En esta época de gran conflictividad social y tensión en las calles, Convergència i Unió tiene la solución: mano dura y más poderes para la policía. Josep Antoni Duran i Lleida ha presentado una moción en el Congreso “para reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de la multireincidencia y la violencia callejera”.
Se espera que la moción sea aprobada el jueves en el Congreso con el apoyo del PP. Para el Partido Popular, se trata de “proteger los derechos de todos”. Al PSOE “le recuerda al Código Penal del franquismo”.
CiU propone una reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de 1992, con la intención de perseguir “nuevas conductas” delictivas, aunque varias de ellas han existido desde siempre. Incluso así lo más discutible no es que se incluya “la ocultación de rostro o la posesión de determinados instrumentos” (se desconoce cuáles), sino que también se enumere como supuestas amenazas “la perturbación del orden público, la resistencia pasiva y la desobediencia a la autoridad y a sus agentes o la obstaculización de la vía pública”.
La perturbación del orden público ya está perseguida por el ordenamiento juridico. Y resulta algo perturbador que un político considere que la resistencia pasiva supone una amenaza preocupante para la seguridad de los españoles. La obstaculización de la vía pública no es precisamente una novedad en España. Se da por definición en cualquier manifestación, autorizada o no, dado que la vía pública es el lugar donde se realizan las manifestaciones, y no los domicilios particulares. more
Parece que Duran i Lleida no se centra en castigar nuevas figuras delictivas, sino en aumentar el castigo a las movilizaciones que se producen en toda España contra la política económica del Gobierno cuando estas terminan ocasionando incidentes violentos.
El portavoz de CiU en el Congreso plantea que se establezca una “tipificación específica del delito de violencia urbana”. No es la primera vez que se utiliza este concepto. Tanto el Gobierno central como la Generalitat de Cataluña intentan en los últimos meses crear un estado de opinión que permita que se utilice en toda España la misma tipificación que se empleó en el País Vasco contra las organizaciones juveniles violentas cercanas a ETA. La discusión se inició tras los graves incidentes ocurridos en Barcelona en la huelga general, aunque el Ministerio de Interior dijo estar trabajando en esa reforma desde tiempo atrás.
“La principal medida consiste en que los desmanes de los antisistema comiencen a recibir el tratamiento penal que durante años se ha otorgado al terrorismo callejero de la kale borroka”, decía un artículo publicado en La Vanguardia en abril.
El objetivo principal es que los detenidos por actos violentos en las protestas ingresen en prisión preventiva por “integración en organización criminal”, un concepto bastante similar al de integración en banda armada que no deja al juez más opción que decretar el encarcelamiento del detenido.
El problema es que resultará difícil justificar que los detenidos por resistencia pasiva (que por definición se supone que es no violenta) puedan ser acusados de integración en organización criminal. Eso quedará para la reforma legal que Duran i Lleida pretende que sea aprobada en el Congreso.