Ya estamos prácticamente en elecciones. Generales primero, después europeas, municipales y, en una gran mayoría de comunidades, autonómicas. De nuevo el fenómeno Vox estará en boca de todos y la ultraderecha volverá a jugar su gran carta electoral que tanto rédito le ha dado en Andalucía: la mentira. Es necesario, por tanto, estar prevenidos. A continuación algunas realidades seguidas de la versión fake de Vox.
La formación de extrema derecha ingresó en sus cuentas alrededor de 800.000 euros, una cantidad que habría sido utilizada para financiar el 80% de la campaña electoral de los comicios al Parlamento Europeo de 2014. Ese dinero procedía de los seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), un colectivo que tiene sus orígenes en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas.
El Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza a las formaciones políticas, ha reconocido que nunca auditó la contabilidad de Vox relativa a aquellos comicios, ya que su resultado electoral fue de menos del 2% de los votos y no logró representación. Si lo hubiese hecho, hubiera tenido que tener en cuenta que las aportaciones a las campañas electorales de fondos procedentes del extranjero en periodo electoral son ilegales. Vox ha mentido porque ha declarado que las donaciones fueron inspeccionadas por el Tribunal de Cuentas y que las había considerado “legales”.
En España existen 8.124 municipios, lo que supone decenas de miles de cargos públicos elegidos en las urnas. Sin embargo, solo el 17,3% de los ediles de España cobran más del salario mínimo y el 31% de los concejales municipales, un total de 17.687 representantes, no cobró ni un sólo céntimo en 2018. Otro 24% únicamente recibió menos de 1.000 euros en todo el año de dinero público. Es decir, son vecinos, de diferentes opciones políticas, interesados por su política municipal que, de forma desinteresada, dedican esfuerzo y tiempo a su gestión. Vox presenta a todos esos vecinos como cargos políticos que viven del erario público y generan un “gasto insostenible para las arcas públicas”. Por ello propone una “reducción del 50% de los alcaldes y concejales existentes”. Esta propuesta, según las cifras que ofrece el partido, “afectaría a 34.000 políticos municipales”. Si se llevase a la práctica, no solo no se ahorraría dinero porque, como hemos visto, la mayoría de los cargos no cobra nada o lo mínimo, sino que tendrían que desaparecer municipios porque no quedaría ningún cargo electo dedicado en exclusiva a la gestión municipal.
En cuanto a los asesores o empleados de libre designación, el sindicato de funcionarios CSIF estimó que el número de empleados a dedo era de entre 19.000 y 20.000, teniendo en cuenta todas las administraciones y no solo la local. Sin embargo Vox asegura que eliminará “más de 33.600 cargos” de libre designación de la administración local, el 50% porque, según ellos, hay en torno a 67.200 puestos de “asesores”. Otra mentira.
Pasemos a otro de los temas preferidos por Vox: la emigración. En España hay 46,6 millones de habitantes de los que sólo 4,57 son extranjeros, es decir, sólo el 9,8% de la población residente en España es extranjera, según los datos provisionales del INE para 2018. Un porcentaje aún menor si sólo se tienen en cuenta a las personas provenientes de fuera de la Unión Europea. En cualquier caso, hay casi tres puntos menos de población extranjera en España que antes de la crisis económica. Según el partido de ultraderecha, la emigración supone un grave problema debido a una presencia masiva de extranjeros que amenazan nuestra cultura, valores y convivencia, malamente el diez por ciento puede invadir o trastornar el modo de vida del otro noventa por ciento.
En algunas localidades sí existe una presencia importante de emigrantes. Por ejemplo, el 33,86% de la población de El Ejido es extranjera, perteneciente a 90 nacionalidades, aunque los más numerosos son los marroquíes que son más de 17.000, casi el 20% de la población total. En estos momentos, el índice de paro en ciudades como El Ejido, Vícar o Níjar ronda según la Encuesta de Población Activa (EPA) el 12%, varios puntos por debajo de la media española y 10 menos que la media andaluza.
Almería ha pasado en esos años de ser la segunda provincia de Andalucía más pobre a ser la segunda con mayor PIB per cápita, solo superada por Sevilla. El papel de la inmigración ha sido fundamental para esa mejora de la producción y de la economía. Sin embargo, Vox sigue denunciando que los emigrantes provocan más paro entre los españoles y más gasto para atenderlos porque viven de las ayudas públicas.
