Todo dicho: “O este Gobierno o España”. La frase es de Alberto Núñez Feijóo. Se entiende que España es él y el PP. No hay más. El poder les corresponde por derecho y no hay mayoría parlamentaria que valga. Cada vez está más claro hasta dónde están dispuestos a llegar. Empezaron con aquello del “Gobierno ilegítimo”, siguieron con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, después con el del Constitucional y, ahora, con un drástico giro de guion del máximo garante de la Carta Magna, consiguen amordazar a las Cortes Generales, tras prohibir al Senado votar la reforma que afecta a su propia renovación.
La deriva que ha decidido seguir el líder de la oposición no sólo muestra un absoluto desprecio por la pluralidad política y las normas más elementales de la democracia, sino que habla además de una derecha dispuesta a tensar las costuras del Estado cuanto haga falta hasta que el PP vuelva a ganar unas elecciones.
Para Feijóo, “no es legítimo” lo que está haciendo Pedro Sánchez porque está poniendo en “juego los cimientos de la democracia”. Lo que ha hecho exactamente el Gobierno es reformar dos leyes para acabar con el secuestro de los órganos constitucionales. Con un procedimiento dudoso desde el punto de vista parlamentario, sí, pero utilizado decenas de veces por el PP cuando tenía mayoría en el Congreso de los Diputados. Es el mismo método, por cierto, que la derecha usó, por ejemplo, para aprobar el aforamiento del emérito, el de la Reina Letizia y el de la Princesa de Asturias. Y de aquello no se recuerda una palabra de las derechas sobre que se obviaran los informes preceptivos, ni que se usaran “procedimientos anticonstitucionales a sabiendas”, ni que “se hiciera clandestinamente”.
El líder del PP ha anunciado una ofensiva para defender “los pilares de la democracia” que su partido y él mismo pisotean desde hace tres años. Ha convocado además a toda su organización a desalojar al presidente del Gobierno de La Moncloa en 2023 bajo el lema “O este Gobierno o España”. España, ya saben, como la bandera, el himno, las víctimas del terrorismo y el Poder Judicial son suyos. Nadie tiene derecho a ocupar ese espacio. Tampoco el del TC, ni el del CGPJ, cuyas mayorías establece la Carta Magna en función de la mayoría que sale de las urnas, y no Pedro Sánchez, pese a que torticeramente los altavoces mediáticos del PP repitan hasta la náusea que estamos ante un asalto del presidente del Gobierno al Constitucional.
Proteger la democracia y la Constitución exige algo más que un verbo inflamado y una maniobra urdida entre bastidores y en connivencia con la derecha judicial para amordazar a la sede de la soberanía popular. Incluye no arrastrar al Constitucional a un choque entre poderes sin precedentes en democracia y no saltarse los más elementales procedimientos de la alta magistratura. ¿O es que hay que dar por bueno que el Tribunal haya votado por seis votos a cinco no debatir sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado hasta que no se discutiera sobre la admisión a trámite del recurso del PP y la adopción de cautelarísimas gracias al voto de los propios afectados? ¿Cuándo es el momento de conformar un tribunal imparcial? ¿Cuando ya se haya decidido sobre la cuestión de fondo? ¿Es presentable que Trevijano y Narváez no se inhibieran de una votación que les afectaba personalmente?
Con todo, lo más grave e insólito es que el Tribunal Constitucional haya decidido aceptar las cautelarísimas que pidió el PP e impedir al Senado ejercitar su función legislativa para tramitar una ley. No había ocurrido jamás porque se trata de una intromisión/secuestro intolerable que rompe con el equilibrio de poderes de nuestra democracia y cuyo único objetivo es que el PP no pierda la mayoría conservadora y, por tanto, el control del Tribunal.
Estamos ante una asonada que nos arrastra a una crisis constitucional de consecuencias incalculables y que nos dibuja una España preciosa. ¿Qué será lo siguiente?
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