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Estos días, cuando comienzan en el Congreso los trabajos de la Comisión para la evaluación del funcionamiento del modelo autonómico, pueden ser un buen momento para recordar algunos cambios que se han producido en la demografía española en los últimos años. Es muy probable que los debates en la Comisión discurran sobre los logros económicos del estado autonómico, quizá –ojalá- también sobre cómo construir un nuevo marco normativo que facilite la resolución de conflictos entre los gobiernos autónomos regionales, entre sí y con el gobierno central, que dificulten llegar a situaciones como las que estamos viviendo respecto de Cataluña. Será difícil, no obstante, que se llegue a considerar como derecho ciudadano el poder llevar una vida digna en el lugar donde uno desee vivir dentro del Estado español, sin menoscabo del derecho a vivir dentro de toda España en igualdad de condiciones que los demás, derecho ya recogido en el artículo 19 de la Constitución.
De concretarse esta sospecha, estaremos ante una situación, al menos, paradójica. Sí, resulta llamativo que, de forma generalizada, o por lo menos, desde la práctica de lo políticamente correcto, se acepte que haya que facilitar soluciones a los problemas reales que motivan las migraciones internacionales, sean de índole política o, sobre todo, de raíz económica, sin que exista la misma unanimidad respecto de los movimientos migratorios interiores. Porque hay que reconocer que no son infrecuentes las voces contra las transferencias entre las regiones ricas hacia las más pobres del territorio nacional – no se ignora que no son flujos territoriales propiamente dichos, sino entre actores económicos a través de la administración tributaria, aunque difícilmente pueden dejar de ser interpretadas como transferencias “entre territorios”-, aceptándose la idea de que la “buena vida gratis” se mantiene como un pozo sin fondo que amenaza la prosperidad de los – que así mismo se ven como - más laboriosos.
Pues bien, de ser esto último cierto, las migraciones dentro de España serían muy marginales y no se puede sostener que así esté sucediendo, como informan los registros en los padrones municipales. Así, el uno de enero de 2010 la población residente en España era de 46.486.621 habitantes, y en la misma fecha de 2017 alcanzó la cifra de 46.528.966 personas, es decir en siete años ha conocido un ligero aumento de 42.345 habitantes. El bache de caída de población sufrido en el año 2016 (46.440.099 habitantes) se ha superado felizmente tras el fuerte impacto sobre la demografía de la crisis económica. Ahora bien, esta recuperación se ha acompañado de una significativa redistribución territorial de la población equivalente al 0,89 por ciento de la población española de 2010, en solo siete años. Mientras que unas comunidades autónomas han perdido 412.295 habitantes, otras han visto incrementar su población en esa cifra más el incremento del total de la población, en total 454.644 habitantes más. Dadas las circunstancias del mercado de trabajo, parece que las resistencias a la movilidad son menores de las que se suponen habitualmente, máxime en un contexto de escasas oportunidades de empleo bien remunerado. En cierta forma, la dirección de las migraciones es un indicador de las perspectivas económicas, sobe el futuro inmediato y, sobre todo, a medio plazo.
¿Qué comunidades son las “ganadoras”? Pues bien, entre los años 2010 y 2017 se ha consolidado la tendencia al incremento del peso demográfico de Madrid y de las regiones insulares (Baleares y Canarias) sin que las regiones mediterráneas hayan modificados sustancialmente su participación. En Andalucía reside el 18% de la población española, en Cataluña el 16%, en Madrid el 14% y en Valencia el 10,6%. En cuatro regiones reside el 58,6% de los residentes en España. En sentido contrario, hay que destacar la pérdida demográfica de Castilla y León que ha visto descender su población en 111.611 habitantes en este corto periodo de tiempo (un 4,4%) y también la de Castila- La Mancha que ha perdido 44.091 habitantes (2,1% menos respecto a 2010). En las comunidades mediterráneas se ha producido una ligera redistribución demográfica a favor de Murcia (19.404 habitantes más) y Andalucía (que ha aumentado en 133.640 el número de sus habitantes), en contra de Cataluña y la Comunidad Valenciana que han visto disminuir su población ligeramente (un 0,30% y un 1,1% respectivamente). También han perdido población entre 2010 y 2017, La Rioja (7.292 habitantes, un 2,28%), Aragón 27.108, un 2%), Asturias (42.654, un 4%), Cantabria (7.041, un 1,2%), Extremadura (21.890, un 2%), Galicia (61.890, un 2,2%) y el País Vasco (11.825, un 0,5%). Navarra ha visto aumentar su población en 7.484 habitantes registrando un ligero aumento en este periodo del 1,2%.
Junto a estos cambios, las capitales provinciales acumulan proporciones de residentes muy significativas respecto de la población de sus comunidades autónomas. Es el caso de las capitales de comunidades uniprovinciales aunque en diferente grado. En la ciudad de Madrid reside el 48,9% de la población de su comunidad, en Logroño en 47,8% de La Rioja, en Palma de Mallorca el 36,4% de la población residente balear. En Pamplona y en Murcia capital el 30,1% de la población de sus respectivas comunidades. Pero en las capitales aragonesas (entre las que sobresale Zaragoza) reside el 57,2% de la población regional, las castellano-leonesas acumulan el 42,6% de la suya, y las vascas el 35,4%. En otras comunidades autónomas se alcanzan estos índices acumulando dos o tres ciudades. Es decir, junto la dinámica poblacional entre regiones, las capitales provinciales mantienen una preeminencia poblacional extraordinaria en sus espacios regionales.
En otros términos, la crisis económica está consolidando en España un modelo demográfico enormemente desequilibrado. Mantiene el desplazamiento de la población española hacia Madrid y las costas, incluyendo con fuerza a las islas -también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero seguramente por motivos muy distintos-, junto a la continuidad del despoblamiento de los centros urbanos de menor tamaño.
Con independencia de los resultados de la Comisión del Congreso sobre el sistema autonómico, no cabe la menor duda de que se volverá a cambiar el sistema de financiación autonómico, y muy probablemente la Ley electoral. La reforma de la Ley electoral se verá muy influida por el deseo de proporcionalidad, de mayor correspondencia entre votos y representación, y así, las comunidades que pierden población verán –justamente- disminuida su presencia en el Congreso de Diputados, hecho que hará más necesaria la reforma del Senado a fin de reforzar, seriamente, su carácter de representación territorial. Igualmente, la reforma del sistema de financiación autonómico deberá de atender a la mayor presión demográfica de las regiones que han visto aumentar su población, además de vencer las resistencias a mejorar la “solidaridad interterritorial”.
Cabe preguntar, ¿qué hacer con más de la mitad de España? La que comprende a Galicia y a Asturias, a Cantabria y a La Rioja, a Aragón y a Extremadura, a Castilla y León y a Castilla-La Mancha, que ven cómo la sangría demográfica no cesa. Buenos hospitales, educación con buena valoración en informes como Pisa o excelente dotación de infraestructuras, no han bastado para dinamizar estas regiones.
Cabe hacer alguna pregunta como ¿qué pasará cuando dejen de llegar fondos estructurales de la Unión Europea? ¿Será posible una institución de financiamiento de desarrollo territorial? O más política, ¿es posible y sostenible un estado descentralizado que no evite el acelerado desequilibrio demográfico?
El TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado de la Constitución española también está vigente.