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Discutir la amnistía en un país de irresponsables

El presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán Huertas, primero y segunda por la izquierda.
3 de junio de 2025 21:52 h

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Cuando los magistrados del Tribunal Constitucional empiezan a debatir sobre un tema se basan en el borrador que presenta el magistrado designado ponente. Ese borrador es un documento interno, que carece de valor por sí mismo. Ningún borrador, jamás, se convierte en sentencia tal y como aparece redactado el primer día. Siempre sufre cambios más o menos trascendentes. En muchas ocasiones el borrador ni siquiera se parece a la decisión final.

Así que es una anomalía y un sinsentido que estos días sea noticia el supuesto primer borrador presentado por la ponente para empezar a discutir sobre la ley de amnistía. No sabemos si el texto que anda circulando por las redacciones de la mayoría de medios informativos es verdaderamente el que se ha repartido a los magistrados para que empiecen a reflexionar sobre el tema. Si así fuera, su filtración es un síntoma de la podredumbre que en los últimos años ensucia al máximo intérprete de nuestra Constitución. La lógica llevaría a pensar que el autor de la revelación es alguno o algunos de sus magistrados. Ninguna sorpresa: hace ya más de una década que la mayoría de las personas elegidas para integrar el supremo órgano jurisdiccional de nuestra arquitectura democrática está lejos de tener la altura ética e intelectual requerida para tal responsabilidad.

En todo caso, el texto –aunque ni de lejos sea definitivo– está estos días abriendo portadas de periódicos e informativos. Más allá, en la opinión pública se ha abierto un encendido debate sobre su contenido. No es de descartar que ese fuera precisamente el objetivo de la filtración: intentar provocar una reacción adversa para influir en las discusiones del tribunal.

Desde el punto de vista técnico-jurídico sería un atrevimiento rayano con la desvergüenza comentar los supuestos contenidos de un supuesto primer borrador de sentencia. Sin embargo, al hilo de ese texto apócrifo se están vertiendo en el debate público una serie de opiniones acerca de la Constitución que a menudo carecen del mínimo rigor científico. En el mundo de las redes sociales, las afirmaciones de cualquier tarado con miles de seguidores o suficiente desparpajo tienen más validez que las de los especialistas que han dedicado su vida a estudiar un tema. Esta semana todos los cuñados de España son expertos en derecho constitucional. Y muchos de los disparates que inventan para la ocasión, desgraciadamente, corren el riesgo de laminar nuestro sistema democrático.

Algunas de las ideas más repetidas estos días intentan rebatir la afirmación de que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Los opinólogos más sofisticados equiparan esa idea a la “dictadura del Parlamento”. Sin embargo, para el derecho constitucional y la Ciencia Política no es ninguna novedad. Los ámbitos sobre los que puede pronunciarse el legislador no pueden estar tasados. No hace falta que la Constitución recoja la posibilidad de aprobar una reforma agraria o regular la inteligencia artificial para que las Cortes puedan dictar leyes sobre estos temas. Evidentemente, no cabe aprobar una ley sobre las materias que la Constitución atribuye a los poderes ejecutivo o judicial, igual que el Parlamento estatal no puede legislar sobre cuestiones constitucionalmente atribuidas a las comunidades autónomas. Pero fuera de los casos en los que la Constitución reserva una materia a otro poder o prohíbe determinadas soluciones, el Congreso puede legislar sobre aquello que considere necesario sin necesidad de una habilitación específica.

Así, resulta obvio que si no hay ninguna prohibición expresa de dictar amnistía, el mero hecho de que la Constitución guarde silencio sobre esta posibilidad no puede usarse para negar la posibilidad de la amnistía. Los cuñados más lenguaraces, como el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, deducen de esto que sería constitucional aprobar la esclavitud, la ablación genital o la pederastia.

Decir chorradas es gratis y en los tiempos que vivimos, si cuadran con tus ideas, cualquiera está dispuesto a tomarlas por la verdad absoluta. Sin embargo, basta una lectura rápida a nuestro texto constitucional para descubrir que todos estos ejemplos sí son contrarios a normas constitucionales. El artículo 17 establece que nadie puede ser privado de su libertad, lo que suena a una prohibición directa y explícita de la esclavitud. El artículo 15 recoge el derecho a la integridad física, que no solo impide tratos degradantes y crueles sino que vuelve inconstitucional cualquier amputación sin consentimiento válido, como la ablación. Por su parte, el artículo 39 establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales a la vez que el artículo 10 recoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que una despenalización absoluta de la pederastia resulta claramente inconstitucional.

El problema de estos argumentos absurdos es que el esfuerzo intelectual que requiere desmentirlos científicamente es mucho mayor que la facilidad con la que cualquier indocumentado los repite sin ningún tipo de base o argumentación. No se trata de que todo el mundo tenga que apoyar la ley de amnistía, sino de que quien la rechace debe argumentarlo de manera razonada. Es lícito estar en contra de la amnistía a los líderes del procés. Incluso es perfectamente legítimo y razonable argumentar jurídicamente que la ley de amnistía no contribuye al bien común. Creo que sería un argumento equivocado, porque en mi opinión es un medio adecuado para recuperar la concordia cívica en Cataluña, pero también sería un argumento técnicamente fundado que asumiría los principios básicos de nuestro sistema constitucional. Lo que no es de recibo en una sociedad democráticamente avanzada es poner en duda a cada momento las bases mismas de la convivencia si eso conviene para hacer daño al oponente político.

En fin, no sabemos aún como va a razonar el Tribunal Constitucional la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Entre tanto, todas esas idioteces que se difunden y ponen en tela de juicio la coherencia de nuestra democracia solo tienen un objetivo: crear confusión e impedir el regular funcionamiento de las instituciones en un intento desesperado de echar al gobierno salido de las últimas elecciones. Si algún magistrado del Tribunal Constitucional está jugando a manipular la opinión pública para impedir que se discuta con normalidad sobre esta ley, está traicionando a su país y a su institución. Hace ya demasiado tiempo que la gentuza dispuesta a cargarse todo el sistema para regalar cualquier mínima victoria a los suyos llega hasta los puestos más relevantes. Somos, hoy por hoy, un país de irresponsables.

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