Sólo encuentro un motivo para la ausencia ante las cámaras de Cristina Cifuentes: que esté recopilando las pruebas y los datos para poder demostrar que su última titulación académica de posgrado fue obtenida de forma limpia y transparente. Cifuentes debe una explicación y una explicación que responda a tal nombre, es decir, que haga comprensible a la razón los hechos incuestionables dados a conocer por este diario y que desenvuelva o despliegue -tal es el significado etimológico del término- una versión acreditada sobre lo que sucedió con su título de máster. Una explicación fehaciente, con pruebas, transparente, y que aclare de forma definitiva su honra académica y política. Algo muy distante de la bochornosa intervención que ha tenido lugar por parte de académicos de una universidad pública y que no ha conseguido sino enturbiar y complicar la ya difícil situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al contradecir incluso los datos que desde su entorno se habían dado ya a los periodistas. Los datos remitidos a última hora de la noche en un comunicado tampoco terminan de iluminar este oscuro proceso.
A mí me parece absurdo e inexplicable que una mujer con una licenciatura y un máster en su currículum sintiera la necesidad de hacer trampa para obtener un título más. Me lo parece aún más si esa mujer, con demostrada capacidad intelectual, ostenta ya en ese momento un cargo de tanta relevancia como el de delegada del Gobierno en Madrid y piensa, además, ser candidata a la presidencia de la CAM. Todo político debe saber que cualquier esqueleto, tibia o pequeño huesecillo de falange que tenga guardado en el armario va a ser rastreado y utilizado cuando más daño pueda hacer por los adversarios o por los enemigos que normalmente habitan el las propias filas. Así que, no veo necesidad y por eso espero que Cifuentes autorice a la Universidad para hacer públicas las actas, muestre su trabajo fin de máster y enumere los profesores que tuvo, las convocatorias a las que acudió y exhiba toda la trazabilidad de su trayectoria académica en la Universidad Rey Juan Carlos hasta borrar la sombra de toda duda.
Es inexorable que lo haga, o que actúe en consecuencia y dimita, puesto que la consecuencia de una mentira innecesaria -dado que tal máster no le era preciso para su actividad- es ineludiblemente que la capacidad de mentir en lo necesario o en lo que produzca beneficio se da por descontada. Ese es el motivo por el que se han visto obligados a dimitir de sus cargos tantos políticos europeos que mintieron o plagiaron. La decencia respecto a los méritos intelectuales y académicos propios es la esencia de cualquier honestidad posterior.
La investigación de este diario no sólo pone en apuros políticos a la presidenta de la Comunidad, aunque pueda ser su resultado más vistoso, sino que cuestiona otras muchas cuestiones que deberán ser aclaradas por distintas vías. En primer lugar, las alegaciones realizadas por el rector de la Universidad no han dejado palmariamente claro que no se haya cometido un delito de falsedad en documento público por parte de las personas que alteraron las notas en el sistema informático y/o en las actas que no hemos llegado a ver. Tales hechos deben ser investigados por la Fiscalía para aclarar las responsabilidades penales a que hubiera lugar tanto de autores como de encubridores o colaboradores.
Además el caso cuestiona la propia calidad de la Universidad y su control sobre los datos académicos y sobre las firmas que dan fe pública en sus títulos de la obtención regulada de los mismos. No quedará otro remedio que realizar una inspección regulada por parte del Ministerio y una auditoría independiente para asegurar la limpieza del funcionamiento interno de la Rey Juan Carlos. Son muchos los estudiantes y los posgraduados que merecen que se limpie de sospecha el sistema y se purguen responsabilidad. Sobre todo porque la conocida en Madrid como “universidad del PP”, lo cual ya es tremendo de por sí, ha sido elegida por otros conocidos cargos de la organización para cursar posgrados cuando ya estaban en política. La sombra de la duda puede cernirse sobre todos.
El mal también alcanza de alguna manera a la credibilidad del sistema público universitario español. Por ese motivo, la depuración de responsabilidades dentro del marco académico no puede ser soslayada. La mera sospecha de que el amiguismo y las corruptelas hayan podido servir para expedir títulos académicos es tan atroz que debe ser barrida por la luz y los taquígrafos.
Por último, el escándalo deja colgados de la brocha a los impolutos representantes de Ciudadanos. Los autollamados a liderar la limpieza y la regeneración democrática a través de acuerdos de gobierno y de códigos de conducta que, miren por dónde, a veces toca cumplir.
Todo está pues pendiente de esa comparecencia pública en la que Cifuentes ponga sobre la mesa todas las pruebas que sin duda tiene sobre su vida académica en la Rey Juan Carlos. Lo que es como debe ser siempre puede ser explicado. El castigo para lo contrario en todo país civilizado es el abandono del cargo político y el ostracismo en la vida pública.
Claro que este país es España y Juan Manuel Moreno, Elena Valenciano, Joana Ortega, Eva Almunia, Estela Goikoetxea y hasta Luis Roldán ya le precedieron en estos escándalos. Algunos de ellos siguen en sus cargos como si tal cosa.
Pobre país con tan pobres políticos, pobre.