Si se trata de preocuparnos por extranjeros que vienen a España, la cifra de turistas fue de 82,8 millones en 2018. Son más los municipios turísticos que han perdido toda idiosincrasia cultural española debido a la invasión de turistas extranjeros. A Vox no le molesta una identidad española fundamentada en limpiar habitaciones y servir helados y copas a extranjeros en nuestras playas.
Sobre los delitos cometidos por extranjeros, solo el 0,09% de los extranjeros que vive en España fueron condenados en 2017 por robos con fuerza. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 78% son cometidos por españoles, mientras que los condenados de origen africano sólo representan un 5%. A pesar de ello Vox sigue con su discurso de que los inmigrantes son una fuente de delincuencia en nuestra sociedad.
Un estudio de la Comisión University College London-Lancet ha revelado que la protección sanitaria de los emigrantes es un ahorro para la salud pública, tanto en costes, como en salud. Según este informe, que ha querido analizar “el impacto de los migrantes en la sanidad pública, no solo europea, sino también mundial”, la creación de un sistema de salud que integre a las poblaciones migrantes beneficiará a la sociedad con un mejor acceso a la salud para todos y beneficios positivos para las poblaciones locales, tanto en Europa como en el resto de los países desarrollados. El estudio avisa que de “no hacerlo podría ser más costoso para las economías nacionales, la seguridad sanitaria y la salud mundial, que las modestas inversiones necesarias para proteger el derecho a la salud de los migrantes y garantizar que puedan ser miembros de pleno derecho de la sociedad”.
El informe añade también que “en lugar de ser una carga, es más probable que los migrantes refuercen los servicios brindando atención médica, enseñando a los niños, cuidando a las personas mayores y subsanando la escasez de personal”. De hecho, los migrantes en países de altos ingresos tienen tasas de mortalidad más bajas en la mayoría de las categorías de enfermedades porque suelen ser la población más joven y con mejor salud la que emigra a los países ricos a buscar trabajo.
Por tanto, el mantra de Vox y de toda la derecha que denuncia el uso y abuso de nuestros recursos sanitarios por los emigrantes es falso. Y su propuesta de impedirles acceder a la sanidad pública, perjudicial para toda la comunidad. El informe de la Comisión University College London-Lancet también aclara que los emigrantes, “no son portadores de enfermedades que pongan en riesgo la salud pública y tampoco suponen una carga para los sistemas sanitarios públicos europeos”.
Y llegamos a otro de los temas sobre el que cabalgan las mentiras de Vox: el feminismo y las políticas de género.
Tanto los últimos gobiernos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONU, la Unión Europea, Eurostat, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado o el Instituto de la Mujer confirman la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Es por ello que todos los partidos del arco parlamentario suscribieron el Pacto contra la Violencia de Género, y aprobaron una financiación de mil millones de euros, 200 millones al año durante cinco años, para poner en marcha diferentes medidas contra esta violencia. Entre ellas, el seguimiento por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de casi 600.000 casos de Violencia de Género en diciembre de 2018, de los cuales casi 60.000 se encuentran activos y algo más de 6.000 tienen un nivel de riesgo medio, alto o extremo.
La versión fake de Vox transforma la realidad anterior en la afirmación de que todos los partidos parlamentarios llegaron a un pacto “vergonzoso” para destinar 1.000 millones de euros a favorecer a los grupos feministas. Se trata, según el partido de Abascal, de fondos públicos para resolver “problemas inexistentes”.
Para poder valorar en justa medida el problema de esta violencia, el Consejo General del Poder Judicial publica desde hace una década las cifras tanto de violencia de género como de violencia doméstica. Así, según uno de sus informes, entre 2009 y 2016 murieron a manos de sus parejas mujeres un total de 67 hombres, mientras que fueron 550 el total de mujeres asesinadas en el mismo periodo por sus compañeros hombres. Sin embargo, en una entrevista que el secretario general de la formación de extrema derecha Javier Ortega concedió a Ángels Barceló en la Cadena Ser afirmó que “no se facilitan los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres”. Otra mentiras más.
