Por la democratización y descentralización de los órganos de gobierno de la ciudad de Madrid
Los barrios populares y de la periferia de Madrid acumulan un abandono secular. La anexión franquista de los pueblos limítrofes a Madrid, a mediados del siglo XX, relegó estos barrios a espacios de aluvión de trabajadores procedentes de la inmigración interior como mano de obra barata para el desarrollo industrial de la época, hacinados en bloques o habitando en chabolas infrahumanas.
El movimiento vecinal de los años 70 forzó a que los primeros ayuntamientos democráticos mitigaran en parte el déficit de equipamientos e infraestructura que se había acumulado. Pero desde entonces la estructura centralista municipal ha favorecido que los sucesivos gobiernos de la ciudad hayan priorizado sus actuaciones y presupuestos en el centro escaparate y financiero, relegando de nuevo a los barrios populares a un creciente abandono. Esto resulta muy visible si se compara estos barrios de Madrid con el crecimiento y desarrollo bien visible, en estas últimas décadas, de unos municipios limítrofes, que tienen una composición social similar a los barrios periféricos, pero que conservan su autonomía municipal.
Los distritos madrileños tienen unas Juntas Municipales sin competencias reales (incluso para las gestiones más sencillas), un presupuesto ridículo y nulo peso político en la gobernación de su territorio. Además están integradas por personas que no han sido elegidas por los vecinos, y tienen escasa dedicación, por simultanearla con otras tareas y obligaciones del gobierno central de la ciudad. Así es imposible ocuparse con solvencia de los problemas de una población que supera en algunos casos los 250.000 habitantes. La participación vecinal, individual o colectiva, sencillamente no existe. Como ejemplo se puede comparar los 57 concejales electos en Madrid y los 527 que elige París, 163 para el pleno municipal y otros 364 para gobernar los distritos.
Cuando la izquierda gobernó la ciudad de Madrid no tuvo la valentía de acometer la necesaria descentralización del ayuntamiento; ni siquiera se atrevió, como en Barcelona, a que las juntas estuvieran gobernadas por el partido más votado en su distrito. En los 28 años de gobierno del partido popular han desaparecido las pocas competencias que les quedaban a los distritos, reduciendo a un exiguo 11% el presupuesto que gestionan los 21 distritos, privatizando además gestiones tan sensibles como el empadronamiento o las licencias. Los distritos ni siquiera pueden arreglar los baches de sus calles ni autorizar la celebración de una fiesta de carnaval; pero al mismo tiempo ha crecido la estructura superior, con nuevos cargos, como gerentes y asesores, que cobran elevados sueldos sin justificación alguna.
El deterioro y déficit que acumulan de nuevo los barrios populares de Madrid es un hecho, que se agrava por ser en muchos casos donde más necesidades sociales se concentran. La estructura fuertemente centralista y antidemocrática de la organización municipal de Madrid es lo que posibilita y favorece este progresivo abandono señalado.
Para suplir este déficit democrático y estructural se requiere cambiar a fondo la organización política, las competencias y presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, un cambio que permita el acercamiento de las decisiones del poder político a los ciudadanos afectados, y que posibilite así una profundización en la democracia y la participación real de los ciudadanos. Sólo de ese modo podrán darse pasos sólidos para afrontar un reequilibrio territorial y social con garantías de futuro, que no se limite a acometer planes de choque coyunturales o ridículos planes de barrio más pensados para propaganda mediática que para resolver realmente los problemas del vecindario, como se hace ahora.
Abogamos por dotar a los órganos municipales de los distritos de las competencias, el presupuesto y la personalidad política necesarias que favorezcan la participación vecinal en las decisiones municipales y permita dotar a los barrios, donde se desarrolla principalmente la vida cotidiana, del protagonismo que merecen. Ese es el ámbito privilegiado para acometer los presupuestos participativos, sobre una realidad cercana y conocida por sus protagonistas.
Proponemos un reparto de competencias entre los órganos centrales y los distritos, con su correspondiente presupuesto que haga posible su ejecución. Y proponemos también la elección directa de los órganos de los distritos, complementaria a la elección, también directa, de los órganos centrales, como ahora ya se realiza.
De esta manera las personas elegidas, que podrán ser conocidas por sus vecinos, tendrán que rendir cuentas de su gestión ante los mismos, aunque sea cada cuatro años.
