El magistrado Josep Maria Pijuan, instructor del caso Palau, está decidido a esclarecer qué papel han tenido los partidos políticos en el vaciado de fondos en el que se acusa al expresidente del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y a su socio, el exdirector general de la institución Jordi Montull, de expoliar más de 30 millones de euros de las arcas de la fundación. Concretamente, Convergència Democràtica (CDC), el socio mayoritario de la federación nacionalista CiU, presidida por el también presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El juez Pijuan y el representante de la Fiscalía Anticorrupción en el caso consideran un hecho que, en el caso de Convergència, el Palau ejerció de mediador para el pago de comisiones de la constructora Ferrovial al partido a cambio de la concesión de diversas obras públicas de administraciones controladas por CDC hasta 2003, especialmente por el último Gobierno de Jordi Pujol.
La primera consecuencia de peso llegó la semana pasada, cuando el juez Pijuan dictó un auto en el que exigía una fianza de responsabilidad civil a CDC de 3,3 millones de euros. El auto del juez está fechado el 18 de julio, aunque no fue comunicado a Convergència hasta el día siguiente. Aunque daba al partido de Artur Mas la posibilidad de recurrir, le exigía que depositara la fianza en un plazo de 24 horas con la amenaza de embargar sus bienes por ese importe aunque el partido apelara.
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Así que CDC presentó un aval sobre su sede de la calle Còrsega de Barcelona para responder de las responsabilidades civiles. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, también se erigió en portavoz del partido al anunciar que recurriría por la falta de solidez de las pruebas. El juez Pijuan afirma en el auto que le impone la fianza a CDC porque:
En el auto, el juez Pijuan señala a dos extesoreros de Convergència, el fallecido Carles Torrent, y el exdirigente de CDC, Daniel Osàcar, como las personas que recibieron en diferentes partidas esos 3,3 millones de euros. Pero los nombres más significativos son los que no da cuando afirma que toma su decisión a petición del fiscal Sáchez-Ulled de formar pieza separada en la causa para la investigación de un posible delito de tráfico de influencias cometido por cargos electos de Convergència Democràtica. A diferencia de Homs, Pijuan considera que de las primeras investigaciones se deduce perfectamente que Millet y Montull entregaron el dinero a Covergència tras recibir el Palau donaciones equivalentes de la constructora Ferrovial por la adjudicación de diversas obras públicas:
Pues, bien, aunque el juez no especifica quiénes son esas personas afines a Convergència, está claro que se refiere a dos personas que actualmente forman parte del Gobierno de Mas, el consejero de Interior, Felip Puig, que era secretario general de CDC y consejero de Obras Públicas en el último Gobierno de Jordi Pujol, y el actual consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, que era alcalde de Sant Cugat del Vallès en aquella época. Así se entiende que tanto el juez como el fiscal hayan encargado las investigaciones del caso al Cuerpo Nacional de Policía, para aclarar si hubo o no financiación ilegal del partido, cuando lo más lógico habría sido encargárselas a los Mossos d'Esquadra. Los Mossos están hoy bajo el mando de uno de los más nítidos objetivos de la investigación, el consejero de Interior, Felip Puig.
Una sede con historia
Llama poderosamente la atención que CDC haya garantizado sus eventuales responsabilidades civiles con su propia sede. El partido adquirió el inmueble en 1999, cuando era la muleta del Gobierno de José María Aznar en Madrid. Se lo compró a la desaparecida eléctrica Enher, hoy parte de Endesa, que en aquel momento se estaba fusionando con Fecsa, en una operación auspiciada por Aznar y con la colaboración de CiU, que logró obtener para Cataluña las competencias necesarias y colocar a hombres de su más absoluta confianza en los consejos de administración de ambas compañías.
La adquisición de la sede ya levantó polvareda en Cataluña hace 13 años. Sobre todo porque el edificio fue adquirido a un precio muy inferior al de mercado según la tasación oficial. CDC lo compró por 450 millones de pesetas (unos 2,6 millones de euros), cuando estaba tasado en 636 millones de pesetas (3,8 millones de euros). Convergència también adquirió el inmueble de al lado, que pertenecía a la empresa Jurídica Manresana, por 175 millones de pesetas (1,2 millones de euros) cuando estaba tasado en 273 millones.
Según denunció en su día el grupo de Iniciativa per Catatunya en el Parlament, CDC pagó 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) menos de lo que costaban aquellos edificios. En aquella época empezaba su carrera en la administración el único hijo de Jordi Pujol que se ha dedicado a la política activa, Oriol Pujol, hoy portavoz de CiU en el Parlament. Primero como secretario general de asuntos interdepartamentales y más tarde como secretario general de Industria, a las órdenes de su tío Antoni Subirà. Industria era precisamente el departamento encargado de la supervisión de las eléctricas.