Los Mercedes de las últimas generaciones llevan incorporado un dispositivo que permite detectar el posible impacto frontal con un objeto. Cuando el vehículo detecta, por ejemplo, que la distancia de seguridad con el coche que va delante es inferior a la que permitiría una frenada eficiente a esa velocidad, un triángulo rojo se enciende en el cuadro de mandos y un pitido alerta al conductor. Si la colisión es inminente, se activa un sistema de frenado automático.
Con esas premisas, hace cuatro años, un spot apócrifo de la marca nos presentaba un clase C avanzando por sinuosas carreteras con una fotografía claramente retro. Al llegar a la altura de un pueblo, un grupo de niñas jugando sale a la carretera y el sistema enciende el triángulo de alerta y procede al frenado automático del vehículo. Las niñas salen ilesas y el Mercedes sigue su camino. Mientras se acerca a otro pueblecito, vemos a un niño jugar con una cometa mientras su madre tiende la ropa. El niño, ocupado en vigilar su juego, camina hacia la carretera y avanza hacia el vehículo que esta vez no reacciona e impacta brutalmente contra el pequeño que queda muerto sobre el asfalto mientras un cuervo grazna y la madre grita con desesperación: “¡Adolf!”. La cámara se aleja siguiendo al coche en su huída y nos permite ver el letrero con el nombre de la población: Braunau am Inn. Sí, la población austriaca en la que nació Hitler. El falso spot termina con una leyenda: “Detecta el peligro antes de que suceda”.
El anuncio, realizado por estudiantes de una escuela de publicidad, no gustó nada a Daimler y produjo un gran escándalo en Alemania, pero a sus creadores se les premió en un certamen de creatividad. Y el premio es merecido. De hecho es el ejemplo más claro que se me ocurre para poner de relieve la absurda y espuria actitud que desde el Partido Popular, Ciudadanos y los medios afines se ha mantenido estos días respecto a la actuación pasada de los abogados Jaume Asens, que defendió a un yihadista que al parecer radicalizó al imán de Ripoll, y David Barrachina, que representó a Abdelkadi es Satty en un procedimiento contencioso-administrativo hace años así como del juez que le dio la razón.
Volvamos un segundo al spot. Si el dispositivo hubiera funcionado, como en el caso de las niñas, ¿algún espectador hubiera considerado culpable a Daimler-Mercedes del holocausto? Fíjense bien porque el funcionamiento correcto del dispositivo en la ficción hubiera sido necesario para que el genocida continuara con vida y los acontecimientos históricos siguieran su curso.
La teoría de la causalidad de la conditio sine qua non, es decir, aquella que contempla los elementos sin los cuales un hecho no se hubiera producido, no puede utilizarse sin matices o condiciones añadidas puesto que nos llevaría al infinito y, por tanto, al absurdo. La propia lógica nos lleva a ello sin necesidad de adentrarnos en complejas teorías de la causalidad propias del derecho penal. Los nexos entre los actos no son suficientes para crear una causalidad relevante dado que en muchos casos es la pura casualidad, y no la causalidad, la que obra. Si usted le recomienda a un amigo un vuelo muy cómodo de una aerolínea para viajar a Mallorca y ese vuelo se estrella y su amigo muere, es obvio que fue su consejo el que acercó a su amigo a esa muerte pero a nadie se le ocurriría imputarle ninguna responsabilidad, ni siquiera moral, por ello.
La responsabilidad de los atentados de Catalunya recae sobre sus autores. Exclusivamente. Sus actos de volición les llevaron a cometer los atentados en los que murieron 15 personas. Nadie tiene ninguna otra responsabilidad ni penal, ni moral, ni política por haberles dado trabajo, haberles representado ante un tribunal o haberles parido. A estas alturas quizá les parezca idiota que lleve tantas líneas explicándoles algo obvio a la luz de la razón pero no debe serlo tanto cuando los concejales del PP y de Ciudadanos han decidido pedir explicaciones políticas al abogado Jaume Asens por su trabajo profesional de hace unos años.
Daría alipori si no produjera indignación escuchar a Carina Mejías decir que es “éticamente reprobable” que Asens defendiera a Mohammed Mrabet, acusado de liderar una célula yihadista, y que fue absuelto por el Tribunal Supremo. Alberto Fernández Díaz –el hermanísimo– portavoz del Partido Popular ha tenido la desvergüenza de afirmar que ven incompatibilidades “de tipo político y ético” y que le pedirán explicaciones en el pleno.
Tales afirmaciones y planteamientos políticos sí que, desde luego, invalidan de alguna manera a los que las realizan para ostentar puestos de representación en “un Estado social y democrático de Derecho” que es como queda definida España en el artículo 1 de la Constitución Española. ¡Escúchenme bien, en el artículo 1, señores llamados constitucionalistas catalanes! Su al parecer único caballo de batalla constitucional sobre la “indisoluble unidad de la Nación Española” no aparece hasta el artículo 2. Sin embargo, su posición política y sus argumentos ad hominem en defensa de este segundo artículo en la cuestión catalana no les impiden pisotear el primero y atacar a Asens por sus posiciones políticas sin importarles socavar los principios que anteceden a todos.
Sin Estado de Derecho sobra el resto del articulado. Y sin derecho de defensa y juez predeterminado por la ley no hay Estado de Derecho posible. Los opositados y estudiados representantes de la derecha deberían saber que el imán Es Satty tendría derecho a ser defendido y a un juicio justo incluso después del atentado si hubiera sobrevivido. También ahora, un abogado tendrá que hacerse cargo de la defensa de los detenidos por los atentados. Magníficos abogados del turno de oficio prestaron su profesionalidad en la defensa de los acusados por el 11M y sin ellos nunca podría haberse hecho Justicia. No entender esto es no entender nada pero peor aún es entenderlo y pasárselo por el forro si interesa a la batalla política.
No es la primera vez que la derecha y sus medios sumisos se muestran como verdaderos antisistema a los que no les importa obviar los pilares básicos de una democracia con tal de hacer daño al adversario o al enemigo. El caso del periodismo que aplaude e incita, también es de vergüenza. Titulares como “La foto de Pablo Iglesias con Jaume Asens, abogado del adoctrinador del imán de Ripoll” –que cito a título de ejemplo puesto que ha habido muchos similares– son tan poco profesionales que merecen una referencia de los sanedrines de la deontología periodística pero me temo que, en esta ocasión, no saldrán estos con notas apresuradas.
El Consejo General de la Abogacía es consciente de la gravedad de este discurso y no ha podido permanecer callado. Mediante un comunicado se pronuncia contra lo inadmisible de tales argumentos aunque de forma paniaguada se refiere a “algunas manifestaciones publicadas por algunos medios”. Los abogados se merecen instituciones menos cobardes que estas para poner nombres y apellidos y afirmar que el tratamiento dado a las actuaciones de los letrados David Barrachina y Jaume Asens por parte de periodistas y políticos del espectro de la derecha es profundamente anticonstitucional.
Tengo que venir a decirlo yo, pero ya entienden que no es lo mismo.