Escribir sobre la corrupción del PP implica el riesgo de quedarse obsoleto en cuestión de minutos: uno empieza con el anteúltimo caso de corrupción y cuando termina el artículo ya hay un imputado más.
Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se había presentado como adalid contra la corrupción de Ignacio González, su antecesor, e insultador, en el cargo.
Denunció Cifuentes la corrupción del PP en el Canal de Isabel II, ella decía segundo, y eso parece que la eximía de cualquier responsabilidad en el continuum de la corrupción del PP madrileño.
Cifuentes había tenido el honor de ser vilipendiada por Marhuenda, que alardeaba de haberla puesto primera en una encuesta inventada para que “las otras” –se entiende que Soraya y Cospedal– la devoraran.
Marhuenda tildaba a Cifuentes de ambiciosa, presumía de inventarse cosas contra ella y le auguraba sufrimientos varios por poner en cuestión a sus “soldados” del komsomol de la Razón, a Ignacio González, luz de donde el sol la toma en la narrativa breve, hasta el punto de cobrar 4.500 euros por dos artículos en el periódico de Marhuenda. Las aguas fétidas del Canal: de ida, publicidad en masa; de vuelta, artículos a cien euros la palabra de Nacho, el amigo de Rafa.
Ahora, la Guardia Civil sostiene que Cristina Cifuentes ha podido cometer delitos de cohecho, malversación y prevaricación continuada, al realizar “valoraciones arbitrarias” sobre la empresa de Arturo Fernández, privilegiado por el PP, entre otras muchas cosas, en la concesión de la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid. (Arturo Fernández debería estar en la cárcel hace tiempo por el café, ¿toner?, que servía en sus infinitas empresas de catering de Madrid).
Arturo Fernández, siempre presente en los casos de corrupciones madrileñas, había dado 160.000 euros a Fundescam, la Fundación del PP que se inflaba como los mofletes de un trompetista de jazz cada vez que se acercaba una campaña electoral. Díaz Ferrán también dio dinero a esa Fundación, como denunció en su día Público, en papel, en la época de Ignacio Escolar. En aquel momento, el PP orgánico y sus corifeos mediáticos salieron en tromba contra aquellas denuncias. Díaz Ferrán, otro que inflaba a Fundescam y ahora en el talego, decía de Esperanza Aguirre: “Es cojonuda”. Ferrán se gastaba la pasta de las tarjetas black en los restaurantes de Arturo Fernández. El propio Fernández se gastaba dinero de las black en los restaurantes de sí mismo, caso de puro onanismo corrupto.
Bien, la UCO, la Guardia Civil, sostiene ahora que Cifuentes adjudicó contratos ilegales a Arturo Fernández como miembro del Patronato de Fundescam; que se hicieron “valoraciones arbitrarias” para dar contratos al insaciable Arturo Fernández, el del toner/café; vaya, que Cifuentes participó en la financiación ilegal del PP de Madrid.
Si Cifuentes se aplicara su propia doctrina, según la cual los altos cargos deben dimitir si son imputados por corrupción, debería irse ya mismo, antes de acabar este artículo, antes de que surja otro imputado. No lo hará. Está metida en una carrera en la que cada paso anticipa una ambición posterior y quiere ser algo más que presidenta de la Comunidad, quién sabe si lehendakari de España.
Se ha tenido que ir su viceconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, exconsejero delegado de Arpegio, empresa corrupta, implicado en la Púnica, una de las varias ramas de la polimorfa corrupción de Madrid.
Con esta cosecha de imputados y encarcelados, no me extrañaría nada que en las reuniones de las gentes del PP en Madrid, alguien dijera en el momento del brindis: “No estamos todos, faltan los presos”. Es probable que algunos de sus dirigentes señalados salgan con muda cada mañana, por si acaso; con el móvil del abogado en prevengan y, desde luego, sin decir una palabra en conversaciones que teman ser mordidas por los guardias.
Mientras, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, repudiado, se fuma un puro como Rajoy y dice en la SER que la opinión de la gente le trae al fresco porque él “cumple con la ley”. Afirmación que supone que los diputados que le repudian no son gente ni cumplen con a ley. Maza se siente en un “horno crematorio”, ahí es nada, ve a Moix como un hombre “valiente” frente a la corrupción y no piensa dimitir por haberse hecho “el sorprendido” cuando varios fiscales le avisaron de la existencia de conversaciones que afectaban a Moix como fiscal deseado por los criminales antes de que él lo nombrara. “Es cojonudo”, dijo Ignacio González.
La posición de Maza, de Moix, del propio Rafael Catalá, “Rafa” para los encarcelados, da para una tesis que explique no solo el milagro de los panes y los peces, también cómo se puede pasar de acusador por definición, a abogado defensor de los corruptos por vocación.
¿Quién será el próximo imputado?