientes la ministra de Trabajo y a rebufo de ella, también algunas voces socialistas. Todos han tenido que rebajar sus expectativas en aras del acuerdo con la patronal.
Nadia Calviño seguro que no tardará en decirlo y tampoco dudará en recordar que, como ella adelantó, en efecto no habrá una derogación total, y sí “cambios equilibrados”. Ahora empieza, en todo caso, otra negociación que tampoco será fácil, que será con los socios parlamentarios. En el trámite de enmiendas, el Gobierno tendrá que introducir nuevos cambios si quiere contar con el acuerdo, entre otros, del independentismo catalán y los nacionalistas vascos.
Pero ese será ya otro escenario, y no el que la derecha política vislumbraba para este fin de año, que era el de una negociación que descarrilara con ayuda de la patronal y no el de un acuerdo del que formase parte la CEOE como ha resultado. El Gobierno, al fin, tiene algo que celebrar y a Casado todo le sale mal.