Acabamos el año con dos buenas noticias: una, la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid de la querella presentada por Izquierda Unida contra la delegada del Gobierno en esta ciudad, Cristina Cifuentes. Noticia, a su vez, doblemente buena: por un lado, porque la responsable de los abusos policiales vividos en Madrid en los últimos meses y de la violencia desatada por los cuerpos de seguridad a su cargo es imputada a causa de ello; por otro, porque supone que quedan jueces fiables, lo que significa que todavía podemos confiar en que la Justicia se imparta, a pesar de haber caído en las manos de un ministro, Ruiz-Gallardón, que ha convertido la Justicia en algo que se recauda.
IU acusó a Cristina Cifuentes de “un delito contra la Administración pública por prevaricación”, además de otro delito de “falsedad documental” y de “delitos contra la Constitución”. Y el Juzgado lo ha admitido. Es decir, la delegada del Gobierno en Madrid pasa a ser reconocida como una (presunta) delincuente. Y entre sus (presuntos) delitos se encuentran algunos cometidos contra ciertos derechos, como el de manifestación, refrendados por esa Constitución con la que tanto se les llena, sin embargo, la boca cuando les conviene, en la línea hipócrita de esas damas de hierro de una derecha sin principios, que interpretan las realidades a su antojo: para otro clamoroso ejemplo, el de Esperanza Aguirre, quien, al regreso de Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de prisión, ha declarado que el dirigente de Nuevas Generaciones del PP no es un delincuente según las leyes españolas. Por más que el homicidio imprudente sea, por supuesto, un delito en España. Por más que haya sido cometido conduciendo a mucha más velocidad de la permitida y sin puntos en el carné. Por más que haya costado la vida a dos personas. Rasero de barro, el de las damas de hierro.
Cristina Cifuentes ha permitido que en 2012 el centro de Madrid se convirtiera en un campo de batalla, en un escenario de disturbios que solo a ella, en nombre de los suyos, interesaba. Con aviesa intención, la delegada ha pretendido demostrar que las protestas en Madrid eran violentas, cuando la realidad ha sido que la población madrileña ha reaccionado a los continuos ataques de su Gobierno y de sus efectivos policiales con una resistencia encomiable y hasta sorprendente en su moderación. Como bien ha declarado IU (el único partido, por cierto, del arco parlamentario que ha levantado la voz ante estos ataques), la manifestación contra los recortes del pasado 27 de octubre “se desarrolló en todo momento de forma pacífica”, pese a lo cual “cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de policía y obligadas a identificarse bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”. Cabe recordar la violencia policial sufrida el 25 y el 26 de septiembre, con el claro objetivo por parte de la delegada de que la protesta no siguiera siendo multitudinaria.
Obligar a manifestantes pacíficos a identificarse, como ha sucedido en Madrid (y en otras ciudades con delegaciones del Gobierno de la misma calaña represora, como Barcelona y su recolocado Felip Puig), apuntar su filiación, multar con 500 euros su presencia en concentraciones y manifestaciones, expedientar, es propio de regímenes autoritarios, está más cerca de una dictadura que de una democracia. Hasta 300 personas han recibido expedientes sancionadores por su participación en las legítimas protestas; entre ellos, los diputados de IU Alberto Garzón y Ricardo Sixto. Cifuentes ha pretendido criminalizar a los ciudadanos que ejercían sus derechos constitucionales. Si la Justicia es justa, le saldrá el tiro por la culata. Y se podrá dar con un canto en los dientes: los ciudadanos, que nos defendemos con las únicas armas de la voz y de la ley, corremos el riesgo de un balazo en el ojo.
No olvidemos que aún sigue en prisión preventiva el joven vallecano Alfon, detenido en las inmediaciones de su domicilio el 14N, día de la huelga general. No parece casualidad que Alfon pertenezca a la peña rayista Bukaneros y que haya mostrado con ellos una pancarta en la que se hacía alusión al paradero desconocido del marido de Cifuentes, acusado de delitos económicos. Parece una medida vengativa, paramilitar, mafiosa. Está claro que algo huele a podrido en la Delegación del Gobierno en Madrid.
La otra buena noticia para terminar el año viene de Islandia (un lugar que ha ejercido las veces de mítico, y lejano, referente para nosotros): los exdirectores del banco Glitnir, Larus Welding y Gudmundur Hjaltason, han sido condenados a nueve meses de prisión por sus actuaciones bancarias, que derivaron en la quiebra de la entidad. Hace unas semanas, el también islandés Kristin Hrafnsson, portavoz de Wikileaks, visitó Madrid para participar en el Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal. En su intervención, insistió en que la única manera de hacer frente en la actualidad a los poderes políticos y económicos es seguir saliendo a la calle, protestar, manifestarse, plantar cara, no tener miedo. La Delegación del Gobierno, con su (presunta) delincuente a la cabeza, insistirá a su vez en intimidarnos, en agredirnos, en reprimirnos, en la línea fascistoide de lo que esta derecha llama “regular”, “modular” los derechos de huelga y manifestación. Pero los tiempos están cambiado, el sistema de banqueros culpables y de políticos corruptos está siendo juzgado, y no debemos desfallecer: es la única posibilidad de que los próximos que veamos en la cárcel no sean solo los de Islandia.
Por eso, en términos políticos, la felicidad que deseo para el 2013 es la de la fuerza, la de la unión, la de la organización, la de la resistencia: la grandeza de la política pequeña, es decir, la de los ciudadanos activos, valientes, frente al abuso de poder y la indolencia de lo que Juan Carlos de Borbón denominó, en su discursito navideño, “política grande”. La de los políticos ladrones, mentirosos, delincuentes. Esa bajeza.