Para obtener el disco duro de Juan José, un administrador de web de enlaces a descargas de música, el juzgado no se limitó a pedírselo amablemente como han hecho con el PP, sino que se presentaron sin previo aviso en su casa el juez, la procuradora de SGAE con su perito informático y el secretario judicial. Las diferencias en el celo a la hora de asegurar una y otra prueba en comparación con la muy distinta gravedad de las acciones perseguidas no merece aquí ningún análisis por saltar ya a la vista de cualquiera.
Pese a que se inició de esta forma tan espectacular, Juan José salió indemne de aquel procedimiento. Nos opusimos a la medida de aseguramiento de prueba y el juzgado devolvió el disco duro sin ni siquiera analizarlo al reconocer que la prueba era inútil. Además ordenó reabrir la web de enlaces que él mismo había cerrado cautelarmente al entender tras nuestra oposición que efectivamente las webs de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual. Por si fuera poco todo lo anterior, multó a SGAE por mala fe, única sancionada en el proceso que ella misma inició.
No estaban siendo unos años sencillos para Juan José, que aunque se había desembarazado de este proceso civil tenía todavía pendiente otro penal en el que le pedían cárcel por administrar webs de enlaces. Pero la flauta que soplaba la industria en decenas de juzgados de distintas ciudades no sonó tampoco en Huelva. El juez de instrucción que llevaba el caso lo archivó al entender que su actividad no era delictiva, por las mismas razones que las dichas en varias resoluciones precedentes en casos idénticos. La Audiencia Provincial de Huelva, que estudió el previsible recurso de la industria, confirmó la resolución.
Fue en este contexto, justo cuando las noticias de la multa a SGAE tuvieron algún tipo de eco mediático por lo exótico que resultaba que la demandante fuera la única sancionada del proceso, en el que se anunció la Ley Sinde. La reforma legislativa no cambiaba las reglas del juego pero sí sustituyó a los árbitros que las interpretan. Desde su entrada en vigor, es una Comisión del Ministerio de Cultura la encargada de decidir si este tipo de páginas infringen o no derechos de propiedad intelectual.
Nadie disimuló demasiado en aquel tiempo que la Comisión que recién nacía iba a terminar diciendo justo lo contrario de lo que venían resolviendo los jueces hasta ahora: que las webs de enlaces sí infringen la propiedad intelectual. De hecho, en esas fechas apareció un listado de 200 webs de enlaces con el que trabajaba el Ministerio de Cultura y que querían cerrarse mediante esa Comisión, muchas de ellas ya llevadas a los juzgados por esos mismos hechos sin éxito para la industria.
Este asunto, que pasa desapercibido en un clima de corrupción política y crisis económica, es probablemente el caso más evidente de sustracción de competencias al poder judicial por parte del ejecutivo tras el dictado por los primeros de resoluciones que no gustaban a los segundos. Los artistas progresistas, que demuestran que lo son vistiendo chupa de cuero, aplaudieron este burdo atajo que habría escandalizado a cualquiera con unos mínimos cimientos democráticos, incluidos los contrarios a este tipo de webs, pero también al dogma de que el fin justifica el medio.
Juan José, el único administrador de webs de enlaces en España que ha sido llevado ante tribunales penales y civiles saliendo indemne de ambas vías, fue también la primera persona en ser llevado ante la Comisión Sinde. Hace un mes nos llegó una resolución que era de esperar desde que la Ley Sinde era solo un anteproyecto: que su web de enlaces sí infringe la propiedad intelectual. A la Comisión Sinde-Wert se le ha hecho saber que este caso ha sido ya estudiado por los jueces y que ellos han resuelto justo lo contrario. No ha importado.
En los tiempos en los que se anunció por primera vez la Ley Sinde, una abogada de la industria lo dejó todo muy claro. Declaró que “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”. Esta resolución que emana del Ministerio de Cultura, por lo tanto, no es que desprecie el criterio de los jueces que han visto el caso de Juan José, sino que lo corrige y endereza. La Comisión, compuesta por funcionarios a los que no se les exige ni siquiera la titulación en Derecho, está enseñando a los jueces a interpretar y aplicar correctamente la norma.
Este es el panorama que tenemos ahora en asuntos de propiedad intelectual. Si tiene éxito sin protestas ni correctivos a quien lo aplica no sería extraño que se llevara a otros ámbitos. Cuando el gobierno -éste o su hermano gemelo con el que se alterna en el poder- se dé cuenta de que funciona, no sería de extrañar que se sustraigan también competencias a los jueces en otras parcelas. Si esto pasa, los artistas llamados progresistas que apoyaron la Ley Sinde protestarán ahora los primeros, sin saber, o pretendiendo disimular que saben, que son responsables directos de ese monstruo que quieren tumbar.