Pablo Casado, en su intento de zafarse de la pinza a la que le tienen sometido Vox y Ayuso, ha decidido que todo vale. Piensa que puede usar, de manera impune, la mentira y que es legítimo sembrar el odio entre conciudadanos, con la inestimable ayuda de la división mediática Brunete. Cree, y no deberíamos menospreciar esta posibilidad, que si le sirvió a Trump y le sirve a Orbán y otros políticos, también le puede ser útil a él para ganar las elecciones.
De manera simultánea y sincronizada, sectores significativos del independentismo catalán se dedican a ofrecerle dianas fáciles y a disparar con el mismo proyectil, el del odio. En este caso, con la inestimable colaboración de su división mediática Ítaca, encabezada por TV3. Utilizan esta privilegiada plataforma desde supremacistas y xenófobos que cobran por hacernos creer que son cómicos, hasta personajes como ese profesor de secundaria jubilado que, entrevistado, se refiere a una parte de la sociedad catalana como “colonos”. Algo que no debería merecer nuestra atención si no fuera porque esas declaraciones no son un hecho aislado, se realizan en la televisión pública y con el silencio connivente del presentador.
Afortunadamente, esta no es la realidad cotidiana ni en España ni en Catalunya. Pero no deberíamos menospreciar el impacto que estos comportamientos tienen en una parte de la ciudadanía, que vive en burbujas mediáticas que les ofrecen aquello que necesitan para afianzar sus creencias previas, sus miedos e inseguridades.
El encuentro entre la brutal competitividad por la audiencia de los medios y la búsqueda de seguridad -real o ficticia- de la ciudadanía, aunque sea canalizando las frustraciones y miedos contra un enemigo cercano, produce una tormenta perfecta y es una combinación letal para la convivencia.
El conflicto de Canet de Mar ha hecho más evidente un problema enquistado desde hace años. Sin menospreciar su importancia, por el papel central que juega la lengua en la educación y en la sociedad, este no es el problema más importante de los que afectan a nuestro sistema educativo. En los últimos años asistimos a una pérdida de su capacidad de inclusión social y de reducción de las desigualdades sociales. Pero en la medida que se inserta en un conflicto más amplio, en el que las emociones juegan un papel importante, su impacto social es mayor.
El modelo de inmersión lingüística es una historia de éxito colectivo de la sociedad catalana, pero los cambios sociales vividos en las últimas décadas aconsejan su actualización. Los flujos migratorios conllevan escuelas en las que conviven 20 o más lenguas de origen; la globalización genera, vía redes sociales, un impacto negativo en el uso de las lenguas minoritarias. Todo ello acompañado de las dificultades para entender las sociedades diversas y la obsesión de algunos por la uniformidad social.
No me cansaré de recordar que este modelo de escuela es fruto de la lucha de los sectores populares que durante la Transición batallaron para mantener una única red educativa, frente a los que, desde el nacionalismo, defendían una doble red, diferenciada por la lengua vehicular, el catalán o el castellano.
Fue el catalanismo popular, las asociaciones de vecinos, CCOO y los partidos de izquierdas, PSUC y PSC, la población de las ciudades metropolitanas, llegadas de otras tierras de España, las que lucharon y consiguieron que hubiera una única red educativa. La experiencia demuestra que generaciones enteras han accedido con normalidad al bilingüismo, gracias a la escuela, en entornos sociales donde el castellano era la única lengua de uso social.
La mayoría de las personas que se han educado en ese modelo lo reivindican y reconocen que ha sido un factor clave de enriquecimiento personal y de cohesión social.
Aunque los que defendemos ese modelo no deberíamos olvidar que su objetivo era doble, la normalización del uso del catalán y el bilingüismo de los alumnos. La propia Ley de normalización lingüística de 1983 en su artículo 14.2 decía: “Los niños tienen el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo. Los padres y tutores pueden ejercerlo en nombre de sus hijos instando a que se aplique”.
