El diálogo o la nada
Varios sectores políticos y sociales reclaman en los últimos días diálogo entre las instituciones de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Diálogo para empezar a poner fin a un conflicto eminentemente político que ha llegado a sus máximas cotas de tensión en las últimas semanas, en los últimos días.
Ahora bien, diálogo para qué y sobre qué. Creo que pese a lo bienintencionado de esta petición el alcance que les suponen los diferentes implicados puede no ser coincidente. Algunos lo utilizan como estrategia o táctica (para ganar tiempo, para ganarse simpatías, etc), otros lo ven como el reconocimiento de un igual, otros como la aceptación de un fracaso. Solo algunos creemos en el diálogo como la única salida a la situación que vivimos hoy en Catalunya.
Debe partirse de que, efectivamente, son muchos los reproches que ambas partes pueden hacerse tanto desde el punto de vista jurídico como político, con más o menos fundamento. Citaré ahora solo algunos ejemplos. El Gobierno del Estado, muy especialmente bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha optado por una estrategia de relación con Catalunya basada en el ninguneo, una veces, e infravaloración, otras. Este rechazo sostenido en el tiempo se ha unido a una falta de comprensión de la dimensión política del deseo de celebrar un referéndum pactado y el aumento de los partidarios de la independencia en Catalunya. El Gobierno de Rajoy ha optado por no hacer política y limitarse a la respuesta jurídica del creciente malestar en Catalunya. Esta estrategia se enmarca, además, en una campaña de recentralización de competencias y poderes autonómicos de afectación a todas las Comunidades Autónomas, iniciada por Rajoy y su gabinete con la excusa de la crisis. El referéndum pactado ha sido ventilado una y otra vez con una máxima “no es que no quiera, es que no puedo” refiriéndose a los límites constitucionales para la celebración de dicho referéndum. Sin embargo, esta afirmación es, como mínimo, matizable. Una parte importante de la doctrina constitucionalista defiende que al amparo del art. 92 CE cabría celebrar un referéndum, o consulta, no vinculante en Catalunya en que podría preguntarse sobre su encaje en España. Por tanto, el Sr. Rajoy debería cambiar su eslogan y afirmar, de forma legítima, “no lo hago porque no quiero; no encaja en mi idea de España”. Dejaremos ahora de lado la injustificable e inútil actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre.
En el otro lado tenemos a unas instituciones de la Generalitat comprometidas plenamente con la independencia y no tanto con el referéndum. Si la finalidad del Govern y de la mayoría Parlamentaria hubiera sido el referéndum, en sus programas no estaría la posibilidad de declarar, en última instancia, la independencia. Igualmente, el Pacto por el Referéndum, una iniciativa loable, no hubiera durado escasamente seis meses, además, bajo la amenaza constante de que, en cualquier caso, en Catalunya se celebraría un referéndum por la independencia en otoño de 2017. En la misma línea, la primera semana de septiembre no se hubiera aprobado una Ley del Referéndum para la autodeterminación de Catalunya que implicaba su independencia en caso de obtener más votos positivos que negativos, pese a que los representantes del 51% de los ciudadanos catalanes en el Parlament estaban en contra. Por último, el president Puigdemont esta semana no hubiera tenido que hacer una declaración (inexistente) de independencia que, además, suspendió en pocos minutos. Todo ello contraviniendo el ordenamiento jurídico constitucional. De nuevo, sin entrar a valorar la utilización de bienes y fondos públicos para la realización de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y el abandono por los Mossos de sus funciones el día 1 de octubre.
El Estado tiene razón en decir que la Generalitat hace tiempo que obvia e incumple el ordenamiento jurídico constitucional y la Generalitat tiene elementos para defender que el Gobierno del Estado ha obviado la naturaleza política del conflicto, agravándolo.
Sin embargo, la recomposición de la situación solo pasa por el diálogo. Un diálogo entre las dos partes, entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat, en primer término. Ahora bien, sin olvidar todo lo acontecido, pero con la convicción de que la sociedad necesita políticos y política constructivos, hay que lograr salir del aparente punto sin retorno en el que nos encontramos. Puede que debamos asumir que el Gobierno central se niegue a aceptar la mediación pública por un tercero: el conflicto es político, no violento, y España es un Estado democrático, plenamente integrado en las estructuras internacionales, que cuenta con los instrumentos institucionales y políticos para abordar un dialogo con la Generalitat. Y no, esto so significa doblegarse ante los secesionistas, ni aceptar que España ha sido humillada. También deberemos asumir los recelos del Gobierno del Estado frente a la “astucia” de la Generalitat y que hablar para construir llevará su tiempo, no será cosa de unas semanas o un mes.
En este diálogo el Estado tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de reintegrar a sus ciudadanos en un pacto común de convivencia, en una Constitución común. Estamos en un Estado moderno y, por tanto, lo que debemos tratar de preservar es nuestro pacto constitucional, más allá de la nación o la bandera de cada cual. El diálogo es necesario para lograr que nuestro pacto fundacional se mantenga y salga fortalecido. La Constitución de 1978 necesita de reformas, algunas profundas, para recuperar su función integradora. En lo relativo al modelo territorial puede contribuir un referéndum previo, legal y pactado, en Catalunya en que se ofrezca a los catalanes algo más que quedarse o irse. Debe ofrecerse también a los catalanes un nuevo marco de convivencia en la que Catalunya se sienta cómoda, y que comparta un proyecto con otras 16 CCAA. Como punto de partido de un nuevo marco territorial, debe reconocerse de forma expresa a todas ellas, por fin, su naturaleza de entes políticamente autónomos, reconociendo además las especialidades de algunas de ellas.
En definitiva, el diálogo debe ayudarnos a calmar los ánimos en el corto plazo; a hablar de cual es el pacto de convivencia en que todos podamos sentirnos integrados, en el medio plazo; y, como fin último de superación de la crisis constitucional en que estamos inmersos, a abordar la reforma constitucional previamente pactada entre todas las fuerzas políticas y sociales.
