Echa el freno, Marlaska

“El ministro de Policía es un hombre que se ocupa, primero, de todas las cosas que le incumben y

en segundo lugar, de todas las que no le incumben“

Monsieur de Talleyrand

Todo el proceso de respuesta de un estado democrático a cualquier amenaza generalizada y grave para la población -terrorismo, catástrofes, pandemias- pasa desde el punto de vista del Estado de Derecho por la adecuada ponderación del binomio eficacia-derechos. Esta es exigible en todas las democracias y para todos los gobiernos. La tentación de incrementar esa eficacia estableciendo nuevas normas que se alejen de esos principios siempre está ahí y una ciudadanía en estado de shock es el campo abonado para implantarlas. Por eso cuando se detectan comportamientos en la linde del precipicio es preciso señalarlos y denunciarlos y eso es lo que está empezando a suceder con competencias derivadas del ministerio del Interior que comanda el juez en excedencia Grande-Marlaska. A Marlaska o se le está acelerando el pulso o se le están acelerando los subordinados y eso es algo aún menos tolerable en un gobierno progresista con vocación inalterable de respetar los derechos y libertades de los ciudadanos.

El deslizamiento peligroso del negociado de Marlaska se sustenta en tres signos fundamentales: la advertencia y aplicación por parte de la Policía, de forma oficial, de la comisión de posibles delitos de odio en casos y circunstancias en las que es imposible que estos se produzcan; las razias anunciadas en las redes con premisas tan peligrosas como la búsqueda prospectiva de ·“discursos peligrosos” y la subversión de la legislación vigente respecto al confinamiento por parte de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que están inventándose la legislación que a ellos les gustaría más allá del BOE. Las tres cosas suponen un riesgo democrático inaceptable y al que se le debe poner coto desde el Gobierno. Si a Marlaska, a fin de cuentas un juez con una visión muy conservadora del derecho, tanto como para aglutinar el mayor porcentaje de condenas de Estrasburgo por violación de derechos humanos por no investigar casos de tortura, se le escapa, entonces será preciso que otros juristas más finos y más garantistas dentro del Gobierno le hagan reflexionar. No vaya a ser que al entrar al palacete de Castellana todos se vuelvan un Fouché en potencia.

Todos hemos oído a la responsable de la Policía advertir de la investigación como presuntos autores de delitos de odio a aquellos que muestren signos de rechazo a los sanitarios. Hemos advertido ya, desde que Rajoy gobernaba, que el delito de odio está reflejados en el Código Penal en lo relativo a unos grupos amenazados y tasados -es decir, esos y ningún otro- y para comportamientos que efectivamente los puedan poner en riesgo. Hemos repetido hasta la saciedad que ser un cabrón no es ser un delincuente y que el odio es una emoción humana que sólo en esos casos concretos es delito. Es delito lanzar mensajes incendiarios contra colectivos vulnerables (gitanos, homosexuales, inmigrantes, menas) Lo dijimos con Rajoy y lo repetimos ahora. Un ministro que es un juez no puede dejar que se produzca esta perversión y se anuncie públicamente en una rueda de prensa oficial la aplicación anómala de un tipo penal para conseguir efectos represivos.

O puede ser que a Marlaska le pase como al juez de Torrevieja, que ha dictado un auto extravagante y erróneo que será sin duda corregido en la Audiencia. Ahí todo empezó con una actuación de la Guardia Civil que es muy cuestionable -tanto esfuerzo y tiempo para localizarlo y detenerlo motu proprio en su propia casa- y le acusaron de uno de esos famosos delitos de odio. Una acusación que es un disparate. ¿Cuál es el grupo vulnerable, los vecinos de Torrevieja? ¿Y el motivo racista, xenófobo o ideológico? ¿Qué actos violentos promueve? ¿Acudir al Mercadona? El tipo de Torrevieja es un imbécil, pero que el juez de Instrucción le haya puesto una medida de destierro y le haya retirado el pasaporte es de aurora boreal y que la Fiscalía respalde esto, pues también.

La segunda cuestión es la de salir prospectivamente a buscar “mentiras” con fines policiales o, aún más, “discursos peligrosos”. Estas nuevas operaciones en vez de Araña se llamarán Coronavirus pero tendrán el mismo espíritu y los mismos resultados. Los abusos que hemos criticado con los gobiernos peperos son igual de abusos si los respalda un gobierno progresista. “Hay elementos que vemos a diario y que, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública”, han dicho desde Interior. Pues una putada, señores, pero no es un asunto policial. La verdad no puede establecerla un ministerio. Ya lo siento. Hablen con Orwell.

Por último está la constatación del abuso que se está haciendo intentando considerar como delictivas las rupturas del confinamiento que sólo pueden constituir infracciones administrativas. Aunque se reincida. Que todos sabemos que si te multan tres veces en el mismo semáforo no has cometido un delito, por mucho que estuvieras advertido. Cosa distinta es que se produzca resistencia a la autoridad pero si no, sanciones y ya está. Mas preocupante es el hecho de que las policías hayan decidido ir más allá de la ley, reescribirla o directamente inventársela. Eso no puede ser consentido desde Interior. Tampoco la población debe aplaudirlo. El decreto de alarma habla claramente de “vías y espacio de uso público” y eso es un concepto legal asentado, del derecho administrativo. Ni las terrazas, ni las azoteas, ni las escaleras de los edificios entran en ese concepto legal que es el aprobado por el Gobierno y refrendado por las Cortes. ¿Qué hacen las policías de Marlaska legislando por su cuenta? El decreto de alarma habla de comprar alimentación ¿quién es un policía para determinar qué alimentos son los que se pueden comprar y los que no?

Permanezcamos vigilantes. Todo esto en sí ya supone un retroceso enorme del Estado de Derecho. Su jefe, el ministro Marlaska, no puede consentir ni menos alentar esta situación. Son más graves, en términos democráticos, algunas de las actitudes represivas que estamos viendo que la ruptura anecdótica del confinamiento por parte de menos de un 10% de la población. Y mientras, Fernando, los detenidos siguen en los calabozos sin ningún tipo de medida, ni siquiera de distancia social, y además mientras que los operadores jurídicos se posicionan en las salas, dejan a los detenidos en calabozos para que entren por un móvil, estigmatizándolos como si fueran más sospechosos de contagio que jueces o fiscales o abogados, y sin poder comunicarse con sus abogados en plenitud. Eso que está pasando en Madrid y denuncian los abogados del turno de oficio sí sería una tarea en la que ocuparse.

Hemos de salir de esta, pero no hemos de salir en Matrix. Un gobierno progresista no puede mimetizarse en la represión con aquellos a los que tanto hemos criticado.