Defender la vida y el territorio en el centro de Madrid
Se han aplazado temporalmente dos desahucios que estaban previstos el 21 y 22 de noviembre en Argumosa 11. Los dueños del inmueble, subidos en la ola de la burbuja inmobiliaria, están intentando echar a todas las familias que viven allí para subir los alquileres un 300%.
Ya se han producido cuatro desalojos. Las casas vaciadas están tapiadas a cal y canto. Creían que no iba a ser difícil echar al resto, pero erraron en el cálculo. Las familias decidieron no irse de los pisos, ni del barrio y por eso comenzaron los intentos de desahucio.
Muchas de las personas que quedan en el edificio forman parte de una misma familia. En septiembre quisieron echar a Pepi pero se logró parar, igual que otros tres intentos anteriores. El 21 de noviembre querían echar a Juani y Mayra, que son cuñada y sobrina respectivamente de Pepi. El 22 estaba previsto el desahucio de Rosi, que es hermana de Pepi y cuñada de Juani. Y más adelante echarán a Rafaela, hermana de Rosi y Pepi, y después a la familia de Míriam, que es sobrina de todas.
Hoy es domingo. Llueve a cántaros, hace frío y ya es de noche. He quedado en Lavapiés con algunas personas de la Asamblea de Bloques en Lucha de Lavapiés. Voy a conocer a las familias que tienen orden de desahucio y están resistiendo.
Entramos en casa de Juani, hace calorcito y toda la familia está reunida en la sala. Una sala sin cuadros ni adornos porque “como no sabemos qué va a pasar, hemos ido metiendo todo en cajas y sacándolo de aquí no sea que perdamos además de la casa, nuestros muebles, ropa, enseres y fotos. Hemos quitado la mitad y lo hemos llevado a casas de amigos o algún almacén”.
Juani tiene una hija de 38 años con una discapacidad del 76%. Tiene 64 años, igual que su marido, aún no está jubilados y están en paro. Ahora el único ingreso es la paga de su hija.
“Mi hija se desorienta mucho con cualquier cambio. Incluso cuando vamos al culto, si cambiamos de calle para ir, se angustia. Ella necesita muchos cuidados y la podemos atender muy bien gracias a que toda la familia vivimos en el mismo edificio. Si no fuese por mis cuñadas y mis sobrinas no podríamos cuidarla así.” Necesitan vivir en un primer piso o en una casa con ascensor. “Si no, mi hija tendría que estar encerrada todo el día en casa y no podría salir”.
Todo esto se lo ha explicado decenas de veces a los diversos servicios sociales por los que ha pasado. La respuesta es siempre la misma. No hay casas, no hay solución. En todo caso un albergue provisional.
Rosi y su familia han recibido el aviso de que iban a ser desahuciados el 22 de noviembre. Su marido, titular del contrato de arrendamiento, acaba de ser hospitalizado por tener problemas cardíacos. Puede que no le den de alta antes de la fecha del desahucio. Cuando salga del hospital quizás no tenga a dónde volver.
Mayra está embarazada de su tercer hijo. Tiene un niño de diez años y una niña más pequeña. Su marido y ella cuentan con unos ingresos de 650€. Para esta familia la respuesta es la misma. No hay casas, no hay solución. Solo un albergue provisional que, en cualquier caso, la asistente social no le recomienda porque es un lugar violento y sórdido para estar con niñas pequeñas. Se atreve también la asistente social a decirle que no comprende cómo se ha quedado embarazada.
Pepi es una mujer tremenda. Habla tranquila, con una claridad de ideas impresionante en alguien que ha sufrido varios intentos de desahucios y que siente una incertidumbre enorme ante su futuro. Sus dos hijas están trabajando en este momento. “Tienen los trabajos cerca de casa, en las tiendas de alrededor de Sol”.
