La necesidad de renovar la política lleva a nuevas formas de democracia deliberativa. Irlanda se ha asomado a una nueva dinámica para debatir una reforma de su Constitución: una convención de políticos y ciudadanos, estos últimos elegidos al azar aunque de modo que fueran representativos de la población. Han estado debatiendo –con luz y taquígrafos, es decir, en nuestros días todo en Internet– durante 18 meses y han presentado su octavo y último informe el pasado lunes.
El encargo vino del propio Oireachtas, el “Parlamento nacional”, integrado por el presidente de la República, la Cámara Baja y el Senado, centrado en ocho reformas de una Constitución que data de 1937 aunque se ha enmendado en numerosas ocasiones. Todavía hay en ella trazas del pasado como la constitucionalización del delito de blasfemia en un país esencialmente católico, que ahora se pretende eliminar. Y otras cuestiones como la reducción de la edad de voto a los 16 años, la revisión del sistema electoral, el matrimonio homosexual o la mayor participación de la mujer en la política. Pero si ha versado sobre estas y otras materias, la Convención pudo ir y ha ido más lejos de los ocho puntos que se le pedía sobre todo en lo referente a la reforma de la Cámara Baja y a los derechos económicos, sociales y culturales.
A nosotros nos interesa más el método que el contenido, pues puede inspirar maneras de proceder en nuestro propio país donde la reforma a fondo de la Constitución de 1978 está bloqueada por el sistema político. Que no se contemple una convención de este tenor no significa que esté prohibida. El método podría servir.
La Convención Constitucional irlandesa ha estado integrada por 100 miembros. 29 de ellos eran políticos elegidos por el Parlamento en proporción a la fuerza de cada partido, más cuatro representantes de partidos de Irlanda del Norte, y un presidente independiente, nombrado por el Gobierno, Tom Arnold hasta entonces, entre otras atribuciones, directivo principal de la ONG Concern Worldwide (Preocupación Mundial). Hasta aquí, casi normal. La innovación ha venido de la selección de los 66 ciudadanos que han integrado la Convención.
En julio y agosto de 2012 una empresa de sondeos se encargó de seleccionarlos al azar pero de modo que fueran representativos de la sociedad (edad, género y estatus socioeconómico y laboral) y de su reparto geográfico. A la vez se designaron otros 66 como recambio, por si fallaban algunos en el primer grupo, dado que los ciudadanos elegidos sólo participaron sobre una base voluntaria.
De los 66 ciudadanos, la mitad han sido mujeres y la otra mitad hombres. 8 de 24 años o menos, 28 de entre 25 y 44, 20 de 45 a 64 años de edad, y 10 de más de 65 años. No se ofreció ningún incentivo monetario para participar, más allá de los gastos necesarios para asistir a la Convención. Ésta se reunió durante diez fines de semana. Los sábados se dedicaban a escuchar a expertos, los domingos a valorar lo hablado la víspera y votar. El temor a que los políticos, más hechos a hablar en público, dominaran los debates no se materializó, según Arnold, para el cual se respetaron los principios de apertura, ecuanimidad, igualdad de voz, eficiencia y colegialidad.
Muchos de estos ciudadanos se han sentido orgullosos de haber participado en la Convención. Arnold nos ha relatado cómo fueron muy activos en sus debates que se retransmitieron por Internet. Todo, incluidos los debates, está recogido en la web Constitution. Tras la Convención, le corresponde decidir responder al Gobierno en cuatro meses sobre las diversas reformas propuestas. Si, con el Parlamento, las acepta, puede ser necesario convocar referendos populares, aunque parte de las conclusiones se refieren no sólo a la Constitución sino a otras leyes. De hecho, de las 38 recomendaciones de la Convención, 18 requerirían cambios en la Constitución.
Hubo otro intento de asamblea popular para redactar una nueva Constitución en Islandia tras la crisis. Se fraguó tras un proceso de deliberación con una asamblea nacional formada por 950 personas elegidas al azar, en un terreno preparado por siete personalidades designadas por el Parlamento. Aunque una parte importante de sus propuestas fueron ignoradas por la posterior y regular Asamblea Constituyente, sí fue un caso político de ensayo de democracia participativa.
La propia Convención Constitucional irlandesa ha concluido haber “representado una manera nueva y excitante de examinar la reforma constitucional, al poner al Pueblo –al que pertenece la Constitución- en el corazón del proceso”. Irlanda ha demostrado en este caso cómo la democracia representativa se puede complementar con grados avanzados de democracia deliberativa y participativa. ¿Por qué no aquí?