En la vorágine informativa de esta semana, cuyo capítulo más reciente ha sido la dimisión de Íñigo Errejón a raíz de denuncias en su contra por violencia machista, ha pasado algo desapercibida una noticia que, en mi modesta opinión, merecería mucha más atención de la que ha concitado. Me refiero a sendos contratos para asesorar a migrantes víctimas de racismo y a personas de escasos recursos que el Ayuntamiento de Madrid mantiene con el bufete de abogados Law Business Enterprises Worldwide (LaBE), de Pedro Muñoz Lorite, un activista de extrema derecha que ha representado a Manos Limpias en varias querellas contra políticos de izquierda, que difunde mensajes ultras a través de su canal en Youtube… y que ha sido condenado en firme por daños morales a una empleada de su empresa a la que despidió en medio de insultos denigrantes por su confesión musulmana.
Según ha revelado esta semana elDiario.es, el contrato para asistir a los migrantes está en vigor desde 2021, por un valor de 179.615 euros anuales. El otro contrato, firmado también bajo la administración de Martínez-Almeida por un monto de 1,37 millones de euros al año, es la concesión del Servicio de Orientación Jurídica del Ayuntamiento (SOJ), que se hizo cargo de las funciones que venían desarrollando los abogados de oficio. En abril pasado, un juzgado de lo Social condenó a Muñoz Lorite por vulnerar los derechos fundamentales de Rabea M. M., empleada de su despacho de origen marroquí, nacida en Ceuta y de nacionalidad española, a quien dirigió en el chat de grupo de la oficina mensajes del siguiente tenor: “A mí me da igual que trabajes conmigo o para alguna ayatolá del paseo de la Castellana, siempre y cuando cumplas en tu trabajo, cuando llegues a tu casa puedes rezarle a Satanás o a buda, sinceramente a mí me importa una puta mierda a quien respete (sic) pleitesía en un foro interno, tan solo lo considero una pequeña enfermedad mental que acabará el día de tu muerte”. O: “Es lo mismo ser un moro de mierda, cabrón, perro, ladrón, ladrón que quiere cobrar más (…)”.
Las preguntas que surgen son muy sencillas. La primera: ¿cómo ha logrado un sujeto de esta catadura hacerse con dos contratos del Ayuntamiento, que pagan los madrileños de sus bolsillos? De las investigaciones del periodista Pedro Águeda sabemos que el contrato de asesoría a los migrantes se licitó en 2020 y que el bufete de Muñoz Lorite fue seleccionado después de que el Colegio de Abogados presentara su oferta 12 minutos fuera de plazo. No había más proponentes. Curioso. Sabemos también lo que dijeron a este diario fuentes del Ayuntamiento sobre esta adjudicación y la del Servicio de Orientación Jurídica: que respondieron a decisiones del “personal técnico en base a criterios objetivos y subjetivos”. Objetivos y subjetivos. Vale. Muy bien. Asumamos que fue así. Que las cosas se hicieron escrupulosamente conforme a derecho. Pero, ¿cómo es posible que se mantengan los contratos, por lo menos el concerniente a los migrantes, después de que el adjudicatario haya sido condenado por violar con ofensas racistas los derechos fundamentales de una empleada de origen extranjero? ¿Es que las cláusulas de rescisión no incluyen eventualidades como esta?
Sería importante que el alcalde Martínez-Almeida explicara qué hace un xenófobo agresivo y de maneras tan vulgares asesorando, en nombre del Ayuntamiento, a inmigrantes sometidos al desprecio y el racismo; qué hace un ultra sin complejos al frente del servicio jurídico para los ciudadanos más desfavorecidos de Madrid. El Partido Popular ya ha demostrado que no le hace ascos a la extrema derecha, con la que pactó en su momento para formar gobiernos en varias autonomías, con la que sigue cogobernando en numerosos ayuntamientos y con la que seguramente formaría gobierno en España si la aritmética electoral lo aconsejara. Con ese historial, que un personaje como Muñoz Lorite resultara beneficiado con dos contratos de la administración madrileña podría ser una simple anécdota. Pero no lo es. O al menos no debería serlo. Del mismo que no deberíamos aceptar con normalidad que una administración pública tenga a un homófobo al frente de la defensa jurídica de los gays, o que nombre como responsable de la memoria histórica a un entusiasta franquista, o que sitúe al frente de Igualdad a un maltratador de mujeres, debemos considerar una aberración que asesore a inmigrantes victimas de racismo una persona que dice por el chat de grupo a su empleada de origen marroquí que no la contacta por teléfono porque ha viajado a Tel Aviv a un festival de pop “de todas las tendencias sexuales habidas y por haber, con el fin de tener el cobijo y la libertad de la única democracia que existe en Oriente Medio, rodeada por la religión inventada por Satanás, llamada islam”.
Ignoro qué “criterios objetivos y subjetivos” se tuvieron en cuenta para que el bufete de Muñoz Lorite se hiciera con los dos contratos. Ojalá que en un gesto de transparencia los desvelara el Ayuntamiento. De lo que estoy convencido es de que no cumple los criterios éticos más elementales para mantenerlos después de la sentencia condenatoria del juzgado de lo Social. Pero el hecho es que ahí sigue el contratista, ante la mirada complaciente del Gobierno de Almeida, que, como todo el mundo sabe, es uno de los grandes paladines de la ejemplaridad pública del ejemplarisimo Partido Popular.