“La revisión del modelo autonómico no puede ni debe esperar. Tenemos que revisar el modelo territorial”. Así de contundente volvió a mostrarse Esperanza Aguirre durante la reunión mantenida en la sede de Génova entre Mariano Rajoy y sus barones territoriales.“De mantenerse la cuestión como está, no podremos afrontar toda la cantidad de servicio y el gasto tan impresionante que supone [para el gobierno regional]”, advirtió Aguirre, rompiendo la imagen de consenso, paz y tranquilidad en torno al líder del partido ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y es que la idea de que España debe sufrir un proceso de recentralización está surgiendo entre las filas 'populares' de tanto en tanto a propósito de la crisis económica. Ya en abril pasado, Aguirre le ofreció a Rajoy en Moncloa la devolución de competencias: “Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado, y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos”.more
La reunión de ayer de Génova se produjo en la víspera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que hoy el ministro Montoro impondrá a las Comunidades el cumplimiento de los objetivos de déficit del 1,5% para 2012. Es la primera reunión de este tipo a la que acuden tres comunidades que han solicitado el rescate, con la pérdida de soberanía que eso supone: Valencia, Murcia y Cataluña. Las desviaciones presupuestarias de las Comunidades (la mayoría en manos del PP) son parte importante del décifit global del Estado. Y, en esta coyuntura, la voz de Aguirre reclamando el traspaso de competencias al Estado en pos de una hipotética mejor gestión de los recursos públicos no está sola y casa muy bien con la tradición de la derecha, aunque en público no haya muchos dirigentes del PP que se atrevan a secundarla, pero sí a enmendarla, como es el caso de Alberto Fabra. “Lo que tenemos que hacer es ser buenos gestores”, ha afirmado el presidente valenciano.
Una de las últimas ideas de la presidenta regional madrileña, la reducción del número de diputados autonómicos (de 129 a 65), ha sido recientemente secundada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo. El gasto de los parlamentos regionales se calcula en unos 400 millones de euros.
De momento, Mariano Rajoy observa desde la barrera. Ha promovido la supresión de algunos Ayuntamientos, pero no de Diputaciones Provinciales, y está al rescate de Valencia, Murcia y Cataluña, cuya petición de un nuevo sistema fiscal ha caído en saco roto. Y es que la crisis también es centralista.