Designado ya –por fin– el nuevo CGPJ por quienes tienen, hoy por hoy, atribuida tal función, esto es, el Congreso de los Diputados y el Senado, entiendo oportuno y necesario un ejercicio de recapitulación de lo ocurrido en torno a esta cuestión en los últimos casi seis años, si bien algunas de las reflexiones servirían igualmente para procesos anteriores ya olvidados.
Para comenzar, este proceso, contra lo que se dice en ocasiones, no es responsabilidad directa de los vocales del CGPJ, sino de los grupos parlamentarios y del Parlamento en su conjunto. Pero, en todo caso, ha sido duro y lastimoso contemplar el papel de los veinte vocales y del presidente, manteniéndose en el cargo con unas competencias muy disminuidas y en esta situación agónica, lo que los ha hecho responsables indirectos, pero imprescindibles, de esta situación. Y lo que es de resaltar, por mi parte, es que, tras la impecable dimisión del presidente Lesmes, en otoño de 2022, solamente la vocal Sra. Sáez, dejó su cargo, en la primavera de 2023. Nadie más en ese órgano –progresistas o conservadores o como quieran calificarlos– ha tomado la decisión de seguir el camino de Lesmes y Sáez, renunciando así a mantener el mínimo prestigio y la mínima dignidad que aún quedaran al CGPJ y a sus concretos miembros, aunque no hayan sido, en absoluto, como ya he dicho, los primeros responsables del espectáculo al que hemos asistido.
¿Y qué cabe decir de un proceso iniciado en el año 2018, con la elección judicial interna para las candidaturas a vocal del CGPJ?. Cuando ya han pasado casi seis años, con cambios trascendentales tanto en la composición de la propia carrera judicial como en la del Congreso y el Senado, siendo ésta ya la cuarta legislatura –puede incluso que haya contado mal– desde aquel momento. Y cuando el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevé que “Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”. ¿No era este un asunto pendiente y no tendría que haberse iniciado desde el punto de partida, esto es, desde la elección judicial interna de las candidaturas para así adecuarlas a la situación actual? Entiendo que sí, que así debió haber sido, aunque ello no habría solucionado en modo alguno los graves problemas antedichos, pero habría contribuido, al menos, a actualizar tales candidaturas.
Un proceso inusitadamente largo, que, si algo ha evidenciado, ha sido la manifiesta y muy preocupante incapacidad de las instituciones llamadas constitucionalmente a realizar dicha designación para superar dificultades, apartar intereses partidistas y responder a sus obligaciones, con independencia de la situación política que, no se puede negar, ha sido complicada en los últimos años. Incapacidad que, por más que la renovación del CGPJ haya culminado finalmente, es bien obvia en el modo en que este proceso se ha desarrollado y finalizado.
Y es que, con independencia del debatido sistema vigente de designación del CGPJ –de sus doce vocales judiciales, concretamente– y de la opinión que se tenga al respecto, conviene recordar que el Tribunal Constitucional ya advirtió en su Sentencia 108/1986 del riesgo “de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido)” y el riesgo de que las Cámaras “actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”, señalando finalmente que se ha de “mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.
Cámaras que han estado absoluta e inexplicablemente ausentes de todo este proceso que, como se ha comprobado, ha sido negociado entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –aunque no está muy claro si lo ha hecho en ésta u otra condición, a saber– y un alto representante del PP. Y solamente cuando el plato estaba totalmente cocinado es cuando las presidencias de las cámaras han convocado a las mismas a los solos efectos de bendecir aquel acuerdo. Materializando así los riesgos antedichos y obviando sin rubor ni escrúpulo alguno a todos los grupos parlamentarios, incluidos los que sostienen al Gobierno y los que se sitúan en la oposición. Como en los procesos anteriores.
A lo que debe añadirse que esos otros procesos de designación – incluido el actual– han dejado a la luz todos los vicios que habrían podido imaginarse. En efecto, de un lado, se ha vuelto a producir un “reparto” numérico o de cuotas de los veinte vocales a designar, sean judiciales o no, entre varios grupos parlamentarios –o partidos, mejor dicho– y, de otro lado, ni siquiera se ha producido la intervención de tales grupos parlamentarios sino, realmente, la de los líderes de los partidos mayoritarios, con lo que también quiebra la llamada “legitimidad democrática”, por más que luego tales decisiones se ratifiquen o “bendigan” disciplinadamente en las cámaras, como así ha sido igualmente en esta ocasión.
Claro que no es el único terreno en el que el parlamentarismo se muestra en claro retroceso y en los brazos de los partidos políticos, pero, en todo caso, ahora se ha visualizado nueva y gravemente durante todo este trascendental proceso.
Hay, no obstante, un elemento a subrayar de manera positiva. Se trata del nombramiento de quien ostente la presidencia del CGPJ. En las anteriores renovaciones hemos asistido al más que bochornoso espectáculo de que los partidos que pactaban –siempre PSOE y PP, en el orden que prefieran– también acordaban el nombre de la persona que presidiría este órgano –les ahorro el bochorno de contarles más detalles–. Pacto al que se sumaban sin pudor los vocales del CGPJ, haciendo suya aquella decisión entre partidos, renunciando así a la primera competencia que tienen legalmente atribuida. En esta ocasión, no ha sido así –no hasta ahora, al menos–. Pues bien, es esperanzador –a algo hay que agarrarse, aunque sea muy ingenuamente– que, en principio, los miembros del CGPJ mantengan –¡qué menos!, aunque inexplicablemente no siempre haya sido así– su plena autonomía. Sinceramente espero no tener noticias de que las cosas hayan sido de otra manera.
Y ahora, a arrancar de verdad. Tiene el CGPJ pendientes muchas y muy relevantes cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía. Y, sobre todo, el objetivo irrenunciable de intentar que este órgano sea realmente confiable en relación con el gobierno democrático del poder judicial. Lo que solamente se producirá si se gana a pulso su prestigio luchando día tras día por hacer realidad el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de quien acude a los tribunales –léase creación de órganos judiciales, ampliación de plazas…, o sea, incremento presupuestario–, así como determinando los criterios objetivos y transparentes para todos los nombramientos que ha de realizar – algo inexistente hasta hoy, aunque parezca mentira–, y fijando de una vez por todas, como el Tribunal Supremo ha condenado a este órgano, a a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral. Se pueden añadir otros objetivos, sin duda, pero están en éstos...
En fin, tarea importante para la que – o ahora o nunca– confío en las personas que componen el CGPJ. Porque, aunque no las conozco a todas, no entendería que no compartieran estos fines. O, si no, ¿para qué se han promovido a tal función?
Y, en lo que me afecta, agradecida siempre a quienes han tenido que vivir tiempos tan complicados como miembros anteriores del CGPJ –me consta que no ha sido fácil para nadie y que, discrepancias al margen, han trabajado diariamente con dedicación absoluta–.