España es un país que en 2011 dedico el 44% de todo lo producido (o del PIB) a gasto público, pero solo fue capaz de recaudar el 35%. Es decir, presentó un déficit superior al 9% del PIB. Por ponerlo en números más sencillos, esto es equivalente a un país que gasta 100 unidades pero solo ingresa 80, y por lo tanto tiene que acudir al mercado a pedir prestado 20. No olvidemos que si no nos prestan, no podremos gastar 100 sino tan solo 80.
¿Pero qué ha sucedido para llegar a esta situación? Si comparamos España con otros países podemos decir claramente que la crisis de España es una crisis de ingresos: en 2007 recaudábamos el 41% del PIB y por lo tanto con la crisis hemos perdido 6 puntos de PIB en ingresos (60.000 mil millones). Y esto es algo que no ha ocurrido en ningún otro país: es lógico que la recaudación caiga en la misma medida que cae el PIB, pero no que caiga el porcentaje de recaudación sobre el PIB, en todo caso dada la progresividad debería subir.
De hecho, en la mayoría de los países, aunque han caído los ingresos, dicho porcentaje ha permanecido idéntico o incluso subido un poco. Y esto es clave, pues si España hubiera mantenido el porcentaje de ingresos sobre PIB, nuestro déficit sería únicamente del 3%, y prácticamente no tendríamos que estar haciendo el brutal ajuste de gasto en el que estamos metidos.
¿Cómo se explica esta caída de ingresos tan grande? Lo primero que se oye es que la gente no paga impuestos, que ha aumentado la economía sumergida y que es ahí donde tenemos que ir a buscar los ingresos. Es posible que una parte de la caída sea debida a el aumento del fraude y otro día analizaremos este tema de vital importancia. Pero en este caso la historia es mucho mas sencilla: España tiene un sistema impositivo que era perfecto para recaudar bajo una burbuja inmobiliaria y esto le permitía contar con ingresos extraordinarios que no se aplicaban sobre bases impositivas relacionadas directamente con el PIB: la compraventa de viviendas y otros bienes patrimoniales y las importaciones de bienes y servicios, o los beneficios extraordinarios de las empresas ligadas a la construcción (entidades financieras, promotoras y constructoras).
Se pinchó la burbuja y se vinieron abajo los ingresos: las empresas dejaron de tener grandes beneficios (menor recaudación del Impuesto de Sociedades); las familias dejaron de comprar casas (menos ingresos por las transacciones y los actos jurídicos documentados) y de sentirse ricas (menor consumo de bienes importados que, aunque no se producían aquí, sí nos proporcionaban ingresos a través del IVA), etc. Toda esta caída en la recaudación no tiene nada que ver con la economía sumergida. Era algo que se veía venir, uno no se compra una casa cada año o un BMW o un producto de ultima tecnología, etc.
¿Cuál fue el error entonces? El principal error reside en que, de forma inexplicable, nuestros dirigentes políticos (ya sean del Gobierno de la nación, de las CCAA o incluso de los ayuntamientos) diseñaron una política de gasto durante el boom como si estos ingresos extraordinarios fueran a ser permanentes. Pensaban, evidentemente, que la burbuja inmobiliaria iba a durar para siempre... Es decir, un sistema impositivo ineficiente en conjunción con la irresponsabilidad de quienes tomaban las decisiones de gasto nos han llevado a esta crisis fiscal.
¿Qué podemos hacer ahora? Esta claro que España necesita una reforma fiscal en profundidad, pero también esta claro que tenemos que reducir el déficit en 60.000 millones. El ajuste se va a producir en cualquier caso, si lo hacemos porque lo hacemos y si no lo hacemos porque no nos van a prestar o nos van a prestar a un coste altísimo. Esta situación intermedia donde nos comprometemos a recortar el déficit y luego no lo conseguimos nos está matando, pues nos obliga a destinar el gasto que no recortamos a pagar los intereses. España ha incumplido sistemáticamente sus compromisos de reducción del déficit y al mismo tiempo va a los mercados a que le presten.
Esta estrategia es un sin sentido: no bajamos el déficit porque no queremos reducir el gasto o subir los impuestos de forma significativa y acabamos destinando estos recursos a pagar intereses y no al gasto público.
Esta es la realidad, podemos quejarnos de que el BCE no nos compre la deuda a intereses inferiores, o que la solución tiene que venir de Europa. Pero, hasta que alguien invente la formula para vivir con alto nivel de déficit público y conseguir al mismo tiempo que nos presten barato en el mercado de capitales, no nos queda mas remedio que cumplir nuestro objetivo de déficit. En este sentido, la experiencia nos dice que los mercados empiezan a confiar en la capacidad de devolver las deudas de un país cuando este consigue tener un superávit primario. España destina poco más del 3% del PIB a pagar intereses, y este por tanto sería el nivel del déficit que nos permitiría tener un equilibrio fiscal primario: donde los ingresos son capaces de financiar todo el gasto público, excluyendo el pago de intereses.
Sí, pero ¿cómo lo hacemos? A corto plazo, hay que dejar claro a la ciudadanía que no hay recetas mágicas y lo lógico, en mi opinión, sería una combinación de bajada de gastos y aumento de ingresos. Pero la estrategia tiene que ser compatible con el crecimiento económico, pues al final es el crecimiento lo único que nos va a sacar de esta situación. Aunque dedicaré otro artículo a analizar en detalle qué se puede hacer tanto en la parte de gasto como en la parte de ingresos, permítanme un par de pinceladas.
Para atraer las inversiones extranjeras de alta productividad, es necesario que España sea atractiva para los trabajadores altamente cualificados. Esta es la razón fundamental por la cual hace falta reformar el IRPF: eliminar las deducciones y reducir la progresividad o, mejor, transferirla a las rentas verdaderamente altas y de origen patrimonial con la introducción de un nuevo impuesto sobre la riqueza. En la parte de gastos es imprescindible salvaguardar el gasto en educación, I+D y las políticas activas, pues de ellas depende en gran medida el futuro de nuestro país.
Pero a medio plazo tenemos que afrontar el reto fundamental, que no es otro que decidir qué tipo de Estado del Bienestar queremos: no podemos tener unos ingresos públicos tan bajos como en Estados Unidos y al mismo tiempo aspirar a la generosidad de los Estados del Bienestar de la Europa continental.