El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una muy mala noticia. Para la sociedad en general y para Greenpeace, entre otros, en particular. Amenaza nuestros cimientos ya que incluye como infracciones administrativas de carácter grave actuaciones que están en nuestro ADN. La protesta pacífica, la resistencia pasiva han sido la seña de identidad de Greenpeace durante nuestros 40 años de historia y con ellas hemos conseguido importantes victorias para el medio ambiente y para la sociedad.
La Ley es un disparate anacrónico. Perturbar actos públicos, protestar en infraestructuras críticas como centrales nucleares y escalar edificios como acto de protesta es claramente una claúsula “antigreenpeace”. Otra vez van a por nosotros. No es la primera vez, ni probablemente sea la última. Lo intentaron en la última etapa del Gobierno Aznar y sobrevivimos a la asfixia económica, y estamos firmemente convencidos de que lo volveremos a hacer. Tres millones de personas nos respaldan en todo el mundo y aunque ahora una Ley quiera acabar con nosotros, no lo van a conseguir.
Hoy, sin ir más lejos, en Madrid, hemos escalado el edificio de Shell para pedir la libertad de nuestros compañeros detenidos en Rusia, los ya famosos #Arctic30. ¿Y la única respuesta que podemos esperar es que nos caiga una multa de 600.000 euros? Algo está muy mal cuando un Gobierno quiere aprobar una Ley para no escuchar a los que discrepan.