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Ciencia económica y auditorías ciudadanas municipales

Economistas Sin Fronteras

Daniel Rodríguez Lombardero —

Desde el comienzo de la última crisis, tanto la mayor sensibilización ciudadana como la creciente capacidad crítica hacen más útil que nunca la desinteresada labor pedagógica que se desarrolla por cauces alternativos. El acceso a la información y las posibilidades de autoformación que ofrecen diversos colectivos ciudadanos inundan las redes sociales y ocupan los espacios comunes.

Desde por una Auditoría Ciudadana de (PACD), de cuya constitución se cumplen dos años el próximo mes de marzo, se desarrollan diversos trabajos de contenido y difusión en forma de materiales gráficos y audiovisuales, talleres, campañas e informes, mediante los que se pretende llamar la atención de la ciudadanía y favorecer su empoderamiento a través del conocimiento de los orígenes del nivel de endeudamiento alcanzado. La insostenibilidad del actual modelo económico y social y el mecanismo de la deuda sobre el que se ha consolidado suponen una gran oportunidad para extender y alcanzar el objetivo de denuncia, determinación y no pago de la deuda ilegítima.

A partir de los datos provenientes de las fuentes oficiales, es un hecho que el sobreendeudamiento, incluso después del proceso de socialización de pérdidas de las entidades financieras, es fundamentalmente privado y no público. Es también un hecho que son las multinacionales y entidades financieras las que más se han lucrado durante los años previos a la crisis, al tiempo que generaban las burbujas cuyas consecuencias padecemos. O que las tres cuartas partes de la deuda que soportan los hogares (más que triplicada durante la primera década del siglo) son debidas a la adquisición de una vivienda. Por supuesto que el debate a la hora de concretar la ilegitimidad de la deuda, como debate político que es, ha de estar abierto a múltiples matices, pero es evidente que, a partir de no tan complejos análisis, con la voluntad política necesaria, se pueden plantear alternativas para la solución de este problema global que, eso sí, harían soportar los mayores costes de los impagos a otros muy distintos de quienes los asumen hoy día.

Mientras, los recortes del insuficiente gasto social cuando más necesario resulta se tratan de justificar con el innegable derrumbe de los ingresos. Pero no se puede ocultar que el sistema impositivo implantado por los sucesivos gobiernos ha convertido al principio de proporcionalidad en un papel mojado más de relación con esto, es frecuente, de un tiempo a esta parte, que desde los grandes medios se presente el debate acerca de una subida (o bajada) de impuestos pasando de puntillas sobre si se trata de impuestos directos o indirectos. Una omisión que desmiente la supuesta intención del poder político y la banca de divulgar entre la ciudadanía un saber económico que nos proteja de futuras estafas.

En este contexto, un paso más allá del necesario análisis de las cifras, se desarrollan en paralelo acciones locales de denuncia, como las que se trataron, durante los días 1 y 2 de febrero, en las Jornadas por una Auditoría Ciudadana de la Deuda Municipal que organizó habló y debatió acerca de los procedimientos a seguir a la hora de aplicar esta herramienta para el conocimiento y el control y la participación que es la auditoría ciudadana.

El punto de partida de esta herramienta es la búsqueda de información y el denominador común de las experiencias compartidas, al margen de las particularidades de cada municipio y las dificultades para acceder a la información, tanto por falta de transparencia como por la ignorancia misma de los derechos ciudadanos. Sin embargo, más pronto que tarde, la determinación y la imaginación del colectivo termina por lograrlo. Constituyen ejemplos visibles, entre otros, los informes de auditoría del Ayuntamiento de Cuenca, la presentación de mociones que exigen la moratoria del pago de la deuda pública en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, o las mociones de denuncia de la ilegitimidad de la deuda generada por el plan de pago a proveedores en diferentes municipios catalanes, entre las que se incluye la aprobada por vez primera en Badalona (es importante recordar que solo a través de este plan de pago a proveedores municipales, que afecta a un tercio de los más de 8.000 municipios, las entidades financieras van a ingresar unos 1.105 millones de euros).

Mención especial merece, de cara al papel que sin duda va a desempeñar en futuras experiencias, la presentación durante las jornadas del Observatorio Ciudadano Municipal (ocmunicipal.net), web que pretende facilitar las consultas públicas hechas por ciudadanos, y que presta especial atención a las preguntas relacionadas con las partidas presupuestarias de los ayuntamientos, con el objetivo de presionar de forma colectiva a los mismos para que practiquen políticas participativas y sean más transparentes, algo tan necesario cuando se constata la precariedad de la ley recientemente aprobada en esta materia.

Por último, pero no menos importante, tuvo lugar una interesante mesa de debate abierta en la que expertos y profesionales de los medios de comunicación compartieron su visión acerca del papel movilizador que podemos esperar de los medios tradicionales, la progresiva concentración del sector durante las últimas décadas y su actual insolvencia, tanto financiera, con la banca y los fondos de inversión sentados en sus consejos de administración, como informativa, ante una ciudadanía descreída de su independencia y cada vez más usuaria de los medios alternativos.

En cualquier caso, las primeras experiencias de auditoria ciudadana que están viendo la luz proporcionan unos planteamientos que sirven de base para acometer nuevas acciones y extender la exigencia de una plena transparencia y la permanente puesta en común de la información. Como afirmaba uno de los participantes, “nos lo están quitando todo y tenemos que perder el miedo a hablar de lo que nos pasa, de lo que conocemos y de lo que vamos descubriendo a lo largo del proceso”.

Detrás de los pasos dados, los métodos empleados, las barreras y las recomendaciones para los nuevos procesos de auditoría, el factor determinante no es el conocimiento técnico. Quienes los impulsan hacen y se hacen preguntas, se despojaron de la carga del “no hay alternativa” y contribuyen a liberar a la economía de su secuestro. Frente a la parálisis que a veces provoca el sentirnos expuestos a un destino incierto, la auditoría ciudadana de la deuda municipal es un gran oportunidad para tomar la iniciativa.

Los materiales y ponencias de las Jornadas están disponibles en www.auditoriaciudadana.net.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.

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