Desconfinamiento y compromiso cívico

El martes el presidente Pedro Sánchez presentó el plan de desconfinamiento para toda España que, si todo fuera bien, abarcaría desde el lunes hasta finales de junio. Este será asimétrico en el territorio y por fases temporales; se va a ir adaptando a la evolución de diversos indicadores epideomológicos y de capacidad sanitaria que se monitorizan permanentemente. La unidad de desescalada será a priori la provincia o la isla. Ahora bien, y a raíz de la demanda de varias comunidades, quizá se acabe utilizando como división operativa las regiones sanitarias u otro tipo de agregación territorial. De la misma manera que en los países europeos del entorno, se está trabajando en un escenario incierto y lleno de riesgos, en el que se va a ir avanzando con pruebas de acierto-error.

Nos guste más o menos el plan, para los y las ciudadanas la exposición de éste representa un cierto alivio. Sabemos a qué atenernos en los próximos meses, conocemos cómo va a ser el proceso, y tenemos claros cuáles van a ser los indicadores que van a acelerar o retrasar la llegada a la llamada “nueva normalidad”. Si la mejora es como se ha previsto, habremos estado aproximadamente dos meses confinadas y dos en transición. Nadie hubiera pensado unos meses antes que viviríamos esta experiencia, la última gran pandemia se remonta a poco más de un siglo atrás. Han sido y serán momentos duros y van a dejar huella, sobre todo en aquellos segmentos sociales más vulnerables.

Dicho esto, y en cuanto a control de la pandemia significa, lo más difícil aún está por llegar. Cuando el shock inicial se ha diluido, cuando las imágenes de hospitales saturados han dejado de monopolizar nuestros telediarios, las personas nos relajamos. Cuando el cansancio de vivir aislados va haciendo mella y ciertas situaciones devienen insoportables, la protección colectiva empieza a ser vivida como una constricción individual. La tensión que nos mantiene en alerta se desdibuja. Y es paradójicamente en la fase de desescalada y, sobretodo, en la de “nueva normalidad”, en la que va a ser más necesario que nunca el compromiso cívico.

Por el momento, las pautas de distanciamiento físico (término que creo más adecuado que distanciamiento social) y las normas de higiene son las únicas herramientas que tenemos para proteger a nuestras sociedades. Como viene alertándose desde el inicio de la pandemia, las medidas adoptadas son necesarias para salvaguardar nuestra salud pero sobretodo la de las personas mayores o con enfermedades previas. Se busca que no se saturen los servicios sanitarios e ir ganando tiempo a la espera del desarrollo de una vacuna y/o nuevos fármacos para tratar la enfermedad. En este contexto, el cambio de nuestros comportamientos para reducir la circulación del virus es imprescindible en aras del bien común.

En las últimas semanas ha habido un vivo debate en la esfera pública entre aquellos que recriminan a sus conciudadanos actuaciones no permitidas en la vía pública y aquellos que les reprenden tildándoles de “policías de los balcones”. En otras palabras, el clásico debate en las ciencias sociales sobre qué hacer con los free riders: soluciones cívico-republicanas o aquellas que apelan a la libertad individual. Esta discusión, además, se ha complicado al mezclarse con una dudosa solución jurídica para multar a los infractores: un número importante de expertos en derecho la tacha de desafortunada y poco ajustada a los procesos garantistas. Así como también por la existencia de ciertos abusos de poder que se han ido registrando a lo largo de la geografía.

Aparte de la gestión de comportamientos minoritarios, debería ser también objeto de preocupación ciudadana la forma de interiorizar la “nueva normalidad”. No será fácil (aunque sea para un periodo limitado de tiempo) acostumbrarnos a vestir mascarilla por la calle y lugares públicos, a posponer actos multitudinarios, a movernos menos, a reducir nuestra vida en las plazas, etc. Sería deseable en una sociedad democrática que los cambios de comportamiento fueran fruto de la asunción de nuestro compromiso con los otros y no de una obligación venida de arriba con amenaza de castigo. De la misma manera que para hacer frente al VIH interiorizamos las normas de protección como responsabilidad colectiva, hagámoslo ahora también con la COVID-19. De la misma manera que hicimos de la lucha contra el SIDA una forma de activismo, estructuremos así también nuestra respuesta social.

Afrontemos el desafío que tenemos delante con construcción de comunidad, de lo colectivo, pensando en el ejercicio de los cuidados, tomando consciencia de la solidaridad entre iguales. Seamos conscientes de nuestras vulnerabilidades y de nuestra naturaleza interdependiente. Cuidémonos, cuidemos y cuidemos el planeta. Hilvanemos proximidad social aunque sea en tiempos de distancia física. El Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB ha puesto en marcha un estudio para recopilar iniciativas sociales que ayudarían a reforzar esta maraña. Solidaridades contagiosas que se materializan en redes de apoyo mutuo específicas para el coronavirus; iniciativas de reciprocidad a nivel vecinal y familiar; experiencias culturales, deportivas o educativas on line; prácticas de solidaridad vehiculadas a través del tercer sector o formas de autoorganización que ya iniciaron en la anterior crisis.

Ahora bien, para transitar hacia un nuevo escenario a partir del compromiso cívico sería bueno que los gobernantes nos consideren ciudadanos racionales y con capacidad crítica. Que nos den datos, información y argumentos. Y sobre todo, que nos expongan las dudas. Ha habido propuestas controvertidas y discutidas entre los decisores públicos. Hágannos partícipes de los debates, también cuando existen importantes disensos. Si nos sentimos corresponsables de la incertidumbre será más fácil avanzar de manera comprometida hacia el nuevo escenario.