Dice la ciencia que una supernova es la explosión más grande jamás contemplada; que, en una determinada modalidad, es la explosión de una estrella masiva a modo de “último hurra”, de “traca final” de una estrella masiva moribunda. Y dice que también puede producirse en otra modalidad, cuando en una estrella enana blanca se desencadena una fusión nuclear descontrolada. Y en ambos supuestos el objeto original —la estrella masiva o la enana blanca— se colapsa o se destruye por completo, pudiendo convertirse incluso en un agujero negro.
En todo caso, una supernova genera siempre una luz que puede eclipsar a su propia galaxia durante días y hasta algunos meses. Esa luz es tan brillante y surge tan de repente en el espacio que antes se pensaba que era una nueva estrella. Pero no, no es tal, sino que simplemente es el último estertor de una estrella que brilla al morir, pero cuyo brillo va perdiendo intensidad hasta desaparecer en poco tiempo. Es como si esa estrella eligiera brillar al quemarse antes de desaparecer silenciosa y oscuramente.
Y no, no crean que se trata de un fenómeno más o menos frecuente, pues la astronomía cree que en nuestra Vía Láctea solo se producen dos o tres supernovas por siglo. De manera que, si asisten a una, si la verdadera luz les interesa, por favor, préstenle la máxima atención, pues es muy posible que no puedan presenciar otra.
Yo, sinceramente, estoy muy atenta porque creo que estoy asistiendo a la gestación de una supernova, una que brillará unos días en los medios de comunicación y desaparecerá —por enésima y puede que última vez—, dejando un profundo agujero negro del que será casi imposible salir.
Porque sí, ciertamente el CGPJ va camino de su gran explosión, de la definitiva, de la que no se sale. Y lo veíamos venir, naturalmente. Un órgano que lleva cuatro años y cuatro meses prorrogado, caducado o como se le quiera llamar, pero en todo caso, en una situación lastimosa, moribunda y totalmente indigna y desprestigiada. Yo, sinceramente, creí que la gran explosión ocurriría en octubre pasado, al dimitir o renunciar su presidente, Carlos Lesmes, para, según sus propias palabras, no convertirse “en cómplice de una situación” que aborrecía, situación “que debilita y erosiona las principales instituciones de la Justicia española”, tras amagar con ello en septiembre, en el acto de apertura del año judicial, y en otras ocasiones anteriores.
Sinceramente, consideré que la renuncia de Lesmes era una nueva oportunidad, una puerta abierta a decisiones similares de otros miembros del CGPJ, con esa misma finalidad de dejar de ser cómplices del desprestigio de la institución y de “dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la justicia como servicio público, como el de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir” —todo ello en términos de un comunicado de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia de 10 de octubre de 2022, reiterando otros llamamientos similares realizados en momentos anteriores—.
Huelga decir que no ha ocurrido así. Ni a partir de octubre de 2022 ni antes de ese momento. Ni un/a solo/a vocal ha tomado hasta hoy ese camino. ¡Y bien que podrían haberlo hecho! Bueno, salvo esta pasada semana Concepción Sáez, que habría presentado —tarde, desde luego, unos años tarde— por escrito su renuncia al presidente, que aún debe aceptarla.
Renuncia que, sin duda, habrá generado, según intuyo, una situación cuando menos “incómoda” para quienes aún siguen formando parte de un órgano debilitado, desprestigiado y en una situación manifiestamente anormal. Y es que, en un primer momento, como ya es sabido, habría habido un paso al frente, un intento o, al menos, propuesta de dimisión o renuncia de todo el llamado “grupo progresista”, aunque esta primera reacción ya no es, según se dice, tan segura o tan firme en estos momentos.
Se apelaría ahora, al parecer, por algunos vocales, a que una renuncia colectiva —o incluso individual— de estas características no conseguiría el objetivo de forzar la renovación automática del órgano y que podría incluso ser un acto ilegal. Interpretación que, en una entrevista en un medio de comunicación el pasado viernes, rechaza quien fue presidente del CGPJ entre 1990 y 1996, Pascual Sala, entendiendo que no habría ilegalidad alguna ni administrativa ni de otro tipo por tales dimisiones ni por la aceptación que de las mismas pudiera hacer el actual presidente, y recordando que en 1996 se actuó de esta manera y que se produjo la renuncia de un número de vocales tal que el CGPJ carecía de quórum para actuar en Pleno, lo que llevó a su inmediata renovación.
Pues bien, el martes tendremos una decisión, o así es de esperar. Una decisión que se está demorando demasiado una vez más. No sé si porque se valoran como escasos sus efectos reales en el funcionamiento del órgano e incluso como improbable una inmediata y siempre constitucionalmente obligada reacción política para su renovación o porque se calculan las consecuencias “personales” que en cada cual va a tener, sin duda alguna, tal renuncia.
Y lo que es de esperar, por mi parte, es que se tome la decisión de seguir el camino de Lesmes y Sáez, si se quiere mantener el mínimo prestigio y la mínima dignidad que puede que aún queden al CGPJ y a sus actuales miembros, aunque no sean los primeros responsables de este panorama. De no ser así, prefiero evitar ahora los adjetivos que podrían utilizarse para describir, una vez más, la situación.
Confío, aunque con una muy ajada y diluida confianza, en que la estrella no explote ni desaparezca tras brillar intensa pero temporalmente. Siempre es tentador el brillo, siquiera sea momentáneo. Aunque también es posible que, con esa explosión, se perdiera realmente muy poco y que, por el contrario, se ganara por fin la gran ocasión de repensar este complicado y discutido órgano, cuando ya no le interesara a nadie.