Hace unos días la Junta de Gobierno de la Complutense aprobó un reglamento para regular la participación directa de las empresas en la universidad pagando por tomar decisiones sobre los planes de estudio, diseñar postgrados, dirigir proyectos de investigación, crear títulos propios, institutos universitarios, obtener cátedras, contratar personal o gestionar derechos de explotación. Según su rector, Carlos Andradas, esta es una de las alternativas que las universidades pueden utilizar para paliar los efectos de la falta de financiación que sufren desde tiempo inmemorial, y que se han traducido, fundamentalmente, en la expulsión, el envejecimiento y la precarización de su plantilla, así como en el encarecimiento progresivo de los estudios universitarios.
Ya me imagino a la banca frotándose las manos con la nueva burbuja crediticia que va a encontrar en los campus, y al sector empresarial organizándose para asaltar este nuevo mercado, jugoso y de indudable rentabilidad, donde buena parte del trabajo ya está hecho gracias al esfuerzo de todos. Unos y otros saben que no hay inversión más segura que aquella de la que la gente depende para vivir o trabajar.
Los que también deben estar muy contentos son los dos partidos políticos que han optado abiertamente por esta forma de 'capitalismo académico': el Partido Popular y Ciudadanos. El Objetivo Wert siempre fue el de consolidar una universidad cara, semiprivatizada, subvencionada por la banca, y de estudiantes endeudados. Y la Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario a la que Wert encargó las 'Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español', le dejó expedito el camino para lograrlo.
Curiosamente, de tal Comisión formó parte Luis Garicano, ese gurú económico de Ciudadanos que impondría el copago en el ámbito educativo y sanitario, si le dejaran, y que ha convertido la eficiencia del mercado en un dogma incuestionable. No en vano, el partido naranja se acogió con entusiasmo al modelo de la Comisión de Expertos en su programa electoral y también acogió con gusto el 'Libro Blanco de la Profesión Docente' que José Antonio Marina escribió por encargo del PP.
Así, para las universidades, Ciudadanos apuesta por vincular a los “resultados” (la tasa de empleo de los graduados, por ejemplo) el 20-25% de la financiación de los centros, responsabilizándolos absurdamente de los desmanes y el declive del mercado laboral, y convirtiéndolos en obedientes máquinas de empleabilidad (algo que, como es obvio, presupone su sometimiento acrítico a las condiciones de un modelo productivo precario y abusivo). Esta mentalidad tecnocrática y empresarial fue la que lideró también el informe de la Comisión de Expertos de la que formó parte Garicano. En este informe se estimulaba la competencia entre universidades haciendo depender su financiación del cumplimiento de ciertos objetivos, entre los que destacaban “la demanda efectiva de sus servicios docentes”, la “empleabilidad” de sus estudiantes, y la investigación orientada hacia los intereses de los financiadores privados. De acuerdo con este espíritu, claro, “la captación exterior de fondos” era un criterio fundamental de “calidad y dinamismo”.
Para los estudiantes, y en línea con el proyecto del PP, Ciudadanos propone, en primer lugar, el ajuste del precio de las matrículas al coste real de la formación (aunque hoy ya están pagando, prácticamente, lo que cuestan sus estudios, en un porcentaje que varía del 15% o el 25% en primera matrícula, hasta llegar al 100% o más, si se trata de repetidores). Y a fin de sufragar el notable incremento de tasas que tal ajuste supondría ofrece un 'generoso' sistema de becas-salario (de 'excelencia', faltaría más) y de créditos blandos, que favorecerá, sobre todo, al sector bancario, y que acabará por endeudar a los estudiantes más vulnerables.
Entretanto, dicen, fomentarán mecanismos para que la empresa privada contribuya financieramente a las Universidades apostando por programas de colaboración. Y es que si las universidades van a ser solo escuelas de negocios, ¿por qué no van a ser directamente los 'emprendedores' los que formen y seleccionen a su particular mano de obra, como si fuera ganado? Lástima que esta injerencia externa en la universidad pueda lesionar gravemente el derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE) con el que la Constitución pretende garantizar el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra (art. 20.1.c) y la libertad de producción científica (art. 20.1.b). Lástima que la sacrosanta Constitución de Ciudadanos prohíba cercenar la potestad de autonormación, autoorganización y autogobierno de la universidad, aunque ya sabemos, gracias al PP, que la Constitución es sagrada solo para según quién y en según qué casos.
Y ya para rematar, a lo anterior añade Ciudadanos, alineándose, una vez más, con la Comisión de Expertos, la necesidad de eliminar progresivamente la figura del profesor-funcionario del sistema universitario, sustituyéndola por docentes con contrato laboral, seleccionados en función de criterios de excelencia (tras unas pruebas públicas que no se especifican), y combatiendo de este modo la endogamia que esclerotiza la universidad. Lástima que la independencia de los docentes sea esencial para garantizar tanto el pluralismo ideológico como la libertad de cátedra y de producción científica que debe liderar siempre la labor universitaria.
Como sabemos, además, estas manidas apelaciones a la endogamia forman parte de esa retórica neoliberal que Ciudadanos utiliza de forma tan engañosa como despreciable, porque en realidad lo que se pretende no es acabar con la endogamia, sino justificar la desregulación laboral y el precariado en el ámbito universitario. Luchar contra la endogamia solo es posible cuando hay seguridad en el empleo y se gana un salario digno, como bien señalaba Indocentia en una reciente entrevista publicada en este diario, y no es en absoluto compatible con sustituir las condiciones generales que han de presidir toda contratación pública por un sistema que permita a los departamentos establecer sus propias reglas de contratación, marcando de este modo la línea docente e investigadora de cada uno de sus miembros. Vaya, lo que quiere Ciudadanos, en la catarsis del cinismo, es eliminar la endogamia para implantar una dedocracia, pero no una dedocracia cualquiera sino una excelente y de calidad (esto es, orientada por lógicas competitivas). Harían bien en leerse la 'Carta de desexcelencia' que han firmado ciertas universidades francesas y belgas y que no puede ser más clarificadora a este respecto.
En fin, queridos amigos, lo que tenemos aquí es esa universidad-empresa, ese profesor excelente-empresario de sí mismo, ese estudiante-cliente-mano de obra adocenada y barata, con que soñaba el PP, solo que empaquetado felizmente por Ciudadanos, en un ejercicio inusitado de 'nueva política', limpia y aseada.
Con su Real-Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el PP ya puso la Universidad al servicio del business as usual, y en esto mismo se volvió a insistir en la Estrategia Universidad 2015: lo más importante del conocimiento, se decía, es aquello que puede ser útil al mercado. Ahora Ciudadanos viene simplemente a terminar la tarea; a perfeccionar ese 'ambicioso' experimento educativo cuya primera cobaya será, a petición propia, la Universidad Complutense de Madrid. De manera que ya sabemos lo que nos espera si el PSOE llega al gobierno con el apoyo de Ciudadanos y acuerda con ellos, como pretenden, un Pacto Nacional de Educación. No puede estar más claro que, como diría Monterroso, cuando despertemos de ese 'bonito' sueño el jodido dinosaurio todavía seguirá ahí.
Actualización: En una versión anterior de esta opinión se enlazaba por error al programa de Ciudadanos de 2008 en vez de al correspondiente a 2015.