Parece que los cazadores andan soliviantados y han lanzado una campaña a través de la revista Jara y Sedal contra las organizaciones ecologistas. Lo más sorprendente es que las organizaciones atacadas por la revista Jara y Sedal, no son un frente en contra de la caza, sino que trabajan en favor de la erradicación de las prácticas más dañinas, como el silvestrismo (la caza de pájaros silvestres para enjaularlos) o el parany (la caza de aves con pegamento); el uso del plomo en las municiones o los intentos por extender la caza del lobo. Pero el todopoderoso lobby de los cazadores ha salido al ataque buscando matar al mensajero, denunciando la financiación pública que reciben algunas de ellas.
Según el artículo 45 de la Constitución española:
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
Desde hace décadas son las organizaciones ecologistas las que garantizan su cumplimiento y por eso están declaradas de interés público. De ahí que me parezca incluso escaso el monto económico que reciben de las administraciones públicas. Pero en todo caso, su financiación es transparente, sus cuentas son públicas y pueden consultarse en sus respectivas páginas web.
Mucho más complicado es saber cuánto dinero público recibe la caza. El apoyo público es muy amplio y diverso. Fundamentalmente son las Comunidades Autónomas las que dedican millones de euros a la caza: subvención a cotos, apoyo para contratar guardas, apoyo a sociedades de cazadores, etc, la lista es casi interminable y las magnitudes de las subvenciones son muy grandes.
Estos son tan solo algunos ejemplos: La Junta de Castilla La Mancha aprobó en diciembre de 2014 una subvención para cotos de caza de 759.681 euros; el Gobierno extremeño estableció ayudas a cotos de caza de 841.000 euros para los años 2013 y 2014, y así sucesivamente.
El lobby cazador es poderoso. Hemos visto cómo banqueros, grandes empresarios, políticos, jueces e incluso el Rey, se fotografían sin rubor con las piezas cobradas en cacerías grandes y pequeñas. En los últimos años los cazadores han conseguido importantes modificaciones legislativas que favorecen su actividad, incluido el permitir la caza en los Parques Nacionales, y hasta redactar sus propias leyes.
Pero además del apoyo directo a través de la financiación, la caza recibe un gran apoyo indirecto de las administraciones públicas. Un ejemplo: el programa de TV Jara y Sedal, que lleva el nombre de la revista que lanza la campaña contra los ecologistas, se financia con fondos públicos y se emite a través de la televisión pública TVE.
La oposición ecologista al silvestrismo o al parany; la defensa del lobo o la demanda de eliminar el plomo en la munición son la causa que ha desatado ahora este ataque. Pero no nos engañemos, la cuantía de las migajas que reciben los ecologistas están claras, pero... ¿Cuánto nos cuesta a los españoles la caza?