“Uno tiene la sensación de que se establece una competición por ver quién suministra más datos (a los políticos) y quién lo hace con mayor antelación. Hacer la pelota también vale” (La Justicia Sometida, Elisa Beni).
Por mucha repugnancia que me produzcan las grabaciones realizadas por Villarejo, no puedo evitar que me conforten sólo en el sentido de que la ciudadanía pueda comprobar con sus propios oídos algo que yo, que he escuchado mucho pero que nunca he tenido la indecencia del excomisario, he contado infinidad de veces sin poder poner sobre la mesa la prueba auditiva.
Me da asco lo de Villarejo pero no puedo evitar un “ya se lo dije...” porque aunque aquí se trate de un policía, no es menos cierto que en instancias judiciales también el tráfico de información y de datos para favorecer los intereses políticos de un partido ha estado siempre a la orden del día. Yo es que soy una antigua y creo en la honestidad. Lo tengo claro. He visto y oído cosas que denotan un intento de instrumentalización de la información sobre casos judiciales durante mucho tiempo. Así que permitan que hoy me autocite –es feo, pero necesario– en esta columna.
“En muchos casos, los presidentes de los tribunales se acaban prestando a suministrar esta información. De alguna manera, se justifican pensando que no afecta al contenido de las decisiones judiciales ni influyen en estas” –o les da igual–. “Obvian que están dando a una de las partes cierta ventaja no sólo política sino también procesal al manejar este tipo de datos. Tampoco aquí las indagaciones se hacen de forma directa con los magistrados que llevan el caso. Sondeos discretos. Bien mediante conversaciones informales, bien utilizando cuestiones más pragmáticas. Todo sirve. Por poner un ejemplo, los presidentes son responsables de la organización logística de los juicios, tomas de declaración complejas, etc. No es nada extraño que pregunten a los jueces por sus previsiones de plazos para tener prevista la infraestructura necesaria y, de paso, para no quedar mal con aquellos que algún día tendrán que votarlos. Lo mismo sucede, sin duda, a través de la jerarquía de la Fiscalía. Incluso puede darse el caso de que en este afán por quedar bien con el político que te respalda, uno tenga la sensación de que se establece una especie de competición por ver quién suministra más datos y quién lo hace con mayor antelación. Hacer la pelota también vale. Las vías para conseguirlo son diversas. Recuerdo el caso de un vocal de CGPJ” –Enrique López, les añado ahora– “que utilizaba a los jefes de Prensa para recabar de los jueces datos de este tipo” –sobre asuntos que interesaban al Partido Popular en general y a Esperanza Aguirre en particular–.
“Este afán por obtener información en algunos casos salta incluso los límites de lo puramente procesal para recalar en la esencia misma de las resoluciones. Conversaciones informales entre magistrados, entre magistrados y sus presidentes, entre magistrados y vocales permiten que los políticos tengan una idea muy clara de cuál es el pensamiento y la línea de los encargados de los asuntos que les interesan. Una vez que tienen datos, intentan arrimar el ascua a su sardina. Si los plazos no convienen, se inician las presiones para cambiarlos, o si el sentido de las resoluciones no parece que irá por el camino adecuado, comenzarán los movimientos, para intentar alterarlo”. Todo esto lo publiqué en 2015 en el libro La Justicia sometida, y no lo escribí a tentón. No lo escribí de referencia. No, lo escribí porque como periodista puedo dar testimonio. Ahora bien, yo nunca grabé nada a nadie. Ese es el único punto que le veo a la ignominiosa actuación de este sinvergüenza. Ese, y el chantaje que permite que los que siempre han negado la realidad no puedan seguir haciéndolo. ¿Para qué creen ustedes que los políticos se esfuerzan tanto en poder nombrar determinados cargos judiciales? ¿Por qué creen que, en sus años de rodillo, el Partido Popular cambió y modificó tantas normas y leyes y reglamentos para conseguir que toda esta estructura le fuera afín? ¿Tal vez porque además del sostenimiento del poder tenían detrás toda la mierda de la corrupción amenazando? Sí, por eso. No creo que tras los audios de Villarejo nadie me pueda discutir en serio ese extremo.
Así que ya ha quedado palmariamente claro que el PP utilizó todos los mecanismos a su alcance para intentar minimizar el coste judicial y político de la corrupción. Usó a policías corruptos y a magistrados y magistradas “amigos” de los que también hemos oído hablar en conversaciones telefónicas intervenidas legalmente –como la de Zaplana e Ignacio González– y de las que nunca hemos vuelto a saber nada. O sea, que la cosa ha quedado en que si González dijo que una “magistrada amiga” había soplado que tenían intervenidos los teléfonos en la operación Lezo, eso fue porque González es un mentiroso. ¿Se lo creen ahora? Pues la cosa acabó en archivo. Ustedes mismos.
Y esto enlaza con otro tema de actualidad: la aprobación ayer en el Parlamento de la vuelta del CGPJ a la composición colegiada anterior al ataque de ira de Gallardón. Porque eso fue lo que pasó. Cuando en el Consejo presidido por Dívar, Almenar y Robles comenzaron a pactar los cargos, como representantes de los sectores progresista y conservador, sin hacer caso a las “necesidades” del PP , montó en cólera y encargó un estudio a Lesmes, Díez–Picazo y otros con el que hacerse un CGPJ a su medida. Miren dónde han acabado los del estudio y miren cómo ha acabado la historia.
Que el poder político va a buscar todas las formas de expandirse y controlar a los llamados a controlarlos es una evidencia histórica. Que eso signifique que el poder judicial deba ser endogámico y autogobernarse sin rendir cuentas a nadie más que a los propios tribunales formados por sus pares, es otra cuestión difícil que ahora mismo también nos está mostrando su cara más problemática en el Tribunal Supremo. Todo es susceptible de empeorar y de no ser mejorado en su totalidad. De momento, nos quedamos con la recuperación del CGPJ demediado, que es un éxito sólo parcial pero un éxito.