Hace ya algunos años que esa historia de éxito se ha torcido, especialmente a partir del momento en que las lenguas han sido utilizadas por algunos -demasiados- como mecanismos de construcción de identidades cerradas y excluyentes. Y han sido instrumentalizadas para las batallas partidarias.
La realidad en las escuelas catalanas es mucho más sensata y compleja de la que reflejan los rifirrafes de estas semanas. Lo explica en un desapasionado análisis publicado en Catalunya Plural el periodista Víctor Saura. Nos recuerda que el informe del Consell Superior d’Avaluació constata que un 46,8% del profesorado siempre o casi siempre se dirige a sus alumnos en catalán, un 24,3% lo hace a menudo, mientras el resto utiliza el castellano. Esta realidad no está lejana de esa discrecional distribución del 75/25 de las resoluciones judiciales. Estos datos confirman que en los claustros hay bastante más sentido común que entre algunos dirigentes políticos y medios de comunicación.
¿Quiere eso decir que la preocupación que existe en la sociedad catalana por la lengua es un alarmismo injustificado? Desgraciadamente no. Sectores de la sociedad española se han empeñado en usar la lengua como un factor de homogeneización de la sociedad. Aún me resuenan -por haberlas escuchado en directo- las palabras del ministro Wert cuando en el Congreso declaró sin complejos que su objetivo y el de su Ley de educación era “españolizar a los niños catalanes”.
Un planteamiento, el de usar la lengua para homogeneizar a la sociedad, que también sostienen de manera clónica sectores del independentismo, cuando plantean que el catalán debe ser la única lengua de uso social en los espacios públicos, restringiendo el castellano al ámbito privado. Unos y otros no asumen que vivimos en sociedades plurilingües.
En este contexto se hace aún más evidente la necesidad de abordar un aggiornamento del sistema. Situando como objetivo la garantía de competencia plena en catalán y castellano de todos los alumnos. Lo intentó, con poco éxito, en octubre del 2018, el Conseller Bargalló con un documento de título muy explícito: “Un modelo de educación plurilingüe e intercultural”. El fuego cruzado recibido abortó ese imprescindible debate.
Hoy, la renovación y actualización de un amplio pacto educativo, se hace más necesaria y urgente. Pero el ruido ensordecedor provocado por los que desde sus trincheras utilizan las lenguas y siembran odio para sus batallas partidarias hace muy difícil ese pacto.
Lo peor que nos podría pasar es que, al final de esta historia, terminen imponiéndose los que defendían una doble red escolar en función de la lengua vehicular.
Con el impacto asociado de que los perdedores de esa decisión serían ahora -como entonces- los sectores populares. Mientras que muchos de los que, a babor y estribor, azuzan el conflicto continuaran apostando por escuelas privadas o concertadas en las que se utilizan diferentes lenguas como vehiculares.
Los que defendemos un acuerdo amplio y transversal debemos colaborar siendo muy beligerantes frente a los que siembran odio. Una beligerancia equidistante que es lo contrario a la neutralidad. Tan distante del odio que siembran los que defienden posiciones con las que discrepamos como del que siembran los que pueden estar más cerca de las nuestras. Aunque esa equidistancia beligerante nos garantice las críticas e incomprensiones de unos y otros.
Deberíamos evitar un debate público centrado en buscar y señalar las expresiones más cutres y degradantes de los que no piensan igual, para atacarlas como si representaran al conjunto.
Un debate público centrado en los desvaríos de los hooligans de cada posición no es un debate, es un zafarrancho de combate. Quizás, al salir cada mañana de casa, deberíamos desactivar el detector de miserias ajenas y activar el de miserias propias.
Como sucede con todas las cosas importantes “aquest mal no vol soroll” (este problema no quiere ruido). Y de momento el ruido que generan los que han decidido sembrar odio resulta ensordecedor e impide cualquier diálogo. No queda más remedio que resistir en la defensa de pactos transversales, hasta que dejen de sembrar odio.