No nos encontramos ante el caso de personas que hayan dejado de pagar los alquileres. “Todos los recibos se han pagado”, dice Juani agitando el fajo de recibos pagados que quiere insistentemente que mire. Yo le aclaro que no me hace falta, que la creo. 800€ en el caso de Juani, 400€ en el de Pepi, y así el resto de miembros de la familia que, a pesar de sus situaciones precarias nunca han dejado de pagar porque “cuando no tiene una, se lo presta la otra, y así entre todas nos ayudamos y vamos saliendo adelante”.
El problema no es la falta de pago sino que los nuevos dueños de la finca saben que Lavapies está de moda y quieren obtener de golpe tres veces más de los que ganaban con los alquileres.
“Con la antigua dueña de la finca no había problema. Es una buena persona y está sufriendo por lo que nos están haciendo”. Perdió la finca y los nuevos dueños (Inversión en Proindivisos S.L. y dos “particulares”), desconectados de las necesidades y circunstancias de quienes viven ahora allí, no se conforman con lo que ganaban, ni están dispuestos a negociar alguna subida modesta, sino que tiene la mirada extraviada en la ganancia fácil y rápida.
Estamos ante la expresión del fracaso de la política para cuidar a la gente. La situación que tienen estas familias no es una anomalía ni una rareza. La discapacidad, el desempleo, la enfermedad, la niñez, la vejez, la precariedad laboral…Todas estas situaciones son parte de lo que es la vida, de sus etapas, de sus ciclos. Una política decente, unas leyes decentes son las que garantizan el derecho a la fragilidad y a la vulnerabilidad, no como anomalías de algunas personas pobres y estigmatizables, sino como un rasgo inherente de la existencia humana.
Cada vez que una institución dice que no hay solución, lo que nos está diciendo es que la política se declara incapaz de resolver y proteger a las personas en situación de desamparo. Cuando las instituciones dicen que no hay solución, se asume la “legitimidad” de echar a la gente a la calle, no solo porque no pague, sino porque no paga lo que apetece ganar, sin límite ninguno. Ese “no hay solución” es una bofetada, una humillación. Búscate la vida porque lo legal, “lo normal”, es ganar cuanto se pueda a costa de lo que sea. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es ganar más.
Les dicen que no hay casas pero se organizó una acción con la Coordinadora de Vivienda y el Sindicato de Inquilinas de Madrid para señalar edificios de vivienda pública vacíos. Mayra confiesa que sintió una enorme indignación cuando con sus propios ojos vio las casas cerradas.
En esa acción conocieron a personas de otros barrios de Madrid en su misma situación. Conocieron a una mujer de Latina con seis criaturas a su cargo. “Están en un albergue y cuenta las cosas terribles y violentas que están viendo allí sus hijos”. Conocieron también a otra persona desahuciada que “va en silla de ruedas y tiene una situación muy difícil”, y a personas migrantes completamente abandonadas.
“Yo pensaba que lo mío era grave pero cuando vi los problemas de las otras, me di cuenta de que hay situaciones peores. Hay que hacerse cargo de la gente, a la que es pobre, a la que pasa malas rachas, a la que viene con fatiga desde otros países a trabajar. Cuando vi a los otros, me quedé tocada”, dice Pepi. Y añade, “el corazón es lo que vale en este mundo pero las administraciones y la justicia no tienen corazón. España y Madrid están en un estado crítico porque no hay corazón”.
A Juani le han dicho muchas veces que hay casos más urgentes. Y no lo duda, pero se pregunta “¿quién decide qué es lo urgente? Porque hemos visto casos urgentísimos, como los nuestros y peores y tampoco tienen solución”.
Les dicen, también, que no dan el perfil. No tienen perfil para que les den vivienda con unos alquileres que puedan pagar. Porque para cumplir el derecho a la vivienda que “garantiza” la Constitución, parece que “hay que tener perfil”.
Y tampoco tienen perfil para seguir en el barrio aunque paguen como han hecho siempre. “Señora”, le dijo uno de los policías en el intento de desalojo, el centro no es para todas las personas“.
