El Gobierno antisistema (y por qué los gobiernos violan la ley)
Empecemos con un toque de humor (negro). La portada del Financial Times del viernes incluye una noticia con el titular “European Court strikes down Spain's draconian foreclosure law”. Draconiana. Un momento. Todo el mundo dice que el FT es la biblia del capitalismo, el periódico que todos los directivos y trabajadores del sector financiero esnifan, perdón, leen todas las mañanas. Ese diario no tiene inconveniente en tachar de draconiana la legislación hipotecaria española sostenida en los últimos 35 años por sucesivos gobiernos españoles de la democracia. Entonces, ¿cómo deberíamos definir la versión de la economía de mercado que nuestros políticos han tenido a bien concedernos?
La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia decreta que la legislación hipotecaria española es abusiva e ilegal. Es ilegal porque contraviene una directiva europea de 1993 sobre las “cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”. En unos meses, esa directiva cumplira 20 años. ¿Dónde están ahora esos políticos que no cesan de repetirnos que hay que continuar confiando en las instituciones europeas? ¿Dónde están esos periodistas que el jueves nos advertían de que esta decisión judicial era un ejemplo más de las ventajas de estar “en Europa”?
Pero ellos sólo son el coro griego de la obra que se representa desde hace años. Es más relevante fijar nuestra atención en las personas que tienen la misión de aplicar esas directivas europeas. Personas como el presidente del Gobierno que, según contó él mismo, se cuadró en 2010 cuando Zapatero le llamó por teléfono para cambiar la Constitución en un visto y no visto porque había que enviar un mensaje a Alemania. El mismo Mariano Rajoy que dijo hace unos pocos meses que no había ningún motivo para reformar la ley hipotecaria, si acaso hacer algunos pequeños cambios que tuvieran en cuenta a los más desfavorecidos. No es que estuviera previamente en sus planes, pero hubo gente que tomó la decisión, ciertamente extrema, de lanzarse desde un balcón, mientras que hubo medios de comunicación, ciertamente irresponsables, que decidieron publicar esas noticias, cuando todo el mundo sabe que esas cosas no se deberían contar, porque es mejor esperar unos años a que salgan las estadísticas oficiales y si no se ha producido un aumento espectacular de suicidios, es una señal indudable de que no existe tal problema y por tanto el Gobierno no está obligado a cambiar de rumbo.
El Gobierno está lleno de gente muy seria que no toma las decisiones a la ligera y que deja pasar el tiempo hasta que tiene una solución coherente para ese problema. Algunos, como Rajoy, llegan a la conclusión de que algunos problemas, o en realidad todos los problemas, no tienen una solución inmediata, y por tanto no hay que acelerarse porque al final el hada de los tres deseos se ocupará de todo.
A fin de cuentas, ¿por qué cambiar una ley aprobada en 1909, remendada cuando era imprescindible, que hasta ahora ha servido bien a las entidades financieras? Ahora más que nunca es necesario no tocar eso porque el Gobierno ha decidido que todas los bancos y cajas en situación de insolvencia son “sistémicos”. Es decir, las leyes no escritas, y las escritas también, de la economía de mercado no importan. Lo que ocurre en países como EEUU, Reino Unido o Alemania son sólo excentricidades sin importancia, porque lo que de verdad es relevante es lo que ocurra con los grandes bancos que no quieren sufrir ninguna sacudida inesperada.
Al Gobierno no le importa lo que pase en esas entidades intervenidas, y a fin de cuentas sus accionistas van a perderlo casi todo, sino lo que pase con los gigantes. Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y los demás. No se pueden permitir la aplicación de la lógica del capitalismo por las terribles repercusiones que eso puede tener. La que dice que si arriesgas tu dinero y trabajas duro tienes derecho a una compensación económica elevada o incluso astronómicamente elevada, pero si fracasas, tomas malas decisiones o eres corrupto, te mereces hundirte y perder todo tu dinero.
Y todo ello se hace en nombre de la seguridad jurídica, que por lo visto consiste en dejar en el cajón que nadie abre una directiva europea de obligado cumplimiento de 1993.
No nos engañemos. Si no hubiera sido por una demanda presentada por un abogado y la movilización en la calle, todo seguiría igual. Los gobiernos que ha habido desde entonces nunca han tenido la más mínima intención de aplicar esa norma. Cada uno puede hacer las cuentas que quiera, pero está bastante claro dónde están los remedios para la crisis del sistema. Los tribunales y la calle.
Todo lo demás es volver a 1909.
