No es la primera vez ni será la última. El caso de Murcia en el que la Fiscalía y las defensas llegan a un acuerdo para que los siete acusados de tener relaciones sexuales con niñas de entre 13 y 16 años a través de una red de prostitución no entren en la cárcel al verse reducidas sus penas, es una de las muchas conformidades que dan la espalda a las supervivientes de la violencia machista, de la violencia sexual. Mientras crecen los delitos sexuales un 14,8% y cuatro de cada diez víctimas son menores de edad, los acuerdos de conformidad, no solo en los casos de violencia sexual sino también en los de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, están a la orden del día. Da igual la víctima, basta con que los acusados reconozcan los hechos al estilo del rey emérito.
Así ha sucedido también en el caso de Murcia, ha bastado que reconozcan los hechos, o mejor dicho ha bastado un “sí” a la pregunta: ¿reconoce los hechos que se le imputan? Diez años después de la comisión de los hechos, la tardanza de la celebración del juicio y el atasco judicial sirven como excusa, y lo que es peor es que atenúan hasta tal punto la condena a los responsables, tanto los empresarios que solicitaban niñas para tener sexo como las mujeres que lideraban la red de prostitución, los taxistas que las llevaban y el hostelero que alquilaba las habitaciones, que hace desaparecer la condena, los lleva a quedar impunes.
Es lamentable el argumento de la fiscalía de que lo que ha motivado la conformidad en este caso ha sido la dilación en el tiempo hasta la celebración del juicio. Esta olvida por completo a las supervivientes y la reparación a estas si no las tiene en cuenta ni respeta los principios de lo que es una justicia restaurativa. Además de saltarse los relativos a la reinserción y reeducación, objetivos a los que deben estar orientadas las medidas de seguridad y privación de libertad que contempla nuestra Constitución para los reos y culpables. Eso no tiene nada que ver con la figura de esta y otras conformidades a las que se llega continuamente en los juzgados antes de entrar a sala y en las que las víctimas no son informadas ni tenidas en cuenta.
Supervivientes de violencias machistas que son silenciadas y ninguneadas con acuerdos de impunidad para sus agresores, que se hacen entre fiscales y abogados de espaldas a la finalidad de las leyes integrales y de la erradicación de la violencia que promueven los instrumentos internacionales. Además de una investigación y resolución judicial, estos exigen garantías de no repetición y reparación. ¿Dónde están estas en el caso de Murcia? No deja de ser paradójico que los hombres imputados fueran empresarios y las trece niñas pertenezcan a entornos empobrecidos y vulnerables. La justicia no es esto, o sí… Clasismo, aporofobia, adultocentrismo y… putofobia destilan esta conformidad.
El caso Alves nos trajo muchas lecciones a reproducir tanto en la investigación del caso como en su defensa, una de ellas fue respetar la dignidad y la voluntad de la chica víctima de la agresión sexual del futbolista. Esta rechazó el acuerdo de conformidad que pretendía la defensa de Dani Alves ante las secuelas “irreparables” que sufría, secuelas que tiene todos los delitos contra la libertad sexual. Pero, además, si estos se producen contra personas menores de edad, en situaciones de especial vulnerabilidad y a través de una organización criminal, lo que tendría que haber pedido la fiscalía no es la conformidad sino la agravación de las penas, la celebración de la vista, la reparación a las víctimas y, por supuesto, la inhabilitación especial para cada uno de estos sujetos para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.
Pero estos hechos, su narración, la toma de declaración a los acusados y los testimonios de las niñas (ahora jóvenes) han quedado silenciados con la conformidad de la fiscalía. La celebración de la vista oral, y se está viendo en el caso de Pelicot en Francia, también puede llegar a ser parte de la reparación a las víctimas, de la reeducación de los agresores y de las garantías de no repetición de estos hechos por otros si se siguen los procedimientos legales y se respeta el objeto de las leyes, si se vela por las supervivientes de la violencia. La conformidad del caso de Murcia donde al menos trece niñas menores de 16 años fueron víctimas de una red de prostitución que contrataban empresarios es sinónimo de impunidad. Aparte de impunidad, los señores empresarios que piden “niñas nuevas” para tener relaciones sexuales con ellas tienen un trastorno grave que debería ser tratado, de eso también debería haberse asegurado la fiscalía.
Claro que este caso genera alarma social, el riesgo ahora es caer en la trampa del punitivismo una vez más. Y no, es la defensa y la búsqueda de una justicia restaurativa la que nos debe guiar en estos casos, tanto a las y los profesionales de Derecho como a las juristas feministas y al movimiento feminista. Una justicia donde las mujeres tienen la posibilidad de recuperar su voz, no como víctimas sino como supervivientes, y que también contribuya al proceso de rehabilitación de los delincuentes sexuales, aceptando su responsabilidad de forma verdadera y sincera, expresando sus remordimientos y comprometiéndose a iniciar los tratamientos y procesos terapéuticos oportunos para garantizar su reinserción y reducción, su transformación. Si lo que queremos son garantías de no repetición, reparación y fin de la impunidad es la justicia restaurativa aquello por lo que tenemos que velar. Mientras, una pregunta, ¿alguien ha preguntado a las niñas (ahora mujeres), ¿cómo están y qué necesitan?