Dicen que se está poniendo en peligro el Estado de Derecho

El PP ha copado la cúpula judicial. El nombramiento de los jueces Concha Espejel y Enrique López –recusados en la Gürtel por su vinculación al PP–, para dirigir dos salas fundamentales de la Audiencia Nacional, ha producido un escándalo considerable. Ambos, desde Penal y Apelaciones, tendrán a su cargo precisamente dilucidar los casos de corrupción del PP. Ha sido posible por los votos de los vocales adscritos al PP en el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Disculpen la repetición de las siglas PP en el texto, es que se repiten igual en nuestras Instituciones.

“Se cierra el círculo”, decían desolados desde Jueces para la Democracia. “Hay un asalto enorme del poder político para colocar jueces y fiscales afines en órganos decisivos que juzgan la corrupción”, escribe su portavoz Joaquim Bosch. Se pone en riesgo el Estado de Derecho, concluyen expertos independientes. Hasta los prudentes o tibios habituales se muestran estupefactos.

No hay mayor problema. El PP ha podido comprobar que sus escándalos se diluyen en poco tiempo y les compensa pasar unos días rebatiendo acusaciones, limitadas, con cara de cemento. El mecanismo es siempre el mismo. Las operaciones que se avistan terminan confirmándose –imprescindible la serie de artículos de Elisa Beni sobre justicia–. Se produce un alboroto, limitado, y el hecho consumado se queda. El tratamiento mediático ayuda mucho en la tarea. De los periódicos grandes –cada vez menos grandes– de tirada nacional solo El Mundo traía en portada este viernes el acceso a un puesto clave de la Audiencia de una jueza afín, muy afín, al PP. Pasen ustedes a las radios y televisiones y verán cuántas hablan de esto que nos afecta de forma concluyente. Igual el periodismo también está copado, colonizado.

Todo empezó mucho antes. Aquella mayoría absoluta del PP en 2011 desencadenó una contrarreforma judicial sin precedentes. Se ampliaron las funciones del Tribunal Constitucional para darle poder sancionador y fueron accediendo a cargos fundamentales profesionales de reconocida solvencia… en el PP. O, aunque en mucha menor medida, en el PSOE. Porque los relevos en el TC a repartir entre ambos partidos, excluyendo a los demás, se realizaron en este marzo, en el curioso tiempo de prórroga del que disfrutaba Rajoy como presidente del Gobierno.

A la cúpula fiscal, en constante entredicho, se la considera diseñada al servicio de los intereses del PP. El ministro de Justicia ha sido hasta recusado en el Congreso. Se les sorprende en inexactitudes, por no decir mentiras, reiteradas, Moix, fiscal jefe Anticorrupción, es un claro exponente, y no pasa nada. Ayuda, insisto, el tratamiento mediático. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego, se molestó en escribir un artículo laudatorio a “Moix, el buen fiscal vapuleado”.

Preguntémonos como haría el Derecho Romano, fuente de todo el Derecho, a quién beneficia este estado de cosas. Más aún, preguntémonos qué tipo de organización monta esta estructura judicial y la acompaña de las leyes y códigos “Mordaza” para castigar las protesta. Fueron calificados de antidemocráticos por el Consejo de Europa. De Ley Ominosa por el New York Times y no fue obstáculo alguno para promulgarlos y para que permanezcan. La justicia española es una de las más desprestigiada de Europa.

La separación de poderes es la esencia del Estado de Derecho. ¿Está en peligro en España?

Pasemos a la política. El socio de gobierno del PP, Ciudadanos, calla sustancialmente ante esta situación. El tiempo ha confirmado lo que desde el comienzo se apreciaba: su objetivo prioritario es el mantenimiento en el gobierno del PP, de la derecha incluso corrupta. Sean cuales sean sus declaraciones, los hechos lo confirman.

El caso del PSOE merece una disección ordenada. El Gobierno de Rajoy ha cerrado ese círculo judicial en la actual legislatura. El golpe de mano interno que apartó a Pedro Sánchez de la Secretaría General el 1 de octubre fue esencial para ello. Imprescindible. Las nuevas primarias han demostrado que se obró en contra de la militancia. Que realmente la militancia era partidaria del No a Rajoy. Igual que sus votantes que recibieron el mismo mensaje antes de acudir a las urnas. Ateniéndonos a los hechos, el objetivo prioritario del PSOE que quedó era evitar un gobierno progresista y por tanto apostar por la continuidad del PP. Siguiendo el hilo del razonamiento fue una decisión que cambió el rumbo previsto. Una decisión que afectó a toda la sociedad.

Es el colmo oír en tertulias o ver en la prensa que Pedro Sánchez está haciendo “tragar sapos” a los susanistas. Después de lo sucedido. Todavía habrá que ver si la guerra no trae nuevos episodios. El Intermedio, de la Sexta, elaboró un resumen de declaraciones antes y después de las primarias del domingo, demoledor.

Tenemos que atender a otros elementos esenciales. Es inaudito en democracia, intolerable, digan lo que digan los reglamentos que se fabricaron que un presidente o una presidenta no responda a una moción de censura presentada legítimamente. Es lo que va a hacer Rajoy y también Cifuentes, presidenta de Madrid, señalada por corrupción. Ciudadanos lo ve bien, el PSOE no se opone. El PP despliega esa prepotencia porque lo sabe.

Lo poco que permanece al margen de ese entendimiento tácito es el Parlamento. Algunos ayuntamientos también. Con Unidos Podemos entró un tipo de diputados y senadores al que los establecidos tratan como advenedizos. Por eso se niegan a responder personalmente a su moción Rajoy y Cifuentes. La endogamia es corta de miras, siquiera para ver al conjunto de la ciudadanía a la que las Cortes representan. La realidad española no admite esperas a una moción de censura a Rajoy y a cuantos le sustentan. Aunque venga mal al PSOE y sea comprensible en este momento.

El papel de la prensa afín es fundamental al objetivo, determinante. El silenciar o alterar noticias, el descomunal embudo con el que se aborda la información internacional por si influye en la política española. La protesta por la corrupción del presidente que echó a Dilma Russeff en Brasil y la represión con el ejército patrullando por las calles apenas se ha difundido o comentado.

La deuda pública, cebada como para un banquete de inversores y especuladores. Bruselas, sin levantar la vigilancia a otras desviaciones como ha hecho ya con Portugal. La desigualdad, disparada. Los recortes en lo esencial, inamovibles. Subvencionando con dinero público los errores de bancos, concesionarias de autopistas y operaciones como Castor. Y la justicia que escandaliza con sus nombramientos y deja voces grabadas de vergüenza, como la de un expresidente de Madrid hoy encarcelado y un exministro. Jueces que convienen o no convienen y hay que “poner a tomar por culo a Onteniente”, en la senda de lo que luego ocurre.

Y todavía es un “numerito” una moción de censura, o hay que esperar.

Con todo ello y mucho más, ¿se puede considerar que está en peligro el Estado de Derecho? Un riesgo es algo que se vislumbra y está por venir.

¿Ustedes qué opinan?