La Fiscalía también publica cada año las cifras de denuncias falsas que se tramitan. Son apenas el 0,01% del total (96 denuncias falsas del total de 1.222.172 denuncias interpuestas desde 2009). En esa misma entrevista, Ortega afirmó que “se ocultan las denuncias falsas que presentan las mujeres contra los hombres”. Según el secretario general de Vox, “las denuncias falsas que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más que las publicadas”. Más mentiras.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 fallecieron en España 23 menores de 14 años por causas diferentes a accidentes o suicidios, incluyendo aquellos derivados de complicaciones de atenciones médicas y otras causas indeterminadas, sin especificar género del agresor o responsable. Los portavoces de la formación de ultraderecha se han dedicado a expandir por platós y medios de comunicación la información de que en 2018 fueron 67 niños los asesinados por sus madres, dando a entender así que las mujeres asesinan más a sus hijos que los hombres. El dato no solo no es verdadero, no precisan ni metodología ni fuentes, sino que entre esas muertes incluyen algunas muy polémicas, como el de un menor que murió por un incendio accidental o el asesinato de dos menores que, en realidad, no murieron, como informaba Maldito Bulo. La cifra provenía de la intervención en televisión del perito judicial Carlos Cuadrado, presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de España, una asociación que según su página web cuenta con 12 asociados.
El goteo de mentiras son constantes. El pasado mes de enero la finca del torero Morante de la Puebla sufrió un incendio accidental debido a un calentador. Así lo declaró el Ayuntamiento de la Puebla del Río. Diversos perfiles oficiales de Vox en las redes se dedicaron a difundir una noticia de la web de su entorno donde se culpaba del incendio a “radicales de extrema izquierda”.
El 18 de febrero una cuenta de Vox retuiteaba una encuesta que afirmaba “Desplome de Podemos y Ciudadanos mientras que Vox continúa su escalada”. Según los datos que mostraba la encuesta el “desplome” de Podemos era bajar 0,8 puntos y la “escalada” de Vox se limitaba a una subida de 0,6 puntos.
La Comunidad de Madrid inició en los colegios unos talleres de respeto y tolerancia hacia el colectivo LGTBI. La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, afirmaba lo siguiente el 17 de febrero: “Les dicen a nuestras hijas que prueben a ser chicos y a nuestros niños que sean chicas. ¿Por qué tienen que adoctrinar a nuestros niños? ¿Por qué no nos dejan en paz?”. De nuevo una mentira, nadie pretendía en los colegios que los chavales cambiasen su sexo.
La última fake fue la semana pasada. El gobierno de Pedro Sánchez no aceptaba las peticiones de los partidos independentistas y por ello estos últimos votaron en contra de los Presupuestos que terminaron descartados, lo que obligó a Sánchez a convocar elecciones. Sin embargo, se convocó una manifestación trifáchica para el domingo 10 de febrero en la que tres periodistas designados para la ocasión leyeron un manifiesto en el que se citaban los siguientes ejemplos de “traición” por parte del Gobierno de España en lo relacionado con Catalunya: “recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa”, “trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners”, “aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”, “torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado”, “aceptar las 21 exigencias del secesionismo”, “iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional” y “admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante”. Pues bien, todas esas afirmaciones son falsas como explicó detalladamente Fernando Varela en Infolibre. Fue por ello que los independentistas coincidieron con la derecha votando 'No' a los presupuestos.
Esto es solo un ejemplo de lo que se ha convertido en la columna vertebral de un modo de hacer política: la mentira como discurso, como programa, como denuncia, como relato de la actualidad. Hasta ahora los partidos llegaban al poder mintiéndonos con sus promesas de gobierno, parece que puede ser todavía peor: llegar al poder mintiéndonos sobre la realidad. El problema no sería tan grave si se quedase solo en los políticos de Vox como única fuente emisora de mentiras. Pero en torno a ellos hay toda una galaxia de medios de comunicación, periodistas, comentaristas, tertulianos, redes sociales... No estamos solo ante un partido cimentado en mentiras, el sistema se demostrará podrido si ese modus operandi resulta eficaz para recoger votos. Estados Unidos o Brasil ya han confirmado que lo está.