Hace ya seis meses que el Gobierno retiró su retrógrada reforma de la ley de aborto, empujado por los mismos principios que lo llevaron a plantearla: el electoralismo. Pensó el PP que su electorado compartía la opinión de unos cuantos de sus dirigentes sobre la capacidad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, pero se sorprendió cuando descubrió que esa manera de pensar tan regresiva que se reflejaba en la reforma, no la suscribían ni sus barones autonómicos. Desde luego no la mayoría de los votantes de la derecha y el centro derecha, que hace ya mucho tiempo que no ven un problema en las leyes que permiten interrumpir un embarazo.
Así que un buen día el presidente Mariano Rajoy la retiró de la circulación, y con ella a su máximo defensor, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Dos pájaros de un tiro. Y todo porque su mago de las encuestas, Pedro Arriola, coincidió con los barones que venían advirtiendo insistentemente del riesgo de perder las elecciones del próximo 24 de mayo si a los recortes sociales y al paro se le añadían proyectos tan marcados ideológicamente como ese.
Lástima que la derecha sociológica española no aprecie de la misma manera otros derechos ciudadanos como la libertad de reunión y manifestación y la limitación de los poderes gubernamentales para recortar o sancionar esas actividades. De haberlos valorado más, a lo mejor el Gobierno también hubiera parado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por miedo a perder votos y se habría evitado la aprobación de una norma regresiva y represiva como la Ley Mordaza.
Porque ya se sabe que al PP no le gustan las protestas y que lleva toda la legislatura intentando deslegitimar a quienes las protagonizan. Cuando fueron los jueces -que hicieron huelga contra la Ley de tasas que ahora se va a revisar- es porque estaban enfadados porque les habían quitado una paga extra. Lo dijo el ministro Gallardón. Si son los médicos de la sanidad pública contra las privatizaciones, es porque quieren mantener su privilegiado trabajo para toda la vida. Lo dicen incesantemente desde el Gobierno autonómico de Ignacio González. Y si son los maestros los que se manifiestan contra los recortes en la escuela pública, es porque no quieren trabajar más. Lo dijo Esperanza Aguirre. Así que todos los que protestan contra decisiones gubernamentales lo hacen, según la propaganda del PP, por criterios egoístas y espurios. Y los que protestan globalmente contra todas esas decisiones y alguna más, esos directamente son tildados antisistema.
Pero a los ciudadanos de derechas parece que tampoco les gustan, que son más del orden y la mano dura, de lo que en la ley se denomina “tranquilidad pública”. De ahí que el Gobierno haya seguido con esta Ley Mordaza que, bien aderezada con datos manipulados y magnificados sobre incidentes violentos en las manifestaciones, tiene una buena acogida en ese sector y no representa ningún riesgo electoral sino que incluso le puede dar más votos. Lo de exagerar los datos lo hace el PP, amparándose en que casi nadie va a contrastarlos con los que ofrece el propio Gobierno, que esta misma semana informaba al Congreso de los Diputados de que en los últimos tres años se han producido 90.000 manifestaciones y en solo el 0,08% se registraron disturbios violentos.