- Actualizacón (28/05/2014): El exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado a 8 años por desviar fondos de cooperación.
La falta de escrúpulos llevada al extremo: robar el dinero destinado a personas vulnerables, excluidas, empobrecidas y que viven en la otra parte del mundo. La trama de corrupción por el saqueo de las ayudas de Cooperación de la Comunidad Valenciana, por la que está imputado el actual portavoz parlamentario del PP en Valencia, Rafael Blasco, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales en Guinea Ecuatorial o a organizaciones de asistencia a enfermos de sida en este mismo país, según la investigación judicial. También fondos destinados a la independencia de la mujer en República Dominicana. O a agricultores peruanos. O a la población de Haití tras el terremoto de 2010.more
El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días salía de esas cuentas transferido a algunas de las 'empresas pantalla' utilizadas por la trama y controladas supuestamente por Augusto César Tauroni. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que hoy es portavoz parlamentario del PP en la comunidad, estaba al tanto de lo sucedido e incluso supuestamente “se benefició” de todo ello. Son datos y palabras del auto de la jueza titular de la instrucción del caso, Nieves Molina, que publicamos aquí (especial atención a partir de la página 15):
Auto judicial: desvío de fondos de Cooperación en Valencia
En el auto se cuenta, por ejemplo, que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la “violencia sexual y explotación laboral del niño” y otro para la “reducción del nivel del contagio del sida”. Dos días después de ingresar el dinero del primer proyecto, en junio de 2009, se efectuaron dos transferencias por valor de más de 200.000 euros con destino a dos empresas, Dinamiz-e y Desfa. Cinco días después de recibir el dinero del segundo proyecto, otras tres transferencias desviaron otra cantidad similar hacia compañías relacionadas con el principal investigado del caso, Augusto César Tauroni. En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza.
La magistrada explica más casos: a la Fundación Fudersa se le aprobaron dos proyectos para el “desarrollo agrícola y empleo a la mujer” en Monteplata, República Dominicana, por un valor total de más de 650.000 euros. En mayo, Fudersa recibió el dinero. En junio, parte de ese fondo, unos 245.000 euros, fue a parar a las empresas de la trama. Este mismo esquema, con proyectos parecidos en el mismo país, volvió a desviar otra suma parecida.
Los ganaderos y agricultores de Andahuaylillas en Perú, debieron de pensar que los 247.000 euros que en 2010 recibió su proyecto de desarrollo rural no estaban dando para todo lo que habían planificado. Claro: más de la mitad de ese dinero fue desviado a empresas privadas con sede en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con otro proyecto de la ONG Esperanza Sin Fronteras en el mismo país, presupuestado en más de 300.000 euros.
La jueza identifica estas prácticas en varias partidas presupuestarias más, dinero en teoría dedicado a proyectos como:
Y luego está el capítulo de Haití. Tras el devastador terremoto que causó la muerte de miles de personas y el colapso del país más pobre de América, en enero de 2010, el consejero Rafael Blasco viajó al país para luego conceder una subvención a la Fundación Entre Pueblos con el que desarrollar una “consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en Belle Anse”, al sur de Haití, y abrir una oficina de seguimiento allí. Cantidad recibida por Entre Pueblos: 177.779 euros. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas SL, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000.
En 2011, de nuevo la misma trama recibe la adjudicación de cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las organizaciones controladas por Augusto César Tauroni.
El auto también dibuja el esquema de poder alrededor de Tauroni, que seducía a pequeñas empresas u organizaciones para participar en estos proyectos “con la confianza de que los mismos serían aprobados dada su relación con el consejero Rafael Blasco” y su personal de confianza, “que siempre intentaba”, dice la jueza, “imponer la voluntad” de Blasco en la toma de decisiones. Hasta el punto de que dos directoras generales, un jefe de área, dos jefas de servicio y un secretario de la comisión evaluadora de la Consejería dimitieron o fueron cesados por haber detectado --y no compartido-- los indicios del fraude.
Rafael Blasco, en quien el presidente Alberto Fabra ha renovado la confianza depositada primero por Francisco Camps, “conocía el fin último” de Tauroni “de lucrarse con los fondos obtenidos”, dice la jueza, “y además participó de los beneficios”, añade, “al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste”.
Información realizada con la colaboración de Gonzalo Cortizo.Gonzalo Cortizo