Ante la gravedad de los acontecimientos políticos que estamos viviendo en nuestro país, es importante que no nos distraigan de lo decisivo. No dejemos que nos mareen con lo judicial, con el “hablarán los jueces” o con el “esto se sustanciará en sede judicial” porque no es así. Ninguna de las graves acusaciones que hasta el momento penden sobre el presidente del Gobierno de España, llamado ahora Mariano Rajoy, son constitutivas de delito y, por tanto, ninguna de ellas será el objeto de la instrucción penal que actualmente lleva a cabo la Audiencia Nacional. Así que no nos dejemos engatusar con esa salva de disparos que nos incita a esperar a que se vea complicado judicialmente, o que nos impele a respetar la presunción de inocencia de Rajoy hasta que el juez no dictamine otra cosa coligiéndose de ello que si el juez no actúa todo debe darse por bueno.
Pero el hecho de que los sólidos indicios de ilicitud que apuntan al presidente del Gobierno no sean delitos no resta un ápice a la crítica situación política. Y ello es así porque la barrera de la decencia que una democracia pone a sus máximos representantes no es la de que no sean delincuentes. Faltaría más. También les exigimos que no infrinjan el resto de leyes e, incluso, podríamos pedirles un plus de honorabilidad superior a la del ciudadano común. Así que la más que sólida posibilidad de que el presidente del Gobierno de España haya cobrado dinero ilegalmente, haya consentido y apoyado la financiación ilegal de su partido, haya después protegido a un presunto delincuente y, por último, haya mentido sobre todo ello incluso en sede parlamentaria es de tal magnitud que sólo puede ser o contrarrestada por el interesado con argumentos y documentos capaces de convencer a los ciudadanos y a sus representantes o con la dimisión.
No parece previsible que esa vaya a ser la actitud del presidente. Y ahí sí, la actividad judicial va a convertir en un verdadero calvario sus próximas semanas y meses, dado que en el curso de la investigación lo probable es que vayan quedando apuntalados con pruebas -de forma tangencial al objeto de la investigación- todos estos extremos. Si al final, el motivo principal de la instrucción judicial, el presunto cohecho cometido por empresarios a cambio de la obtención de obra pública, quedara comprobado, lo quedaría también que el dinero cobrado en negro por dirigentes del PP no sólo era ilegal sino que era el agotamiento de un delito.
Entre tanto, la democracia y las instituciones sufren por la situación. Al Parlamento se le ningunea con la mayoría absoluta. Ese Parlamento, que tanto preocupa al PP que se cerque para gritar “no nos representan” y al que voluntariamente sumen en la inoperancia que lleva a los ciudadanos a la desafección.
Rajoy debiera saber que una vez que te dan jaque no cabe enrocarse para evitar el mate pero lo va a intentar. Y ahí entra la oposición porque esta no puede sustraerse a la necesidad de que los mecanismos del sistema funcionen. Es pura cuestión de cultura democrática, de sanidad. Así que tendrán que actuar. Los ciudadanos se lo demandan también. Con los medios democráticos a su alcance. Les venga o no les venga bien. Ellos tampoco pueden sumarse a ese “la vida consiste en resistir y en que alguien te ayude” como Rajoy decía a Bárcenas en unos mensajes de por sí ignominiosos.
También tienen su propia responsabilidad todos los miembros del Partido Popular sobre los que no pende la sospecha y que afirman sentirse “asqueados” con lo que sucede. Ellos también deben exigir responsabilidades en los órganos internos de su partido y dimisiones. No hacerlo les inhabilita para seguir considerándose limpios puesto que los convertiría en conniventes.
Y a los ciudadanos también nos queda la tarea de exigir sin descanso que nadie intente convertir el sistema de gobierno del que nos hemos dotado en una opereta.
Todo esto es lo importante. Y, como el propio Rajoy no cesa de repetir, no podemos dejar que “las cosas” nos aparten de ello.