Las elecciones libres y justas necesitan que la ciudadanía esté informada y activamente debatiendo los temas electorales del día, así como ejerciendo escrutinio constante de las posiciones adoptadas por los candidatos. Para una democracia saludable, es necesario que la ciudadanía participe activamente en todas y cada una de las etapas de una campaña electoral, no únicamente el día de la votación.
Para quienes gozan de conectividad, ésta les da además acceso a distintas y cada vez más sofisticadas herramientas para informarse mejor al votar: pueden saber más de sus candidatos, compararlos y participar en discusiones sobre la oferta política en las redes sociales. Sus intervenciones dan forma al debate electoral, elevando aquellos temas que les importan más o participan como candidatos.
¿Pero qué sucede con aquellos ciudadanos que no tienen acceso a Internet? ¿Cómo se capturan en un debate, en su mayoría mediado por redes sociales, sus necesidades, preocupaciones e intereses? ¿Cómo están las prioridades de aquellos no conectados representadas en las plataformas políticas?
Las elecciones mexicanas, una historia de desigualdad digital
María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez fue proclamada candidata independiente a la presidencia de México, con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena. Sería la primera mujer indígena en la historia de México en participar como candidata a la presidencia. Sin embargo, junto con otras, muchas limitaciones, las barreras digitales truncaron dicho sueño.
El requisito en México para que los candidatos independientes puedan registrarse y aparecer en la boleta es la recolección de al menos 866.000 firmas verificadas. Para la verificación, la autoridad exige el uso de una aplicación móvil, diseñada para poder ser operada con eficiencia desde teléfonos inteligentes relativamente nuevos. Esto quiere decir que, para reunir las firmas necesarias, tanto los candidatos como quienes los apoyan deben contar con un teléfono móvil moderno -que cuesta aproximadamente tres salarios mínimos mensuales- así como tener acceso a electricidad y a un paquete de datos móviles. Éstos son recursos de los que muchas poblaciones rurales e indígenas carecen por completo. Mientras que algunas municipalidades fueron exentas de dicha obligación, la exención no cubría precisamente aquellas áreas que Marichuy quería representar y al final no pudo reunir las firmas habilitantes para su candidatura.
Sin acceso a Internet y aislados
En México sucede lo mismo que en muchos países, el aumento en el acceso a Internet ha incrementado el número de actividades políticas y electorales en la esfera digital, un giro que ofrece nuevas oportunidades para llegar a más personas, incrementar su participación y activar al electorado. En las pasadas elecciones de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó su sitio web, vídeos y redes sociales para alentar a las personas a ir a votar así como para informar a la ciudadanía de temas electorales clave.
Como le tocaría experimentar en carne propia a Marichuy, las nuevas tecnologías digitales solamente pueden expandir las oportunidades para los ciudadanos si éstos están conectados y cuentan con los recursos necesarios para participar. En México, únicamente el 64% de los habitantes está conectado a Internet. Esto significa que, en un país de más de 100 millones de habitantes, un tercio de ellos está excluido de la influyente plaza pública digital. Y sucede que precisamente esos que no están conectados a Internet son a su vez extremadamente pobres, mujeres, indígenas y viviendo en áreas rurales. Son personas cuyas necesidades y demandas son constantemente ignoradas por el gobierno, son precisamente aquellos a quienes los candidatos deberían estar prestando especial atención.
La brecha digital de México es severa, hay comunidades enteras completamente desconectadas. En pleno siglo 21, en un país de la OCDE, hay comunidades indígenas que deben caminar más de 40 kilómetros para poder llegar a un área con cobertura a Internet. Dicha carga se acumula con otra, la capacidad de pago por acceso a Internet. Las dos barreras combinadas hacen prácticamente imposible para poblaciones enteras el acceder al espacio donde los debates que definirán su futuro se desarrollan, como lo han indicado investigaciones de la Fundación Heinrich Böll.
En un país tan centralizado como México, es una necesidad prioritaria el asegurar una amplia participación. Pero, mientras los partidos políticos transitan de las campañas de base, tradicionales, a un modelo de campaña mayoritariamente digital, éstos giran su atención a los ciudadanos conectados. Como resultado de este cambio, dejan precisamente a los desconectados con aún menores oportunidades de informarse sobre sus candidatos, sobre las posiciones de éstos y sobre los temas sobre la mesa. Es más, “sus” temas jamás llegarán a la mesa de debate, al carecer de un vehículo para hacerse oír. Sus voces se pierden efectivamente del proceso electoral.
Asegurarnos de que todos los votantes sean tomados en cuenta
Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades increíbles para superar las barreras sociales y económicas para acceder al poder y para estar representados. Pero éstas solamente servirán los intereses de aquellos que ya tienen la oportunidad de alzar su voz, dejando una vez más atrás a aquellos que no se pueden conectar. Nuevas exclusiones.
Si los procesos electorales se apoyan tan fuertemente en Internet, debemos asegurar entonces que todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas estructuralmente marginales. Esto no debe limitarse a asegurar cobertura geográfica de la infraestructura para el acceso de Internet, pero también a asegurar que las personas pueden pagar la conexión, que cuentan con las habilidades y formación digital necesaria para interactuar en línea y que entienden cómo sus voces pueden conseguir un impacto real usando los medios digitales.
Para resolver el problema de la desigualdad digital y asegurar que las elecciones sean verdaderamente democráticas, propongo que los gobiernos prioricen el acceso universal a Internet para todos. Además, las autoridades electorales deben asegurarse de que la información relevante para la contienda esté también disponible para los votantes que no cuentan con acceso para Internet.
Otras medidas positivas podrían incluir capacitación técnica y de campañas digitales a aquellos candidatos que representan a grupos excluidos, así como ofrecer apoyo técnico para que esos debates y discusiones ciudadanas que ocurren en lugares y entre personas que no cuentan con acceso a Internet, puedan ser parte de la conversación digital, y a su vez diseñar mecanismos para que estas comunidades reciban información de las reacciones que sus propuestas generan.
Es necesario monitorear minuciosamente la cantidad que los partidos políticos gastan en marketing político y compararla con las cantidades que éstos dedican a comunidades desconectadas.
En futuras elecciones, es importante invertir en investigaciones que identifiquen el efecto de los debates que se desarrollan en la esfera digital y como éstos transforman el discurso político, para dimensionar con precisión el impacto de no poder participar en los mismos.
El caso de México ejemplifica cómo la tecnología no solamente reproduce, sino también agudiza la desigualdad, víctima del solucionismo tecnológico, que asume a todos conectados. Al hacerlo frustra el fin principal de las elecciones, debilitando la democracia, donde voces de colectivos desaparecen por completo, una vez más, olvidados, por no poder comprar, acceder y utilizar un aparato conectado a la red.