Decía Feijóo hace unos días, que era cruel no bajar impuestos a la vista de la extraordinaria inflación de los últimos meses. Más allá del oportunismo propio de un líder de la oposición en tiempos difíciles y de la benevolencia con la que podamos juzgar a quien quiere hacerse notar en los primeros días de su nuevo liderazgo, sorprende la contundencia de su frase, e importa - y mucho- el tema elegido para confrontar con el Gobierno.
Porque parece claro que esta será la razón que explique su negativa a aprobar el Decreto de medidas urgentes contra la crisis derivada de la guerra en Ucrania y el alza de los precios energéticos. A falta de conocer la propuesta concreta de su “rebaja de impuestos”, la idea misma, el fondo de esa alternativa fiscal, merece severas críticas.
Para empezar, no merecemos un debate tan ramplón como el propuesto, en un tema tan complejo e importante. Todos los sistemas tributarios occidentales necesitan una revisión profunda para adaptarse a las grandes transformaciones económicas derivadas de la globalización y de la digitalización. Entre otras cosas, para poder capturar múltiples rentas derivadas de esas transformaciones. En concreto, el sistema tributario español sigue basado en las importantes reformas introducidas en los primeros años ochenta y hoy padece ineficiencias e injusticias que solo serán posibles abordar mediante reformas basadas en la ciencia fiscal y adoptadas mediante amplios consensos políticos.
En segundo lugar, puestos a elegir algún impuesto sobre el que actuar urgente y puntualmente, el señor Feijóo podría haberse fijado en aquellos que muestran un preocupante descenso recaudatorio. Por ejemplo, Sociedades, Plataformas tecnológicas, Fortunas, etcétera o podría haber puesto el dedo en la llaga de la evasión fiscal a múltiples paraísos o en la sofisticada ingeniería fiscal de las empresas transnacionales. No es este un mensaje ideológico, como podría parecer. El FMI, el G20 y la OCDE, están alertando hace años sobre estos “agujeros fiscales” y hoy se están aplicando tributaciones fiscales mínimas para evitar la elusión y se están discutiendo convenios multilaterales (BEPS) para combatir la erosión de las bases y el desplazamiento de los beneficios.
Habría sido mucho más innovador - y justo-, que el PP hubiera reclamado avances en la coordinación internacional de todas estas iniciativas y si la urgencia reclamara extraordinarias medidas fiscales - y yo creo que así es-, podría haber planteado un impuesto especial a la riqueza o gravar las emisiones de dióxido de carbono, entre otras medidas fiscales a incorporar a nuestro sistema tributario. En definitiva, medidas dirigidas a evitar que sigan aumentando las pérdidas de ingresos tributarios derivadas de la evasión y la elusión fiscal y que producen un creciente sentimiento de injusticia fiscal y de alarma social en la ciudadanía. Como dice el propio Fondo Monetario Internacional, “amplifican la desigualdad y las percepciones de injusticia.
No es ni una ONG ni un partido revolucionario quien lo dice. Es el FMI: “el 1% de la población más rica, que tiene el 40% de la riqueza, evade el 25 % de sus ingresos usando estructuras en paraísos fiscales”. Por eso los mensajes de Kristalina Georgieva insisten en tres ideas rotundas:
No es conveniente bajar impuestos en tiempos de crisis e inflación, hay que evitar que los estados compitan entre sí para bajar impuestos y, dada la situación actual, hay que mantener el gasto social necesario.
Resulta muy decepcionante que el PP se aleje de estas tendencias internacionales, las desprecie - o peor, que las desconozca - y se límite a sugerir una “bajada de impuestos” como panacea al sufrimiento de la gente por la subida de precios. Se supone que asumen una caída en la recaudación fiscal de un país con una alta deuda pública y con un déficit estructural, agravado en tiempos de crisis extraordinarias como las que vivimos (pandemia en el mundo y guerra en Europa).
El PP sabe que España sufre una insuficiencia crónica grave de Ingresos Públicos en comparación con los países europeos y sabe también que España no puede reducir su gasto público, relativamente inferior al de los estados de bienestar de nuestros socios. Por eso cuesta mucho entender que se proponga reducir la recaudación de un país que sistemática y reiteradamente recauda menos de lo que necesita.
Lo verdaderamente cruel es olvidarse de esta evidencia y asumir que las políticas de atención social y protección a los que menos tienen sufran más restricciones en tiempos de más necesidad.