El conflicto racial cada vez se hará más presente en España

El asesinato de George Floyd a manos de la policía ha provocado un estallido de protestas en contra del racismo en EEUU y que en unos pocos días se han acabado extendiendo a otros países europeos, incluido España. Pero ¿por qué estas manifestaciones se han extendido tan rápido fuera de EEUU?

El caso de George Floyd no ha sido el primero ni, lamentablemente, será el último episodio de violencia policial contra una minoría racial o étnica. En el 2005, en París, los adolescentes Ziad Benna y Bouna Traoré murieron electrocutados cuando escapaban de la policía, que los perseguía sin motivo alguno. Estas muertes fueron el preludio de los disturbios que duraron semanas en las banlieues de París, donde una gran parte de sus habitantes son descendientes de migrantes africanos, y que se extendieron con rapidez a otras ciudades francesas. De la misma manera, en 2011, estallaron en Londres disturbios después de que un policía matara de un disparo a Mark Duggan, un joven de origen afrocaribeño. Al igual que en el caso francés, los disturbios comenzaron en la capital, pero acabaron extendiéndose por toda la periferia urbana en Inglaterra.

Lo que es común en todas estas protestas es que se iniciaron después de una expresión extrema del racismo institucional, como es el trato que las minorías raciales o de origen inmigrante reciben por parte de la policía. El racismo institucional, a diferencia de las actitudes racistas individuales, se manifiesta a través de un conjunto de políticas, prácticas o procedimientos que mantienen en una situación de subordinación a las minorías raciales o de origen inmigrante. Muchas veces este tipo de racismo actúa de forma muy difusa, pero se encarga de legitimar el racismo individual.

El racismo institucional se concreta de diferentes formas. Por ejemplo, las conductas discriminatorias de los funcionarios, como puede ser el hecho de que las personas racializadas tengan más posibilidades de ser paradas por la policía que el resto, o que se ejerza mucha más violencia contra ellas (en Londres las personas negras tienen cuatro veces más probabilidades de usar la fuerza contra ellos) o sean criminalizadas de una manera preventiva. También se considera racismo institucional el etnocentrismo cultural que estructura las políticas sociales y orienta la intervención social ya sean en el ámbito social, sanitario o educativo.

Este etnocentrismo provoca que desde los poderes públicos no se haya pensado en vías para que personas con otro idioma, otra cultura y de entornos pobres puedan acceder a la información de ayudas u otro tipo de servicios. Los prejuicios racistas de los trabajadores sociales también pueden contribuir a este racismo, ya que pueden hacer que se valore negativamente a la persona racializadas o de otras culturas y que consideren que no son legítima para recibir ayudas o para la crianza de sus descendientes. En tercer lugar, hay muchas medidas o normas que limitan los derechos sociales, políticos o económicos de las personas según su lugar de nacimiento, raza o etnia. Éstas pueden ir desde la restricción de derechos para acceder a la sanidad o prestaciones sociales, hasta la prohibición del acceso a espacios por llevar hiyab, como sucede en algunos países europeos. En este sentido, han sido muy comentadas las políticas llevadas a cabo en el Reino Unido llamadas de “ambiente hostil”, cuyo objetivo era dificultar la vida de los inmigrantes. Una de las medidas era que los arrendadores debían controlar el estado migratorio de los inquilinos. Esto, aparte ser una barrera explícita para los migrantes, afectó también a los ciudadanos británicos racializados, a los cuales se les redujo la oportunidad para alquilar viviendas. 

En España el racismo institucional también está presente. Se manifiesta en las barreras para poder acceder a servicios sociales o en la violencia policial que sufren las personas racializadas o de origen inmigrante. Idira, el centro por la defensa de derechos humanos, recogía algunos de los casos. En España, sin embargo, la discriminación a minorías étnicas o inmigrantes ha tenido hasta ahora menos protagonismo en el debate público. A diferencia de los países nombrados, España no comenzó a recibir flujos migratorios internacionales hasta finales de los 90 y, con la excepción de la minoría gitana, la presencia de otras minorías étnicas ha sido menor. Los inmigrantes racializados han llegado, en términos históricos, hace relativamente poco, mientras que en otros países llevan décadas recibiendo migrantes, si es que no formaban parte de la génesis del país como, por ejemplo, los afrodescendientes en el caso de EEUU.

Esto tiene implicaciones ya que es justo ahora cuando ciudadanos españoles con ascendencia de otros lugares empiezan a tener mayoría de edad. Éstos además, tienen sentimientos de pertenencia y ciudadanía fuertes, con lo cual el sentimiento de agravio si su país sistemáticamente les discrimina por su raza o su etnia puede ser mayor que el de las personas inmigradas. Esto puede hacer que este tema sea uno de los ejes en la esfera pública y se movilice mucho más en relación a este aspecto. Además, estas acciones pueden estar auspiciadas tanto por organizaciones y sindicatos que los inmigrantes se han encargado de tejer en todos estos años, como por el movimiento feminista que aboga por la interseccionalidad.

Aunque diversas encuestas muestran que el racismo percibido por las minorías de origen migrante en España es menor que en otros países, este racismo individual puede verse incrementado por la movilización de partidos de extrema derecha xenófobos como lo es Vox, que hasta ahora se han centrado, principalmente, en el tema catalán. Es importante, por tanto, que los poderes públicos apliquen esta mirada antirracista en todas las políticas públicas que elaboren y fomenten la formación antirracista de todos los funcionarios para que de esta manera también se vaya deslegitimando el racismo y la mirada que aún acarreamos.