Pero Pepi, Rosi y sus hermanos nacieron en la calle Lavapiés, después vivieron en Tribulete y ahora en Argumosa. Siempre vivieron aquí y resulta que ahora no dan el perfil para vivir en su barrio. “Por ser pobre te pueden sacar de tu casa y te tienes que aguantar viviendo donde alguien decide que tienen que vivir los pobres”.
Es el mismo proceso de expulsión que están sufriendo muchas otras personas que no tienen derecho a la ciudad si no pueden comprarlo. Son las migraciones forzosas intramuros. Expulsiones basadas en el despojo y la desposesión de las condiciones de vidas más básicas.
Estas familias necesitan estar juntas. De una en una son precarias y pobres. Juntas, conforman una red densa de apoyo mutuo, reciprocidad y afectos, una comunidad, que les permite resistir y aguantar los problemas cotidianos y normales de la vida. “Si nos echan, ¿en casa de qué familiar nos metemos? Si estamos todos igual...”. Mucho golpe de pecho con la Familia, pero la economía también le declara la guerra a los vínculos y las relaciones que permiten la reproducción de la sociedad.
Las familias de Argumosa 11 se sienten abandonadas por las instituciones pero muy acompañadas por las redes ciudadanas que están a su lado. “Doy gracias a Dios por estos chicos de la plataforma”. Pepi se ha ido encontrando más gente buena como “el mismo señor que tapia las puertas de los desahuciados y que ha guardado todas mis cosas en un almacén sin querer cobrarnos. Es una persona de América Latina, pobre como nosotras, y va contra su conciencia ayudar a echarnos”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas exige la paralización de un desahucio de manera indefinida hasta que la administración pública no garantice una alternativa habitacional, y establece que el Estado español tiene que cumplir con este dictamen. En caso de no ser así, advierte al Gobierno español que será sancionado por ello. Este dictamen fue tenido en cuenta por el juzgado y sirvió para paralizar el desahucio de Pepi, pero no es tenido en cuenta en todos los casos.
La casa para Pepi, Rosi, Rafaela, Juani y sus familias no es solo el recinto cerrado en el que duermen y cocinan. Es parte de su territorio. “En el barrio tengo el médico que me conoce, el colegio de los niños y las niñas, las tiendas donde compro, los vecinos. Hay mayores en este mismo inmueble en los pisos de renta antigua. Nosotras estamos pendientes de ellos. ¿quién lo va a hacer?”.
No es sólo que se expulsen familias de sus viviendas. Les desbaratan las vidas. Es un ataque a las redes que les sostienen, a las relaciones de reciprocidad y afectos que son fundamentales, emocional y materialmente, para poder sobrevivir con dignidad.
Argumosa 11 es un universo de mujeres fuertes de todas las edades. Desde Pepi, Rosi y Juani, pasando por Mayra. Míriam o Micaela, hasta Almudena, que es pequeña pero está presente en todas esas reuniones familiares en las que se hablan las cosas sin tapujos. Esas reuniones en las que aprende la interdependencia. Y a reírse hasta de la desgracia propia.
Si ustedes quieren hacer un máster sobre cómo construir ciudad, sobre lo que es el espacio urbano y las vidas diferentes que alberga, vengan y aprendan de estas mujeres que en su vida cotidiana integran el trabajo, el cuidado, los cuerpos diversos.
Con media vida metida en cajas y toda su incertidumbre, Argumosa 11 destila dignidad y fuerza. En dos horas de conversación con estas mujeres se aprende todo lo escrito en los libros sobre el derechos a la ciudad, la importancia de la comunidad para afrontar las crisis, la fuerza que da no sentirse solas.
Por la vida de ellas y por las nuestras, no podemos, no debemos consentir que salgan de sus casas. Si no hay otra solución habitacional en el barrio, su propia casa es la solución.
Ellas son la memoria viva que nos recuerda lo que es ser humanos y humanas. Son defensoras de la vida y del territorio en el corazón de la ciudad.
Juani, Pepi, Rafaela, Rosi, Mayra, Micaela, Míriam y Almudena… Se quedan.
