Si algo nos quedó bien claro del discurso navideño del Rey es que versaba sobre la Constitución. Catorce veces mencionó el monarca la sacrosanta palabra, como si nos encontrásemos en uno de esos momentos críticos de nuestra democracia que exigen al jefe del Estado hacer una defensa pública del texto fundacional.
Como sucede habitualmente con las alocuciones reales, las palabras de Felipe VI darán pie a las más variadas interpretaciones de los exégetas palaciegos, que debatirán sobre su alcance y sobre los destinatarios de cada sílaba. Sin embargo, hubo una frase llamativa que no pareció dejar dudas sobre a quiénes iba dirigida: “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencias posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad”.
Siempre se nos ha dicho que todas las ideas y proyectos políticos tienen cabida en España mientras se desarrollen en el marco constitucional. Incluso lo recordó el rey en su discurso. Pero esta vez introdujo la exigencia del “respeto” a la Constitución. Es sabido que los partidos nacionalistas y separatistas catalanes y vascos son reacios a expresar lealtad a la Carta Magna, como lo demuestran una y otra vez sus diputados y senadores cuando toman posesión del cargo recurriendo a fórmulas retóricas como las del acatamiento por imperativo legal. Si el mensaje iba dirigido a esas formaciones, habrá que asumir que, por extensión, tenía también por destinatario a Pedro Sánchez, que ha tejido acuerdos con ellas para asegurar su investidura y, con suerte, la legislatura. Cuando el monarca afirmó que sin el respeto a la Constitución “no hay ley sino arbitrariedad”, ¿aludía a la ley de amnistía que se halla en trámite en el Congreso? De ser así, sería inaceptable que el jefe del Estado esté interfiriendo de esa manera en la normal actividad política del país. De no ser así, ¿cuál era el sentido de sus enigmáticas palabras? Los discursos reales suelen pasar para su supervisión y visto bueno por la Moncloa. Supongo que a los asesores monclovitas no se les habrá pasado por alto ese párrafo del discurso.
De cualquier modo, cabe preguntar si los riesgos para la Constitución y para la unidad de España provienen en estos momentos de los acuerdos políticos que sostienen al Gobierno progresista, como repite a diario la derecha, o si se encuentran en otro lado, precisamente en el de los que más alardean de respetar la Constitución. Días atrás, el líder de Vox, tercer partido en el Congreso, manifestó que el presidente del Gobierno podría acabar colgado de los pies por el pueblo. El viernes pasado, el portavoz del mismo partido en el Ayuntamiento del Madrid agredió a un concejal, sin que el presidente del Pleno suspendiera la sesión, limitándose tan solo a invitar al agresor a que se disculpara, cosa que no hizo. Poco antes, Vox había alentado protestas violentas con banderas preconstitucionales y saludos fascistas frente a la sede socialista en Madrid, sin que mereciera la menor condena por parte del PP. Por esos días, altos cargos populares justificaban el acoso de un delincuente contra un diputado socialista en un tren. Era importante que Felipe VI se pronunciara con rotundidad sobre unos hechos graves que constituyen hoy por hoy la principal amenaza para la convivencia de los españoles, pero lo que hizo fue un llamado genérico al “deber moral de todos” para evitar que se “instale el germen de la discordia”.
En una democracia asentada no se exige que se “respete” la Constitución –muchos españoles no respetan, por ejemplo, la restauración de la Monarquía en la suya–, sino, y no es poca cosa, que se obedezca y que se cumpla. Los acuerdos del PSOE con Junts y ERC incluyen el compromiso expreso de los partidos catalanes para, sin abandonar sus objetivos últimos, actuar dentro del marco constitucional, lo cual constituye sin duda un avance en unas formaciones que hace solo seis años habían declarado unilateralmente una secesión irresponsable e ilegal. Habrá que ver si la apuesta que ha hecho Pedro Sánchez al pactar con dichos partidos conduce o no a una cierta normalización política en Catalunya y en su relación con el Estado; la única certeza es que la vieja estrategia del PP de dejar que las cosas se pudran y reaccionar cuando sea necesario con la represión nunca traerá resultados positivos, como se demostró en los acontecimientos de 2017.
Mientras tanto, los que proclaman a voz en cuello su respeto por la Constitución son los que están vulnerando día a día su espíritu y su letra, propagando infamias, sembrando ira, atacando sedes políticas, negando la legitimidad del Gobierno, secuestrando durante cinco años el poder judicial, censurando a artistas, agudizando la desigualdad social mediante el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas y la concesión de regalos fiscales a los ricos, o desmontando avances legislativos favorables a las mujeres y a las minorías. Basta visitar las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan el PP y Vox para ver su idea de la unión de los españoles.
Felipe VI citó los problemas más acuciantes para los ciudadanos de a pie en el comienzo de su discurso –dificultades económicas, empleo, sanidad, calidad de la educación, vivienda para jóvenes, violencia contra la mujer…– pero lo hizo de pasada, sin profundizar en el hecho de que es en los ámbitos económico y social donde quizá se están produciendo las vulneraciones más flagrantes del pacto constitucional, para seguidamente afirmar que en esta ocasión quería referirse “a la Constitución y a España”. Y ya nada pudo detenerlo.